Pedro Benítez (ALN).- El proceso electoral más importante que ocurrirá en América Latina este 2021 se dará en México. El país más poblado de habla hispana y la segunda economía más grande de la región. En las elecciones federales de medio término que se efectuarán en junio se jugará el destino del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Contando aún con el respaldo mayoritario de la población y enfrentado a unos partidos políticos opositores lastrados por el desprestigio de las administraciones anteriores, el presidente mexicano va con ventaja. En contra tiene sus fracasos ante la persistente violencia del narcotráfico y el mediocre desempeño económico desde que llegó al poder.
En México está por verse si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) puede ser el gran elector de la política de ese país como lo fueron en su día Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y Hugo Chávez en Venezuela.
El próximo 6 de junio en ese país se realizarán las elecciones federales de mitad de sexenio para renovar los 500 miembros de la Cámara de Diputados, así como las autoridades y representantes de 15 gobiernos estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.
Esas serán las elecciones más importantes que ocurrirán en América Latina durante 2021 y serán cruciales en el intento de AMLO y su coalición de izquierda por establecer una nueva hegemonía política en México, el país de habla hispana más poblado del mundo y la segunda economía más grande de la región.
López Obrador lleva ventaja pues aún cuenta con una alta popularidad, 57% en diciembre pasado, aunque lejos del 79% con que arrancó su gobierno hace dos años. En las elecciones de julio de ese año, donde fue electo presidente, su Movimiento de Renovación Nacional (Morena) se convirtió en el partido más votado del país, obteniendo la mayoría en las dos Cámaras del Congreso mexicano.
Sin embargo, según los estudios de opinión pública, la popularidad del presidente es muy superior a la de su movimiento. De modo que la cuestión que está por verse en junio es si AMLO puede traspasar sus votos a los candidatos de Morena en los estados y municipios que en su mayoría son controlados por políticos opositores.
La popularidad de López Obrador sigue siendo de lejos muy superior a la de cualquier otro político mexicano, pese al casi nulo crecimiento de la economía desde que llegó a la presidencia y a su fracaso en contener la persistente violencia criminal del narcotráfico. Esta paradoja solo se explica por la debilidad de los dos principales partidos opositores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), lastrados por el desprestigio de las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Todavía AMLO sigue capitalizando el voto castigo que lo llevó al poder.
Aprovechando este momento político y con sus votos en el Congreso los partidarios de López Obrador han ido pasando un conjunto de leyes que incrementan el poder presidencial. Hasta ahora en eso ha consistido el proyecto político de AMLO que él mismo ha bautizado como la Cuarta Transformación.
El terreno preferido de López Obrador
En un intento por detener ese avance electoral e institucional el PRI y el PAN han acordado, junto al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), una inédita alianza electoral en al menos 11 estados y 177 distritos para hacerle frente al enemigo común de cara a las elecciones de junio.
Es una coalición polémica entre dos partidos que siempre fueron enemigos. El PAN, fundado en 1939, creció denunciando la corrupción y los fraudes electorales de los gobiernos del PRI. Por décadas fue la única oposición tolerada en un sistema político en el cual el PRI se impuso, por las buenas o por las malas, en todas las elecciones presidenciales efectuadas entre 1929 y 1994, y en todas las de gobernadores de estado hasta 1989.
Fue el candidato presidencial del PAN Vicente Fox quien rompió ese monopolio con su histórica victoria electoral del año 2000; pero los gobiernos de los presidentes de este partido terminan por decepcionar a la mayoría de los mexicanos. El PRI que retornó al poder en 2012 de la mano de Peña Nieto lo hizo con los mismos vicios y mañas del pasado.
Ese fue el escenario que le permitió a López Obrador ganar arrolladoramente en su tercer intento las elecciones presidenciales de 2018. De modo que esta alianza del bipartidismo tradicional le cae como anillo al dedo a su discurso, donde mete a todos sus adversarios, a quienes ha bautizado como la “mafia del PRIAN”, en el mismo saco.
“Son el pasado neoliberal”, repite una y otra vez en sus prédicas matutinas. “Son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista. Se unieron (…) para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una crisis política, económica, de pérdida de valores”, ha dicho hace pocas semanas en Baja California, pese a que él mismo, así como varios de sus colaboradores y connotados dirigentes de Morena, provienen del viejo PRI.
Con estas últimas palabras se ha metido de lleno en la disputa electoral, violando lo que contempla la legislación mexicana.
Desde las instituciones pareciera que sólo el Instituto Nacional Electoral (INE) intenta ponerle freno al presidente. En diciembre el INE lo exhortó pública y oficialmente “a no poner en riesgo la legalidad” y a conducirse “con imparcialidad” en el venidero proceso electoral.
Pero AMLO no tardó en quejarse, argumentando que “sería injusto quitarme mi libertad de responder (…) cuando se va en contra del proyecto que represento”.
Este intercambio entre el presidente y la autoridad electoral es un adelanto de lo que se viene.
El electoral es el terreno preferido de López Obrador y será muy difícil que se aleje de allí. Por lo pronto usa las ventajas que le da el poder para hacer lo mismo que en el pasado le criticó a otros presidentes mexicanos. Porque en la práctica su proyecto viene demostrando ser eso, más de lo mismo.
