Daniel Gómez (ALN).- El presidente electo de México quiere someter a una consulta popular la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Ya admitió que, si se suspende la obra, el costo sería muy alto. Esto entraría en conflicto con los planes de austeridad planteados por el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador.
Parece peor el remedio que la enfermedad. Cancelar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México costaría 5.300 millones de dólares. 3.102 millones de dólares se perderían en proyectos ya ejecutados y los 2.118 millones restantes en gastos no recuperables.
No son cálculos de Carlos Slim ni de ningún otro empresario vinculado al proyecto. Son del equipo técnico de Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión como presidente de México el próximo 1 de diciembre. Los expuso el pasado viernes, cuando anunciaron que someterán la construcción del aeropuerto a consulta popular.
López Obrador usó el nuevo aeropuerto como arma electoral. Dijo que era “un nido de corrupción”, que se ejecutaba sobre un terreno inadecuado, que la infraestructura era “excesiva, cara y lujosa”. Por si fuera poco, escribió una historieta en la que detallaba sus quejas. Un aeropuerto que no debe aterrizar, la tituló.
Slim está convencido de que el nuevo aeropuerto será “un detonador” económico para Ciudad de México
Las críticas al aeropuerto provocaron que Slim, el empresario más poderoso de México, se revelara como líder nacional. En una de sus escasas pero medidas intervenciones públicas, defendió la construcción de la terminal. Más que por una cuestión de dinero, por una cuestión de futuro. Está convencido de que el nuevo aeropuerto será “un detonador” económico para Ciudad de México.
La intervención de Slim provocó un efecto llamada y multinacionales financieras como Moody’s y Barclays salieron a decir lo “imprudente” que sería cancelar la construcción del nuevo aeropuerto.
Entonces a López Obrador no le quedó otra que rectificar. Suavizó la posición respecto al aeropuerto y comenzó a plantear tres opciones si era elegido presidente: continuar con las obras tal como están, que el sector privado asuma los costos del proyecto o que se ejecute su plan alternativo: reformar el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México y complementarlo con la terminal militar de Santa Lucía.
Esta propuesta alterna, defendida por López Obrador como la “más austera”, cuenta con algunas complicaciones. Desde un punto de vista técnico, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) explica que el aeropuerto Benito Juárez y el de Santa Lucía no podrían coexistir por la interferencia del espacio aéreo entre uno y otro.
“Resultaría en la creación de un sistema de espacio aéreo severamente congestionado y complicado que probablemente incrementaría las ya importantes demoras del tráfico aéreo y problemas operativos, que impedirían satisfacer la demanda futura de aviación en el área metropolitana de la Ciudad de México”, según el MIT.
Por otro lado, Slim advirtió que el plan alternativo no sería viable desde un punto de vista práctico. Aseguró que los desplazamientos entre la terminal de Santa Lucía y el centro de la ciudad tardarían demasiado. “Vamos a tener a los turistas perdiendo al menos una hora o más de su tiempo”, dijo.
La consulta pública
López Obrador, quien arrasó en las elecciones presidenciales, habló de sus planes para el nuevo aeropuerto el viernes. “Al final de octubre aplicamos una consulta y van a ser todos los ciudadanos los que van a decidir… y ese resultado es el que se va a tomar en cuenta, es decir, va a ser una consulta vinculatoria”, declaró en una rueda de prensa reseñada por la agencia AFP.
En una intervención posterior de la que informa EFE, Javier Jiménez, designado por López Obrador como ministro de Comunicaciones y Transportes, admitió que el costo de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto ascendería a unos 5.300 millones de dólares. Un elevado monto que entra en conflicto con los planes de austeridad del futuro Gobierno.
“La cancelación implicaría negociaciones con acreedores y contratistas y costos que tendrían un impacto considerable en el presupuesto federal de 2019 por la aceleración en el pago de los compromisos financieros”, apuntó Jiménez, quien agregó que paralizar las obras generaría “un posible impacto negativo en los mercados financieros”.
Por otro lado, señaló que el costo de continuar con el nuevo aeropuerto sería de 15.740 millones de dólares. 2.740 millones más que lo calculado por la Administración actual, que presupuestó la obra en 13.000 millones de dólares. No indicó, sin embargo, cuánto costarían los proyectos alternativos que barajan.
Jiménez también detalló que, de mantenerse la obra, revisarían los contratos para que todo transcurra según la ley. También buscarían fórmulas para abaratar el proyecto y conseguir un aeropuerto lo más austero posible.
Jiménez: “Vamos a revisar todo el proyecto para quitarle oropeles, boato, lujos…”
“Vamos a revisar todo el proyecto para quitarle oropeles, boato, lujos, etc. Ya oyeron que cuando se planteó esto, el propio ingeniero Carlos Slim mencionó que si se realizaban algunos cambios se podrían tener ahorros de alrededor de 1.000 millones de dólares. Otra gente señaló que se podrían tener ahorros de hasta 2.000 millones”, mencionó al diario mexicano La Razón.
La consulta está fechada por López Obrador para la última semana de octubre. Esto ha generado críticas del propio Instituto Nacional Electoral (INE) ya que el presidente toma posesión el 1 de diciembre. Por tanto, su Administración no entrará a operar hasta ese día.
Consejeros del INE como Ciro Murayama, Claudia Zavala y Marco Baños dicen al diario mexicanoExcelsior que la consulta en octubre es “inviable” y que requeriría una reforma constitucional para hacerla.
El Artículo 35 de la Constitución mexicana establece que las consultas populares deben convocarse por “el Congreso de la Unión a petición del presidente de la República por el equivalente a 33% de los integrantes de las Cámaras de Diputados o Senadores, o bien impulsadas por 2% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal”.
La consulta supone un problema añadido. El precio. Los consejeros dicen que movilizar a los electores para decidir sobre el nuevo aeropuerto podría costar unos 98 millones de dólares.
El equipo de López Obrador no se ha pronunciado sobre esta polémica. Sí se comprometió a dar más charlas respecto al nuevo aeropuerto para que la gente no vote a ciegas.
