Pedro Benítez (ALN).- Juan Guaidó y los dirigentes de la Asamblea Nacional (AN) esperan un resultado concreto de la mesa de negociación de Barbados, que no es otro que el de fijar la fecha de una nueva elección presidencial. Lucen dispuestos a correr el riesgo que personalmente les acarree el fracaso de este proceso en medio de un razonable escepticismo*.
Un dirigente político cercano a Juan Guaidó resumió así su expectativa sobre las negociaciones en curso en Barbados que promueve el gobierno de Noruega: “Si fracasa este nuevo intento vendrá más represión contra nosotros. Será una razzia. Pero la gente de Maduro sabe que no puede hacernos daño sin hacerse daño a ellos mismos”.
¿El problema para Maduro? La reacción que dentro del grupo civil y militar que le apoya puede haber como consecuencia de que la presión internacional se incremente de seguir con su actual estrategia represiva. La fractura interna de su coalición, los potenciales disidentes, la conspiración dentro de su propio régimen si no consigue un acuerdo estabilizador, es a lo que realmente teme. Esto en la AN lo saben.
Probablemente eso refleje con bastante exactitud el actual estado de ánimo, y la opinión, del bloque duro de diputados y dirigentes políticos que desde la Asamblea Nacional (AN) apoyan a Guaidó con respeto al curso de esa negociación. En su mayoría pertenecen al conocido G/4, el grupo de cuatro partidos conformados por Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP) que constituyen la mayoría en la AN y que junto con otras organizaciones con menos representación como La Causa R, han sido el respaldo parlamentario de Guaidó y han cargado, de paso, con el peso de la persecución por parte del régimen madurista.
Dados los antecedentes previos es lógico que entre ellos predomine un razonable escepticismo. Nicolás Maduro y su grupo han usado en el pasado cada intento de diálogo o negociación para alimentar las divisiones en el campo opositor e incrementar la dosis de represión.
Un “resultado” del anterior proceso fue el exilio forzado de Julio Borges, coordinador nacional de PJ, presidente de la AN en 2017 y uno de los principales negociadores en la República Dominicana a fines de ese año e inicios de 2018.
De hecho, luego de esos “diálogos” Maduro subió un escalón más en su política represiva al comenzar a perseguir a diputados principales de la Asamblea como Borges (ya lo había hecho con el diputado suplente de VP Gilbert Caro en enero de 2017 con la excusa baladí de que no estaba incorporado al Parlamento).
Esto sin que en ningún momento cesara la persecución contra la disidencia política en general, convirtiendo las instalaciones de las dos policías políticas (DGCIM y Sebin) y de otros centros penitenciarios del país en auténticas puertas giratorias de donde han salido tantos presos políticos como los que han entrado.
Una de las víctimas de ese macabro proceso fue el concejal y abogado Fernando Albán, a quien le hicieron pagar su cercanía política y personal con Borges deteniéndolo arbitrariamente para luego aparecer “suicidado” desde las instalaciones del Sebin en octubre de 2018.
En esta ocasión no ha sido distinto; se cuentan en más de 20 los diputados que hoy están asilados en embajadas o que han tenido que huir del país, además de uno (Juan Requesens) que sigue detenido sin fórmula de juicio.
Se podrá argumentar que esto fue consecuencia de la fallida “intentona” del pasado 30 de abril. Pero lo cierto es que el régimen de Maduro no ha necesitado mayores excusas para perseguir, detener y reprimir opositores.
Su tendencia a la represión generalizada, tanto de dirigentes políticos como de la población en general, ha crecido a medida que ha perdido respaldo popular. Si no ha tomado acciones más drásticas contra la AN, y contra Juan Guaidó en particular, es por la presión internacional.
Por lo visto la amenaza de más sanciones internacionales, concretamente las europeas, ha sido un incentivo suficiente para mantener a los representantes de Maduro en la mesa de negociaciones promovida por Noruega, pero no para liberar presos políticos o desistir de la persecución de diputados y dirigentes opositores.
De hecho, él cree que esta es hoy su principal arma de presión, mantener a la AN con una pistola de la sien. Esto en la oposición lo saben. Y saben, además, lo que les espera si este nuevo esfuerzo de negociación fracasa.
El secretario general del histórico AD y expresidente de la AN Henry Ramos Allup lo manifestó así: “Después de Guaidó la fosa común”. Maduro desea precisamente eso, enterrar el liderazgo de Guaidó y con él, a la oposición congregada en la actual AN.
También hay otros grupos marginales en el campo opositor que apuestan a lo mismo. Unos detrás de la exdiputada María Corina Machado, dura crítica de cualquier intento de negociación entre chavismo y oposición, y en el otro extremo aquellos que aspiran a ser la nueva oposición, criticando a la actual AN por su radicalismo en espera de postular candidatos a la elección que convoque Maduro para llenar el vacío de los partidos del G/4 que hoy están inhabilitados de participar. En este grupo se cuentan el exalcalde de Caracas y excandidato presidencial Claudio Fermín y el diputado Timoteo Zambrano, los dos con partidos registrados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En medio de las críticas y disparos cruzados la oposición mayoritaria cumple con el proceso auspiciado por el gobierno de Noruega, persuadida de que es una instancia que hay que agotar de cara a la comunidad internacional y que, después de todo, Maduro también puede caer en la fosa común de la crisis venezolana.
Lo revelador es que Maduro y Diosdado Cabello no hostigan a ninguno de estos grupos. Las razones son obvias: no son una amenaza para ellos y hoy les ayudan a dividir a los opositores. Una cuenta muy sencilla.
Los dos sectores aspiran a lo mismo: reemplazar a la actual oposición que encabeza Juan Guaidó. ¿Los obstáculos en ese propósito? El mayoritario respaldo popular con que todavía cuenta el presidente de la AN entre los venezolanos según indican los más recientes estudios de opinión pública, y el apoyo de la mayoría de las democracias del mundo que lo reconocen como el presidente interino de Venezuela.
¿El problema para Maduro? La reacción que dentro del grupo civil y militar que le apoya puede haber como consecuencia de que la presión internacional se incremente de seguir con su actual estrategia represiva. La fractura interna de su coalición, los potenciales disidentes, la conspiración dentro de su propio régimen si no consigue un acuerdo estabilizador, es a lo que realmente teme. Esto en la AN lo saben.
Por lo pronto, Maduro sigue insistiendo (al menos públicamente) en la elección de una nueva Asamblea, algo que no conduce a ninguna parte. Mientras, los dirigentes opositores encabezados por Guaidó esperan un resultado concreto de la mesa de negociación de Barbados, que no es otro que el de fijar la fecha de una nueva elección presidencial. Lucen dispuestos a correr el riesgo que personalmente les acarree el que finalmente no haya acuerdo, pero no pueden seguir la táctica del oficialismo de estirar las conversaciones indefinidamente.
En medio de las críticas y disparos cruzados la oposición mayoritaria cumple con el proceso auspiciado por el gobierno de Noruega, persuadida de que es una instancia que hay que agotar de cara a la comunidad internacional y que, después de todo, Maduro también puede caer en la fosa común de la crisis venezolana.
*»¿Qué espera la oposición venezolana de la negociación en Barbados?» era el título original de esta noticia, publicada hace una semana.