Leticia Núñez (ALN).- El presidente de Nicaragua no perdona. No se le olvida que los empresarios le pidieron que adelantara las elecciones. También lo hizo la Iglesia. Son dos de los adversarios más críticos con el régimen, cuya represión ha dejado más de 440 muertos. De ahí el castigo. Al sector privado le reduce las exenciones de impuestos. A la Iglesia Católica le quita fondos. Lo hace cuando el diálogo está roto. Cuando las protestas decaen. “Se ha convertido en un dictador duro que está llevando al pueblo a la ruina”, dice un experto consultado por ALnavío.
Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. La sed rencorosa no desaparece. Es difícil de resarcir. Que se lo digan aDaniel Ortega. El presidente de Nicaragua ha vuelto a dar ejemplo de su cara más vengativa. En plena crisis, tras más de 440 muertos y miles de heridos en apenas tres meses, aprobó un recorte de 235 millones de dólares al Presupuesto General de la República. ¿Se imaginan quiénes serán los más afectados? Sí, lo han adivinado: los sectores más críticos con el régimen.
El Gobierno nicaragüense ordenó castigar directamente a las iglesias que auxiliaron a los manifestantes en las protestas que han tenido lugar en todo el país. Desde Masaya a León, pasando por Carazo y Managua, la capital. En algunos casos les quitaron todo el presupuesto. Recibirán cero dólares. La Iglesia Católica ha sido el más duro adversario de Ortega. Se convirtió en la voz de quienes protestan contra la represión, denunciaron amenazas de muerte por parte del régimen orteguista e hicieron de mediadores en el diálogo con el Gobierno pero terminaron retirándose por falta de consenso.
Ahora, con el diálogo trancado desde hace más de un mes y medio y la intensidad de las protestas cayendo, Ortega se aferra al poder. Vuelve a dar una muestra de fuerza.
Los empresarios tampoco salen bien parados: Ortega les reducirá las exoneraciones y exenciones de impuestos que reciben desde hace 50 años. El mandatario les pasa factura. Golpea a un sector privado que reclamó elecciones anticipadas. Incluso el empresario más influyente de Nicaragua, Carlos Pellas Chamorro, aseguró que “el modelo que traía el país se agotó”. Las palabras no gustaron nada a Ortega y ahora tienen su réplica.
Daniel Ortega golpea al sector privado, que reclamó elecciones anticipadas
“Es una venganza y una advertencia. Daniel Ortega se ha convertido en un dictador duro que está llevando a su pueblo a la ruina”, asegura Alfredo Rodríguez, director del Máster en Políticas Públicas de Seguridad en la Universidad Camilo José Cela(Madrid), en declaraciones al diario ALnavío.
Rodríguez insiste en el término dictador. “Con eso se resume todo”, enfatiza. Y agrega: “Toda persona autoritaria es rencorosa y o le rindes pleitesía o recibes el castigo”.
Ahí está el castigo contra la Iglesia Católica. En el caso de la Arquidiócesis de Managua, cuyo obispo auxiliar es Silvio José Báez, uno de los más críticos con Ortega, recibirá 800.000 córdobas (25.134 dólares), la mitad de lo que le habían asignado para 2018, tal como detalla el documento oficial recogido por el periódico La Prensa (Ver más: El obispo tuitero que enfrenta los abusos de Daniel Ortega).
La parroquia Santiago Apóstol, en Jinotepe, fue escenario el pasado 9 de julio de ataques de las turbas sandinistas contra los manifestantes. Destruyeron la iglesia por haber albergado a quienes huían de la violencia de turbas, paramilitares leales a Ortega y policías. A esa parroquia, el Gobierno le había aprobado un presupuesto de 200.000 córdobas, de los cuales ya le habían transferido 75.000. Ahora le quitan el resto.
Luego están los que no recibirán nada. Es el caso de la iglesia San José en Diriamba, a la que se habían asignado 250.000 córdobas, la misma cantidad que a La Purísima Concepción. Sin 100.000 córdobas se queda la parroquia de San Juan Bautistaen Jinotepe, mientras que a la de San Juan Bautista en Masaya y San Pedro Apóstol en León les quitan 50.000 córdobas.
“Es una agresión más contra la Iglesia Católica, que lo único que hace es ponerse al lado de la justicia”, dijo Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya. Por su parte, monseñor Miguel Mántica dijo que los recursos que el Estado asigna a la Iglesia son para acciones sociales. “Con nuestra labor social también apoyamos al Estado, poniendo a su disposición instalaciones y recursos humanos. La ayuda que viene del Gobierno no es para la Iglesia, sino para cumplir con esta labor social”, explicó a los medios de comunicación.
“Atacar a las empresas es una pésima idea”
En el caso del sector privado, Ortega opta por reducir las exenciones de impuestos para recuperar ingresos. En los tres meses de protestas, la crisis ha llevado al cierre de 8.708 empresas y 119.567 trabajadores se han quedado sin empleo, tal como reconoció el legislador Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión económica y uno de los funcionarios más cercanos al matrimonioOrtega-Murillo.
Salud perderá 26,6 millones de dólares, mientras que los ingresos de Educación mermarán en 19,7 millones
“No es creando nuevos impuestos, no, es haciéndole pagar correctamente al que debe pagar tributos revisando nuestros esquemas de exenciones y exoneraciones que sólo ahí se nos van más de 3,5 puntos del PIB anualmente”, señaló Gutiérrez, como recoge La Prensa. Los empresarios ya han advertido que los más afectados serán los consumidores finales y el empleo. “Las empresas que sean suficientemente elásticas para pagar estos impuestos tendrán que trasladarlos al precio que paga el consumidor final; y en el caso de aquellas que no puedan hacerlo, simplemente van a verse forzadas a reducirse y eso implica reducir más empleos de los que ya se han perdido”, avisó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
Alfredo Rodríguez también critica la decisión. “Atacar a las empresas nunca es buena idea. La mejor forma de fomentar la economía es fomentar su expansión. El Estado no es productivo y, por tanto, nunca podrá absorber un posible cierre aún mayor de compañías”. Por tanto, dice el analista, “la idea es pésima, pero es la salida lógica de cualquier dictador”.
Los recortes no quedan ahí. Ministerios clave como el de Salud y Educación figuran entre los más perjudicados. Salud perderá 26,6 millones de dólares, mientras que los ingresos de Educación mermarán en 19,7 millones. El Programa de Inversión Públicarecibirá 18,5 millones de dólares menos.
En el lado opuesto se encuentra el Consejo Supremo Electoral (CSE), que recibió un incremento de 94,9 millones de córdobas (casi tres millones de dólares) para gasto corriente. “Esto es algo que va en contra de cualquier ideología democrática. El CSE es un organismo más del Estado que debe recibir los fondos necesarios, pero nunca en detrimento de los dos pilares básicos de un país: la educación, de modo que todo ciudadano esté formado, y la salud”, concluye Rodríguez.
