Rafael Alba (ALN).- Los fabricantes y el resto de las patronales del negocio digital vuelven a presionar al Gobierno de España para que suprima el canon.
“En estos meses vivimos un tremendo deja vu. Volvió el canon digital, han vuelto los socialistas al poder y hasta puede ser que Teddy Bautista vuelva a mandar en la SGAE. Una verdadera pesadilla. Es como si hubiéramos retrocedido una década”. Entre la melancolía y la indignación renovada. Así se expresa ante un grupo de amigos y conocidos en una conversación informal de barra de bar, un ejecutivo de una compañía tecnológica española. Lo hace para explicar a la reducida audiencia, off the record, los motivos por los que el recién creado macrolobby del sector, impulsado por tres organizaciones patronales –DigitalES, Ametic y Aslan-, ha reanudado la batalla interrumpida contra sus mortales enemigos, las sociedades de gestión y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en particular, en el eterno campo de batalla de la remuneración que toca abonar a autores, intérpretes y productores por los derechos de uso de los contenidos culturales protegidos con copyright. Y que también afecta a las famosas y controvertidas copias privadas. La madre de todas las batallas entre los creadores y sus clientes en la era de internet.
El recién creado macrolobby del sector digital, impulsado por tres organizaciones patronales -DigitalES, Ametic y Aslan-, ha reanudado la batalla interrumpida contra sus mortales enemigos
Es un enfrentamiento que parece no tener fin. Hace seis años, el asunto parecía resuelto. Con una victoria incontestable del bando empresarial y las organizaciones de internautas que habían batallado incansables contra esa suerte de impuesto revolucionario, en opinión de sus detractores, que gravaba la compra de cualquier artefacto que pudiera utilizarse para propiciar el pirateo. Desde un ordenador a un disco duro externo, un CD o una memoria USB. Una tasa que “pagábamos todos los españoles” y que gastaban a su gusto las famosas organizaciones de tenedores de derechos. A veces incluso, sin repartir el dinero correctamente entre los asociados y supuestos beneficiarios de la fenomenal cosecha. El PP de Mariano Rajoy llevaba menos de un año en el poder, cuando introdujo una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que abolió el famoso canon digital, implantado en 2007 por el Gobierno socialista que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. El mejor escenario posible para aquellos que defendían la libertad de uso del conocimiento como base de los avances de la actual era de la información. Y también para el negocio de los fabricantes de cachivaches tecnológicos y las operadoras de telefonía.
La decisión del equipo de Rajoy fue, sin embargo, un golpe muy duro para esas hordas intelectuales formadas por presuntos enemigos del progreso. Para esos colectivos supuestamente adictos a las subvenciones, que intentan actuar siempre fuera de las leyes de hierro del mercado. El inicio de una era de luz en que el conocimiento global humano iba a ser compartido por todos. Ni más ni menos. De modo que la llegada de los conservadores al poder supuso también el principio del ocaso de las sociedades de gestión que entraron en una crisis aún por resolver. Tal vez porque con el cambio los ingresos que obtenían como resultado de esta tasa pasaron de un promedio anual de 120 millones de euros a sólo cinco. Una cantidad que, además, se sufragaba con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
El streaming y el canon
Pero la alegría de los fabricantes tecnológicos y sus aliados iba a durar poco. Las sociedades de gestión acudieron a los tribunales para luchar contra ese descomunal recorte. El litigio llegó hasta el Tribunal de la Unión Europea (UE) tras pasar por la Corte Suprema española. Las jueces europeos acudieron al rescate de los autores en 2016 al dictaminar que la nueva norma no aseguraba que “el coste de la compensación equitativa sea sufragado sólo por los usuarios”, porque en la financiación de los presupuestos generales intervienen impuestos que sufragan las personas jurídicas que tendrían que estar exentas del pago de esa tasa. De pronto la tortilla parecía haberse dado la vuelta. El dictamen supuso un golpe inesperado para las empresas del sector tecnológico. El propio Rajoy volvió a introducir el canon. En este caso gravando los dispositivos en el momento de su adquisición. Una tasa que varía en función del artefacto comprado y que carga, por ejemplo, 1,10 euros a los teléfonos inteligentes y 3,15 euros a las tablets.
En total, según los cálculos de los representantes del sector, la tasa habría reportado a las sociedades de gestión unos 70 millones de euros en un año. Diez veces más que la cantidad calculada como posible perjuicio por copia privada sufrido por los tenedores de derechos en un estudio realizado por la consultora especializada Mazars, para Digital Europe, la patronal europea. Mucha plata y, además, recaudada bajo unos supuestos de mercado que ya, prácticamente, han dejado de estar vigentes. Porque el avance del streaming de pago en los hábitos de los consumidores de contenidos culturales conseguido gracias al impulso que le han proporcionado plataformas como Netflix y Spotify está a punto de terminar con las prácticas relacionadas con el viejo pirateo, cuya existencia habría motivado en primera instancia la implantación del canon digital. Motivo más que suficiente, en opinión de los defensores de este argumento, para que esta tasa se revise a la baja, de modo progresivo, hasta su definitiva extinción en un plazo razonable de años.
El eterno campo de batalla es la remuneración que toca abonar a autores, intérpretes y productores por los derechos de uso de los contenidos culturales protegidos con copyright
Ese parece ser el nuevo objetivo del lobby tecnológico español que ha intensificado sus esfuerzos en este sentido desde la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez y la reinstauración del Ministerio de Cultura que también fue eliminado en el periodo en La Moncloa de Mariano Rajoy. Aunque quizá el temor de las compañías del sector sea otro. Muchos responsables de estas empresas sienten como una auténtica amenaza la posible revitalización de las sociedades de gestión que habrían recobrado parte de su antigua fuerza gracias a la inyección de dinero fresco que recibieron en el último año. Conocen bien sus conexiones con la política y su capacidad más que demostrada de sumar nuevos aliados a la causa. Más aún, tras la victoria conseguida por sus correligionarios globales en el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre en las votaciones de la propuesta de directiva para la adaptación de los derechos de autor al nuevo entorno digital. Un resultado que demuestra lo difícil que resulta luchar contra las figuras populares del negocio de la cultura que siempre han sabido pasar a los políticos la factura de su apoyo.
Las operadoras de telefonía y las tarifas
De modo que las tecnológicas españolas no van a limitarse a presionar para lograr la abolición del canon. Hay más frentes abiertos. Por ejemplo, las enmiendas previstas para la posible reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española que, en opinión de sus detractores, pueden reeditar la llamada Ley Sinde, de tan triste recuerdo para los internautas favorables al gratis total en la red. Puede parecer una batalla a largo plazo, porque la actual inestabilidad política y la posibilidad de que, finalmente, Sánchez tenga que adelantar las elecciones quizá le quite algo de urgencia a esta reivindicación. Aunque no todos opinan así. Algunos ejecutivos tecnológicos creen que, como decíamos antes, en este ambiente de incertidumbres electorales y encuestas cambiantes es cuando los artistas y los creadores tienen más posibilidades de sacar tajada. Sobre todo, en un momento, en que estos temas ocupan un lugar más que marginal en las preocupaciones de unos votantes cuya atención parece centrada en otros muchos asuntos.
Así que toca tomar partido en otras cuestiones, más relacionadas con el día a día, que afectan, sobre todo, a otros grupos empresariales que también pelean en estos momentos contra la habitual voracidad recaudadora de las sociedades de gestión. En concreto, en la ya larga disputa que las radios privadas -representadas por la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC)- y las televisiones -asociadas en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca)- mantienen con la SGAE, la Agedi (asociación de los productores) y la AIE (sociedad de gestión de los intérpretes), entre otras, por las tarifas correspondientes al uso del repertorio que, en principio, debe fijar en caso de discrepancias la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI). Un consejo consultivo de reciente creación, cuyo primer presidente, Julio Costas, dimitió a finales de septiembre entre acusaciones directas hacia el Ministerio de Cultura por su supuesta beligerancia a favor de los tenedores de derechos. Por cierto que esta misma semana, y contra todo pronóstico, este organismo acaba de dar la razón a las radios, en un dictamen sobre el que cabe recurso. Aquí, la principal discrepancia parece estar en que los representantes de los creadores quieren que las compañías usuarias paguen una tarifa plana fijada como porcentaje de sus ingresos, que no discriminaría, por ejemplo, entre las radios musicales y las que no lo son. Algo que las empresas consideran injusto. Para ellas, lo correcto sería que pague más quien más utilice el repertorio.
No vamos a entrar en detalles sobre los argumentos a favor y en contra de ambas posturas porque darían para varias columnas como esta. Y porque, con seguridad, en los próximos meses el asunto va a cobrar mayor intensidad. Al final, en este momento, la pugna por el poder que mantienen en la SGAE, los editores, los compositores de canciones, las televisiones y las majors discográficas, también condiciona el futuro. Y buena parte del juego puede resolverse en las elecciones de esta entidad de gestión que deben celebrarse el próximo 26 de octubre. En este caso, la división se produce en sectores que, en teoría, deberían mantener intereses comunes, como los compositores de canciones, por ejemplo. Las últimas noticias indican que el grupo dirigido por Patacho Recio, en el que militan autores como Jota de Los Planetas y Kiko Veneno, se ha retirado de unos comicios que no consideran legítimos porque el voto electrónico no ha sido habilitado. Y amenazan con abandonar la entidad y llevarse su repertorio a otra parte. Lo mismo que hicieron anteriormente algunos editores con los derechos correspondientes a los temas de sus artistas internacionales que, aparentemente, estarán fuera de la SGAE el próximo 1 de enero. Un culebrón con final incierto cuya resolución puede cambiar el panorama. Quizá a favor del lobby tecnológico español. O quizá no. Prometemos estar atentos y mantenerles informados. Pero tengan paciencia porque el asunto va para largo.
