(EFE).- Los gobiernos regionales gobernados por la oposición conservadora a Pedro Sánchez y algunos de sus socios en la presente legislatura se rebelaron este martes contra el modelo de financiación para Cataluña que incluye el acuerdo alcanzado por los socialistas con los independentistas catalanes.
El citado acuerdo tiene como piedra angular la llamada ‘financiación singular’, demanda principal de los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para facilitar que el socialista Salvador Illa gobierne en la Generalitat de Cataluña.
Esta petición, que los socialistas aceptan, establece que la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en Cataluña, y prevé un nuevo sistema de financiación.
Modificar el modelo de recaudación y reparto de impuestos es una demanda histórica de los nacionalistas catalanes, que sostienen que Cataluña aporta a las arcas del Estado mucho más de lo que recibe y busca reducir esta diferencia.
La Generalitat denunció hace unos días que en 2022 fue la tercera mayor comunidad en aportación al sistema, la décima en recepción de recursos per cápita, y la penúltima si se tiene en cuenta el coste de la vida.
Tras años de reivindicaciones por parte de los independentistas catalanes, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez atiende ahora su reclamación, en un momento en el que necesita el apoyo de los partidos independentistas tanto en el gobierno catalán como en el español.
El resto de regiones consideran la demanda catalana un ataque a sus intereses
La respuesta del resto de regiones españolas no se ha hecho esperar y los gobiernos autonómicos gobernados por los conservadores del PP expresaron este martes su rechazo frontal a un modelo de financiación singular para Cataluña.
El presidente de Castilla y León (centro de España) anunció una «batalla judicial sin precedentes» si se materializa el acuerdo y acusó al presidente del Gobierno español de «saltarse la Constitución Española» y «pisotear la igualdad de los españoles».
Su homólogo de Andalucía (sur de España) calificó el pacto de «ataque frontal» a sus intereses, mientras que el de Galicia (norte de España) aclaró que no va a tolerar que «para darle a otros más de lo que les corresponde» se «lo quiten» a ellos.
Críticas también desde las filas socialistas
Las críticas llegaron también desde las filas del partido de Sánchez. El secretario general de los socialistas de la región de Aragón opinó en X que el acuerdo supone «una quiebra brutal» de la igualdad entre todos los españoles, y el presidente de Castilla La Mancha se mostró «perplejo» ante lo que entiende como un «grave atentado» a la igualdad de los españoles.
Además, el anuncio también suscitó recelo de socios parlamentarios del Gobierno como Compromís, que avisó de que no lo apoyará en el Congreso de los Diputados español si no se aborda a la vez el problema de infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.
El único líder regional que defendió el pacto fue el representante del gobierno del País Vasco, una zona de España donde la financiación ya se rige por un Concierto Económico diferenciado del resto de España y que considera «positivo» el acuerdo de los independentistas catalanes con los socialistas en materia de finanaciación.
