Ysrrael Camero (ALN).- El martes 16 de febrero el rapero Pablo Hasél entró en prisión, tras ser condenado a nueve meses por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona, condena a la que se agregarán más días en prisión, al no pagar la multa. Su detención y encarcelamiento funcionaron como desencadenantes de manifestaciones públicas por la libertad de expresión. Algunas de estas protestas derivaron en hechos de violencia.
La libertad de expresión debe ser garantizada dentro de un Estado democrático liberal. Se encuentra en el núcleo de los derechos individuales de primera generación. Sin embargo, su ejercicio exige responsabilidad, lo que implica que las palabras expresadas públicamente tienen consecuencias en los derechos de otros. Esa coexistencia entre derechos, que se genera dentro de un marco legal, es la que define unos límites.
Esta es una frontera difícil de explorar, sobre todo en una época en que las redes sociales nos han convertido a todos en generadores de contenido. Desde nuestros teléfonos y ordenadores tenemos una capacidad editorial superior a la de aquellos que editaban pasquines y panfletos en los tiempos en que se estableció este derecho a la libertad de expresión y de prensa.
Asimismo, con el proceso de autocratización que se ha vivido en países como Venezuela, Nicaragua o Rusia, la detención y condena de un artista por un delito de opinión, tienden a encender poderosas alarmas dentro de los espíritus democráticos.
El caso de Pablo Hasél
Es imprescindible contextualizar el caso contra Pablo Hasél, que se ha convertido en el primer músico encarcelado por las letras de sus canciones, y por sus tuits, en España desde el inicio de la Transición a la democracia.
Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasél, nacido en Lérida en 1988, es un conocido rapero que emergió desde la escena underground del hip hop español, en 2005. Las letras de sus canciones son agresivas y directas, teniendo un contenido de protesta social y antisistema, y generando varias detenciones desde 2011.
No estamos en presencia de la primera condena contra Hasél. En 2014 había sido condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión, por enaltecer el terrorismo. Esta condena había sido suspendida.
En 2017 y 2018 había sido condenado por resistencia a la autoridad y por violación de un local. En 2020 lo había sido por agresión a una periodista y a un testigo en un juicio contra un guardia urbano. Esta reincidencia es clave en el hecho de que haya sido llevado a prisión.
El 2 de marzo de 2018 fue nuevamente condenado a dos años y un día de prisión, junto con una multa de 24.000 euros. Tras apelar, la condena se redujo a nueve meses. Siendo reincidente, y habiendo estado suspendida una condena previa, no pudo evitar ingresar en presidio. En todos estos procesos Pablo Hasél ha ejercido su derecho a la defensa, agotando los recursos legales para evitar su encarcelamiento.
La calle se calienta
Hasél se negó a entregarse a las autoridades, por lo que se atrincheró en la Universidad de Lérida, de donde fue sacado por los Mossos D’Esquadra el martes 16 de febrero. Inmediatamente se iniciaron manifestaciones en defensa de la libertad de expresión, exigiendo su liberación.
Las manifestaciones se extendieron por Barcelona y Madrid primero, y luego se iniciaron en otras ciudades, como Valencia. Como suele ocurrir, la mayor parte de las manifestaciones fueron pacíficas, pero algunos grupos radicales convirtieron la jornada en violencia contra la propiedad pública y privada. Quema de contenedores y ataques contra comisarías, como la de Vic, generaron una escalada.
Las fuerzas policiales respondieron a los hechos de violencia de estos manifestantes. En Cataluña la carga policial, realizada con proyectiles de goma, terminó generando la pérdida del ojo de una manifestante. El tema de la proporcionalidad de la respuesta policial se puso a la orden del día en la opinión pública.
Pronto, el debate se desvió desde el tema de los límites de la libertad de expresión hacia el de la violencia callejera y la respuesta represiva de las autoridades. Estas manifestaciones se generaron dentro de un marco político tenso, pero que parecía relajarse tras superar las elecciones autonómicas catalanas.
Nuevamente, el derecho a la manifestación está consagrado en el orden legal español, y el sistema garantiza el ejercicio de ese derecho. Otra cosa es la apelación a la violencia contra los bienes y personas, que es considerado un delito, a lo que la policía y los tribunales están en la obligación de responder, justamente para proteger los derechos de las otras personas.
La respuesta de la política
En la noche de los disturbios el secretario de organización de Unidas Podemos, Pablo Echenique, comete un error político, al expresar su solidaridad con quienes protestan por la libertad de expresión, y contra la detención de Hasél, sin condenar al mismo tiempo la violencia que impulsaron algunos de los manifestantes.
Esa imprudencia no fue un gesto aislado, sino que ocurre cuando las relaciones dentro del gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE se encuentran en uno de los puntos más bajos. Ese afán de diferenciarse de Pablo Iglesias, para mantener su vínculo con los sectores más radicales de su electorado, ha reportado crecientes episodios de conflicto con los socialistas, que son los socios mayoritarios de la coalición.
La oposición ataca la relación del partido de Iglesias y Echenique con los sectores más radicales, de donde proviene el mismo Hasél, para ahondar en la cuña que separa a socialistas y podemitas. El entorno de los movimientos comunistas y anarquistas, dentro del que ha desarrollado Hasél su carrera, es el mismo en que ha crecido una parte importante de la dirigencia de Podemos, de allí la dificultad que tienen para posicionarse inteligentemente ante estos hechos.
Mientras, el gobierno central del PSOE le da un giro apaciguador a su respuesta política, al incorporar nuevos elementos a la reforma del Código Penal, que irían desde la modificación de los términos de sedición y rebelión, hasta lo que se refiere al delito de injurias a la Corona, que representa una excepcionalidad española en el marco de los regímenes democráticos.
Efectivamente, la libertad de expresión no está comprometida en España, porque el sistema la protege y garantiza su ejercicio; tampoco el derecho a la libre manifestación, pacífica, se encuentra bajo ataque, pudiendo diversos grupos protestar libremente. Una democracia consolidada, como lo es la española, puede avanzar en términos de reformas legales, para ampliar derechos, para enmendar antiguos delitos, y para perfeccionar el régimen legal que garantiza una vida libre.
Lo que parece estar comprometido es la relación entre las dos organizaciones que forman el gobierno de coalición. El trastorno político bipolar que expresa el vicepresidente Pablo Iglesias, cuando actúa como gobierno y oposición a la vez, genera un costo político que se acumula por plazos, y que puede condenarlo a una derrota en las próximas elecciones generales.
