(EFE).- La elección más grande de México también pasará el domingo a la historia como la más violenta, con al menos 30 aspirantes asesinados y más de 200 homicidios políticos, mientras que la oposición denuncia que el crimen organizado pone en riesgo los votos en casi un 30 % del territorio.
Como sello de la violencia, en las últimas horas de las campañas, Alfredo Cabrera, candidato de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México a alcalde de Coyuca de Benítez, en el sureño estado de Guerrero, fue asesinado con dos tiros en la nuca.
«Esta ha sido la elección más violenta en la historia moderna de nuestro país. En términos duros, de cifras, de septiembre de 2023 al 26 de mayo de 2024, a una semana de la elección, hemos contabilizado 749 víctimas totales de ataques de violencia», expone Armando Vargas, consultor sénior de Integralia, a EFE.
Esta consultora política, documentó 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos, familiares y víctimas colaterales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoció este martes el asesinato de 22 aspirantes, pero organizaciones independientes registran más, como Integralia, mientras que Data Cívica reporta 31, Causa en Común documenta 32 y DataInt registra 38.
Esta diferencia refleja que el «Gobierno federal sigue negando la realidad violenta del país», opina Nancy Angélica Canjura, investigadora de Causa en Común.
«Y siempre en esta actitud defensiva. En lugar de generar condiciones de apertura y de innovación en políticas públicas para trabajar sobre estos temas, vemos cómo existe esta renuencia, incluso, a aceptar la dimensión del problema», comenta a EFE.
La violencia baja la participación
Al analizar comicios anteriores, Data Cívica encontró que por cada agresión a un candidato la participación en la localidad en cuestión baja 1,3 %, y si la víctima es un político en funciones, como el alcalde, la caída es de 3 %, explica a EFE la vocera de la organización, Itxaro Arteta.
«Sin duda, esto es un debilitamiento a la democracia porque la ciudadanía tiene miedo de salir a votar, o no le ve sentido a salir a votar, si parece que el crimen es quien está dominando, quién define quién puede ser candidato, quién hace campaña», advierte Arteta.
El Instituto Nacional Electoral (INE) estimó el jueves que 168 casillas (centros de votación) no se habilitarán el domingo por motivos como inseguridad y, la mayoría, por «conflictos político sociales».
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Principales víctimas: Candidatos locales y opositores
Nueve de cada 10 víctimas de asesinato buscaban un puesto municipal, detalla el consultor de Integralia, lo que «fortalece la hipótesis de que la violencia política es un mecanismo de intervención del crimen en las elecciones».
Además, la mayoría eran opositores al gobierno local, y esto «sugeriría que los grupos criminales podrían estar impulsando ciertos proyectos políticos para expandir sus redes de impunidad eliminando a las amenazas, es decir, a las candidaturas de oposición».
Aún así, Data Cívica señala que más de un tercio de las víctimas de agresión son del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como Gisela Gaytán, candidata a alcaldesa de Celaya, en el estado de Guanajuato, quien murió asesinada el 1 de abril en uno de los atentados de mayor perfil.
¿Protección del Estado?
La Secretaría de Marina (Semar) informó el martes de 3.474 agentes de las Fuerzas Armadas que protegen a 553 candidatos y reiteró un despliegue de 27.245 elementos para el operativo de seguridad de las elecciones, que se sumarán a los 233.543 que ya realizan tareas de seguridad pública.
Pero candidatos han muerto pese a esta protección, como Cabrera, quien tenía escoltas de la Guardia Nacional (GN), lo que muestra que el protocolo «no ha funcionado adecuadamente», según la investigadora de Causa en Común.
La preocupación por la seguridad crece porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia, con más de 98 millones de votantes convocados a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia, los 128 senadores y los 500 diputados, así como nueve gobiernos estatales.
La situación «está muy bien focalizada» en zonas con violencia del crimen organizado, como Chiapas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas, argumenta Canjura.
Mientras que Arteta advierte de que «esto no se acaba después de la elección» porque «suelen incrementar los niveles de violencia en general en los municipios que viven este tipo de violencia política».
«Hoy es una democracia sin libertad, una democracia acotada, cautiva, capturada por grupos criminales. Un balance general es que hoy la democracia se ha convertido en un mecanismo para que los grupos criminales controlen los territorios locales», concluye Vargas.
