(EFE).- La popular promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes irregulares del expresidente Donald Trump si regresa a la Casa Blanca resulta costosa y «muy difícil de cumplir», asegura a EFE Mario Agundez, quien trabajó durante 25 años en Inmigración y estuvo a cargo de estas repatriaciones.
«Remover o deportar a un extranjero no es cosa de un día», dijo a EFE Agundez que hasta el pasado enero fue el subcomandante de la Unidad de Deportaciones y Movimiento de Inmigrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
Tanto el expresidente Trump (2017-2021) como su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, han prometido realizar «deportaciones masivas» si llegan a la Casa Blanca.
Vance dijo en agosto pasado que este plan debería comenzar con la deportación de un millón de extranjeros.
En opinión de Agundez, expulsar tan solo esa cifra es algo «muy difícil de cumplir» ya que el hecho de que un extranjero sea detenido por las autoridades de inmigración no significa que «es deportable».
Los obstáculos
El oficial en retiro explica que las leyes de inmigración de EE.UU. le otorgan vías a los extranjeros que ingresaron de forma irregular para defender sus casos.
«Los solicitantes de asilo tienen derecho a estar en EE.UU. hasta que un juez decida su caso, por lo que las autoridades de inmigración no pueden hacer nada antes de que no exista una orden de deportación», dijo Agundez.
Para diciembre de 2023 las cortes de inmigración tenían una acumulación de más de dos millones de casos pendientes, según el centro TRAC, de la Universidad de Syracuse.
Las promesas de Trump de deportaciones masivas están aupadas por su retórica de que los inmigrantes irregulares en su mayoría «son criminales». Pero, aquí la campaña republicana también enfrenta otro obstáculo, según advierte Agundez.
Los agentes de ICE, agencia encargada de la detención de inmigrantes en el interior del país, dependen en su mayoría de las agencias policiales para poner en la mira a los indocumentados acusados o convictos de delitos.
Una vez que el inmigrante llega a manos de ICE es puesto en un centro de detención en espera para ser enviado a su país, pero este proceso depende de los tratados que EE.UU. tiene con el país de origen del inmigrante.
«No es simplemente que llega el avión los deja y se va. Tiene que estar autorizado y tener todos los servicios requeridos por los tratados internacionales», ahonda Agundez. «Lograr enviar un avión con deportados a Venezuela o Cuba realmente es un dolor de cabeza», agrega.
El multimillonario costo
Si Trump logra evadir las trabas legales se encontrará con un multimillonario gasto para poder cumplir su palabra. «Muchísimo, le cuesta muchísimo al país deportar a una persona», advierte Agundez.
Cuenta que un solo vuelo de repatriación de 120 personas a un país centroamericano costaba el año pasado en promedio 110.000 dólares. Pero a esta cifra se le debe sumar el coste de detención y manutención mientras los inmigrantes esperan la repatriación.
Un reciente cálculo del Consejo de Inmigración Estadounidense (AIC, en inglés) estima que EE.UU. gastaría 315.000 millones de dólares para deportar a unos 13 millones de indocumentados en más de una década. «Queremos enfatizar que esta cifra es una estimación muy conservadora», dijo la organización en su informe divulgado a principios de octubre.
A pesar de todos estos obstáculos, Agundez proyecta que Trump tratará de cumplir su promesa a un gran costo para la comunidad indocumentada. «Puede que no sean repatriados inmediatamente, pero sí ser detenidos indefinidamente» puntualiza.
Invocando la guerra, una idea extrema
Al parecer Trump es consciente de los obstáculos de ejecutar su plan de deportación masiva. Un ejemplo es su más reciente propuesta de invocar la ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798, que se ha usado solo en tiempo de guerra para expulsar a extranjeros sin el debido proceso legal.
Grupos humanitarios y las mayores organizaciones latinas del país ha repudiado la medida, que considen parte de una «agenda extremista».
Según el republicano, esta norma sería usada para llevar a cabo su ‘Operación Aurora’, dirigida en especial a detener y sacar del país miembros del Tren de Aragua, una banda criminal internacional nacida en una cárcel venezolana.
