María Rodríguez (ALN).- El cese de la filial colombiana de Gas Natural Fenosa reúne numerosos datos. Entre ellos, los 200 millones de euros en deudas de clientes en 2016, los 800 millones que la española asegura haber invertido en Electricaribe desde 2009 o los 1.000 millones que ahora pide de indemnización. La orden de liquidación de Electricaribe, la filial colombiana de Gas Natural Fenosa, sacó a relucir los números de un agujero que ya supera los 1.300 millones de euros (aproximadamente 1.396 millones de dólares) en deudas por parte de los clientes. De éstos, más de 200 millones de euros (214 millones de dólares) fueron solo en 2016, tal como informó la multinacional española de acuerdo a las cifras auditadas de Electricaribe.
Esta semana Gas Natural tiene previsto demandar al Gobierno colombiano ante el Ciadi, la corte de arbitraje que depende del Banco Mundial, y pedirá una indemnización de 1.000 millones de euros (aproximadamente 1.062 millones de dólares), según aseguraron fuentes de la multinacional a la agencia EFE. La petición supone más del doble del valor contable de la filial, contabilizado en 475 millones de euros (510 millones de dólares).
En 2016, Electricaribe tuvo una cifra de negocio de 1.453 millones de euros (1.561 millones de dólares) y un resultado de explotación de 19 millones de euros (20,4 millones de dólares), según informó Reuters. A pesar de estos datos, arrojó unas pérdidas consolidadas de 52 millones de euros (55 millones de dólares). A finales de ese año, la deuda acumulada de los clientes protegidos, a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal (sobre todo entidades públicas), superaba los 350 millones de euros (375 millones de dólares).
La deuda acumulada de los clientes protegidos superaba al cierre de 2016 los 350 millones de euros
De todo el pasivo de Electricaribe, 1,8 billones de pesos colombianos (alrededor de 601 millones de dólares o 564 millones de euros) corresponden a entidades financieras. El plan de inversiones que debe afrontar el nuevo operador que salga del proceso de liquidación asciende a 240.000 millones de pesos colombianos (unos 79 millones de dólares o 74 millones de euros) anuales.
A todas las cifras anteriores, Gas Natural añade en un comunicado la existencia de fraudes a su filial por un importe superior a los 100 millones de euros (107 millones de dólares) anuales. “La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas”, constató.
Gas Natural informó igualmente que la inversión de Electricaribe entre 2011 y 2015 ascendió a 255 millones de euros (273 millones de dólares). “Podría haber sido tres veces mayor de haber contado con medidas del gobierno para atajar el grave problema de fraude e impago”.
De todo el pasivo de Electricaribe, 564 millones de euros corresponden a entidades financieras / Foto: Electricaribe
En declaraciones al diario ALnavío, José David Name Cardozo, senador colombiano, señaló que lo primero que tiene que hacer el Gobierno tras este anuncio es “invertir los 500 millones de dólares (470 millones de euros) que no destinó Electricaribe a redes, subestaciones y otros aspectos de la infraestructura”.
Por su parte, las autoridades colombianas informaron semanas antes de la liquidación que, con el actual marco normativo y regulatorio, prevén finalizar 2017 con un déficit adicional de 85 millones de euros (91 millones de dólares), tal y como recordó GNF. En el anuncio de la liquidación de la filial, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza, afirmó que la intervención, que ha durado cuatro meses antes de anunciar la orden de liquidación, “no ha supuesto ni un peso a los colombianos”.
Electricaribe, con Gas Fenosa desde 2009
La filial de energía fue adquirida por Unión Fenosa en el año 2000. Nueve años más tarde, GNF se hizo con Unión Fenosa. Desde ese momento, GNF señala que se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros (859 millones de dólares), “y jamás se ha cobrado ningún dividendo”, puntualizaron en el comunicado.
El Estado colombiano detenta un 14% del capital social de Electricaribe, que bajó del 30% al 14% al no acudir a las ampliaciones de capital, según informaron desde Gas Natural. Mientras, la multinacional española es propietaria del 85% hasta que se ejecute la liquidación.
En los resultados de 2016 de Gas Natural, también influyó la filial colombiana: Electricaribe restó 49 millones de euros al beneficio de la multinacional (52 millones de dólares). Un dato que facilitó el consejero delegado de GNF en la conferencia con analistas tras la presentación de las cuentas anuales. Rafael Villaseca dejó claro que este hecho “no afectará el beneficio en 2017 y en 2018 y tampoco el reparto de dividendos”.
La Bolsa ignora la liquidación
Que Gas Natural desconsolidara de su balance a Electricaribe desde el 1º de enero de 2017 ayudó para que la Bolsa española no se inmutase frente al anuncio de cese de la filial.
Desde el departamento de análisis de Renta 4 continúan recomendando mantener posiciones a los inversores que tienen en cartera Gas Natural. Sin embargo, señalaron que la orden de liquidación de Electricaribe “es negativa para Gas Natural, ya que el mercado confiaba en que se alcanzase una solución sin tener que recurrir a los tribunales de arbitraje”.
Gas Natural señala que se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros
Igualmente, los analistas de Renta 4 consideran que “se inicia un periodo de incertidumbre hasta la resolución del conflicto”.
¿Impactará en la credibilidad colombiana?
El ministro español de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, aconsejó al Gobierno de Colombia que vele por la “seguridad jurídica y la credibilidad” como país tras la liquidación de Electricaribe. Además, De Guindos puso el acento en el “hecho específico de que puede afectar a un valor intangible y vital”, especialmente para una economía en desarrollo. Añadió igualmente que este tipo de actuaciones “no son las ideales desde el punto de vista de la inversión”.
Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, afirmó que el Gobierno tiene la obligación de apoyar los intereses de las empresas españolas y defender el cumplimento de los tratados internacionales. “España no puede entrar en las decisiones energéticas de otros países”, advirtió Navia. Sin embargo, precisó que el Gobierno sí puede defender el cumplimiento de los acuerdos sobre inversiones internacionales que tiene suscritos con otros países, entre ellos Colombia.
