Pedro Benítez (ALN).- Con la intención de bajar la presión de Estados Unidos, el pasado 9 de febrero Daniel Ortega sorprendió al mundo al sacar de sus cárceles a 222 de los 245 presos políticos de Nicaragua, e inmediatamente desterrarlos. Los reunió a todos en el aeropuerto de Managua y allí los embarcó en un avión Boeing rumbo a la ciudad de Washington. En el viaje despojó a todos de su nacionalidad.
El grupo, representativo de todos sectores de la oposición de ese país, incluía a empresarios, líderes campesinos, periodistas, ex candidatos presidenciales, activistas estudiantiles, religiosos e históricos militantes sandinistas.
Entre estos últimos destacaba, por la sevicia con que la pareja Ortega/Morillo la trató durante los 605 días que estuvo detenida en el penal de El Chipote, la histórica Dora María Téllez; la única mujer que participó del asalto al Palacio Nacional en Managua en 1978 en la época de la lucha armada contra Anastasio Somoza.
En junio de 2021, en declaraciones al diario La Jornada de México, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador su apoyo “a favor del pueblo nicaragüense”, “de elecciones limpias” y de “la liberación de los presos políticos”. Al día siguiente 60 policías entraron a su casa y luego de propinarle varios golpes se la llevaron detenida.
Implacable represión
Al menos tuvo más suerte que Hugo Torres, el ex guerrillero sandinista que participó en la operación “Diciembre Victorioso” que en 1974 logró la libertad de Daniel Ortega. Cuarenta y ocho años después fue el primer preso político que falleció en manos de la Policía Nacional de su antiguo compañero.
La represión de Ortega contra la oposición en Nicaragua ha sido implacable, afectando a todos los sectores. A fin de asegurarse la reelección presidencial de 2021, arrestó a siete precandidatos presidenciales e inhabilitó a once. A la hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que se promovía como candidata independiente, la acusó de lavado de dinero.
En el lote de presos políticos cayeron el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, y el presidente ejecutivo del grupo financiero centroamericano Banpro, Luis Rivas Anduray, uno de los empresarios más importantes de Centroamérica. La jerarquía religiosa tampoco se ha salvado de la persecución, siendo la víctima más conocida el obispo Rolando Álvarez detenido violentamente en la sede de la diócesis de Matagalpa en agosto de 2022. Como se negó al ostracismo lleva un año en aislamiento en la cárcel La Modelo.
“Ley Guillotina”
El obispo era uno de los 38 presos políticos que quedaron en el país luego de la mencionada ola de expulsiones. Pero si alguien pensó que las negociaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos detendrían la represión, pues se equivocó. Los organismos defensores de los Derechos Humanos acusan a Ortega de haber convertido sus cárceles en puertas giratorias.
En abril detuvieron a 21 periodistas y opositores. Y En agosto ocurrieron otras 24 detenciones por razones políticas. En todos los casos se aplicó una nueva modalidad: juicios exprés por medio de videoconferencias, en la que al acusado se le niega la posibilidad de tener abogado defensor. No obstante, la legislación aplicada ya tiene algún recorrido; la denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, aprobada en diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional de ese país, y que los nicaragüenses llaman “Ley 1055” o, simplemente, “Ley Guillotina”.
Según esa norma, oponerse al régimen de Ortega es ilegal. Se considera como un acto de traición a la patria. Así pues, no pasa una semana sin que los medios centroamericanos no informen acerca de alguna nueva detención arbitraria. La pareja Ortega/Morillo quiere recordarles a los nicaragüenses que cualquiera puede ser el próximo detenido.
Detenciones por doquier en Nicaragua
Ante la desarticulación de la oposición política, que tiene a todos sus líderes exiliados, la represión se ha dirigido hacia los centros educativos, sacerdotes católicos y dirigentes de la comunidad indígena. En lo que va de este mes seis religiosos han sido detenidos, junto con otros dos colaboradores seglares.
El gobierno de Ortega ordenó el cierre y confiscación de bienes de la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, acusándola de funcionar como “un centro de terrorismo”. Ella se suma al cierre de la Academia de Ciencias de Nicaragua y a la cancelación de la personería jurídica de 29 universidades privadas desde 2021.
Asimismo, el diputado indígena Brooklyn Rivera, antiguo aliado del sandinismo, fue detenido el pasado 29 de septiembre. Dos días después le tocó el turno a Nancy Henríquez, también diputada y presidenta del partido indígena Yatama (el mismo de Rivera). El 4 de octubre ese partido fue despojado de su personalidad jurídica por parte de la autoridad electoral. Desde entonces, las comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cierre de sus emisoras de radio por parte del Gobierno y de ataques de grupos armados.
Situación escandalosa
El aparato represor del orteguismo ha intentado imponer un cerco que impida el ingreso de periodistas extranjeros que reporten la situación del país, aunque no siempre con éxito. Según un reportaje de la televisión australiana, en estos momentos prácticamente todos los periodistas nicaragüenses se encuentran en la cárcel o en el exilio.
La situación es tan escandalosa que hasta el gobierno de Brasil se vio obligado a apoyar la resolución que sobre la situación de Nicaragua aprobó el día ayer (11 de octubre) el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se condena la represión contra las universidades y la Iglesia católica.
A todas estas, gracias a esos métodos y en su cuarto mandato presidencial, Daniel Ortega es ya el individuo que más tiempo ha dominado a Nicaragua (1985-1990 y de 2006 hasta ahora). Supera al dictador Anastasio Somoza Debayle (Tachito) que gobernó durante más una década (1967-1972; 1974-1979) y a su padre, y también dictador, Anastasio Somoza García, entre 1937 y 1956.
La serpiente se muerde nuevamente la cola. Ortega y Rosario Murillo han instaurado una nueva dinastía familiar en el poder, exactamente lo que combatió con éxito la revolución sandinista en 1979.
