(EFE).- La violencia por las disputas territoriales de grupos armados ilegales en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, arreció en el comienzo de 2023 y tan solo en enero dejó 36 homicidios en su área metropolitana.
Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, tiene los principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela y numerosas trochas por las que circulan personas, mercancías de contrabando e incluso armas y drogas entre los dos países, según las autoridades.
Esas actividades son manejadas por guerrillas, paramilitares y bandas criminales que expandieron su actividad desde la convulsa región del Catatumbo, una de las mayores productoras de coca del país, donde desde hace años el conflicto armado obliga a centenares de personas a huir en condición de desplazados hacia la capital regional.
Por ese coctel de problemas sociales esta área metropolitana, que abarca los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander, que en conjunto suman cerca de 1,2 millones de habitantes, tiene desde hace tiempo unas elevadas tasas de homicidios, incluso por encima de capitales como Cali y Medellín.
«Cúcuta, por ser una ciudad en crecimiento, siempre presentó una tasa de homicidios bastante alta. Hasta hace siete años estaba entre las 50 ciudades más violentas del mundo y ya salió de ese escalafón», aseguró a EFE el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), coronel Carlos Andrés García.
Guerrilla y bandas criminales
El oficial explica que entre los grupos que operan en la zona están el Ejército de Liberación Nacional (ELN), actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno; el Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que se ha extendido a varios países suramericanos, y otras organizaciones, entre ellas disidencias de las FARC.
«Hay cuatro grupos delincuenciales organizados. Son de tercera categoría, que están relacionados con el tráfico local, el hurto y con delitos de seguridad ciudadana. Son cuatro grupos que se están disputando las ollas (puntos de venta de drogas)», agregó.
Según el coronel, informes de inteligencia mostraron que «desde diciembre hay una disputa territorial en el Catatumbo» por lo cual miembros de grupos armados «tuvieron que esconderse en Cúcuta» donde se ha visto que «están mejor estructurados que la delincuencia común, y es donde se inician las confrontaciones».
Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Alejandro Martínez, indicó que, a pesar de la ola de asesinatos, hasta la tercera semana de enero se había registrado una reducción del 0,5 % en los homicidios con respecto al año pasado.
«Fue una situación que se presentó sobre todo en un rango de nueve días, una situación compleja de muchos homicidios», dijo el funcionario a EFE, y añadió que la situación tiende a estar bajo control por la acción de las autoridades.
Un problema común
El coronel García indicó además que hay homicidios «extraterritoriales», cometidos del lado venezolano de la frontera por ajustes de cuentas del microtráfico, pero los cadáveres son abandonados en la parte colombiana.
«El año pasado hubo 23 homicidios que nos correspondió investigar y este año, van dos, pero en la línea fronteriza con Puerto Santander», agregó.
Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, materializado el año pasado, los dos países reactivaron también la cooperación judicial para combatir la delincuencia.
A pesar de la acción de las autoridades, el director de la ONG Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, advirtió que hay una «gravísima situación de riesgo que viven habitantes del área rural de Cúcuta y de Puerto Santander a raíz de la expansión paramilitar».
Según Cañizares, son más de 10.000 personas de 35 veredas (caseríos) situadas entre Cúcuta y Puerto Santander que están sometidas por las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), también conocidas como el Clan del Golfo.
Cañizares indicó que las AGC se abren paso desde las áreas rurales para quedarse con esa zona fronteriza pese a que ese grupo acató un cese al fuego bilateral de seis meses propuesto por el Gobierno y que comenzó el pasado 1 de enero.
