Daniel Gómez (ALN).- La Procuraduría de Juan Guaidó recuerda que los contratos petroleros que firma Nicolás Maduro son inconstitucionales porque no han pasado por la Asamblea Nacional que él mismo preside. Y apunta también que los inversores favorecidos por esos contratos tendrían que rendir cuentas, “incluso, ante el Derecho Internacional”. Todo un mensaje para Rusia.
“Todos los contratos que transfieran directa o indirectamente derechos de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos a empresas privadas, suscritos por el régimen de Maduro, serán inconstitucionales”, señaló este jueves la Procuraduría de Juan Guaidó.
“No constituirán compromisos válidos del Estado venezolano”, agregó.
Esto es algo que ha adelantado el diario ALnavío. Las sanciones de Estados Unidos forzaron a Maduro a liberalizar el sector petrolero. De hecho, gracias a estos contratos el régimen pudo cerrar 2019 con una producción de 907.000 barriles de petróleo diarios en diciembre, cuando en septiembre la producción de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se situó entre 500.000 y 600.000 barriles diarios. Todos estos datos han sido confirmados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Los más recientes son de este jueves.
A consecuencia de la liberalización impuesta por Maduro -la cual nunca se aprobó en la Asamblea Nacional, por lo que es ilegal- las operaciones no son lideradas por PDVSA, sino por las multinacionales que cuentan con una participación de 30-40% de las empresas mixtas.
Entre las petroleras que estarían disfrutando esta liberación destacan empresas como la estadounidense Chevron, la española Repsol, y las rusas Gazprom y Rosneft. De hecho, esta última, la principal petrolera rusa, controla el 75% de la distribución del crudo venezolano, según el enviado especial para Venezuela de EEUU, Elliott Abrams.
“El interés de Rusia es ganar porcentajes en los campos petroleros”, dijo el diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, hace 10 días en rueda de presa.
“Estos acuerdos necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional, y por eso el reconocimiento de Rusia es sospechoso”, agregó.
¿Rusia estaba metida en el plan para dar un golpe de Estado contra la Asamblea Nacional?
El diputado se refiere al reconocimiento de Rusia a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Parra es el diputado que usó Nicolás Maduro para dar el golpe de Estado contra Juan Guaidó. El diputado que se autoproclamó jefe del Parlamento, y que esta semana fue repudiado por el Parlamento Europeo, y sancionado por Estados Unidos. Se espera que también la Unión Europea decida sanciones en su contra el próximo lunes.
Moscú se quedó solo en el reconocimiento a Parra. Aliados como China evitaron pronunciarse, y gobiernos afines como México y Argentina criticaron el golpe al Parlamento.
¿Y por qué se quedó sola Rusia?
Nada más comenzar 2020 Moscú le puso una condición a Maduro si quería apoyo y asesoría económica: Guaidó no podía seguir siendo el presidente del Parlamento. Lo dejó bien claro Serguéi Storchak, viceministro de Finanzas de Vladímir Putin, en entrevista con la agencia Bloomberg:
“Los funcionarios en Caracas eran reacios a implementar cambios sin el apoyo de la legislatura encabezada por Guaidó”. Si este “no renueva”, agregó, “Rusia intensificará los esfuerzos para ayudar a los funcionarios de Maduro a enfrentar la crisis económica”.
Este viernes, en un comunicado de la Cancillería de Vladímir Putin, Rusia vuelve a sugerir que sería buena para Venezuela la renovación de la directiva de la Asamblea Nacional.
Ahora el equipo de Juan Guaidó toma precauciones. De ahí las advertencias de la Procuraduría a los socios de Maduro, y también a Luis Parra:
“Las empresas privadas que participen en esos contratos inconstitucionales, incluyendo a los socios minoritarios de las empresas mixtas, serán responsables por la violación a la Constitución, en especial, por dar apoyo al régimen de Maduro que, además de ilegítimo, viola de manera sistemática los derechos humanos. Por tanto, esa responsabilidad podría ser reclamada incluso en el Derecho Internacional, para exigir compensación por el apoyo otorgado al régimen para facilitar la violación de derechos humanos”.
