Redacción (ALN) .- Nuevos detalles salieron a la luz sobre la trama de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). De acuerdo al ministro Tareck El Aissami, existen 25 casos que cursan en el Ministerio Público de los cuales nueve «los planificó, dirigió, ejecutó y supervisó Rafael Ramírez».
Además en la confesión realizada por el exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Víctor Aular, se vinculó al exministro Rafael Ramírez con el exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín.
«Quiero informar sobre algunas tramas de corrupción que se están investigando con el señor Jhonnathan Marín. En 2016, mientras me encontraba haciendo unos estudios en Nueva York, él me contactó vía telefónica. Me reuní con él en el hotel Four Seasons y me dijo que mi teléfono se lo había dado el ministro Rafael Ramírez», expresó Aular.
La trama de corrupción en Pdvsa: ¿Cuál es el vínculo de Rafael Ramírez con el exalcalde Jhonnathan Marín? Esto dijo Víctor Aular .- https://t.co/u86BITS3KE pic.twitter.com/CHPej2Znam
— ALnavío (@ALnaviocom) September 13, 2022
De igual forma, sostuvo que Marín necesitaba una «asesoría» para un proyecto petrolero en Ecuador.
«Él me explicó específicamente cuál era el proyecto para el cual necesitaba financiamiento. Era una empresa de él que se llamaba Construcciones y Servicios Amunsa, cuya representante legal era Patricia Amundarain», apuntó.
Aular también contó que el exalcalde estaba en ese momento en Nueva York «porque formaba parte de un equipo político que estaba trabajando con Rafael Ramírez para una eventual precandidatura presidencial».
Jhonnathan Marín en EEUU
Jhonnathan Marín habría ordenado al jefe de compras de Petrocedeno (una empresa conjunta de Pdvsa con la francesa Total y la noruega Equinor) que otorgara contratos por valor de decenas de millones de dólares a empresas de su socio no identificado. Esto de acuerdo a lo revelado por documentos judiciales referidos por The Associated Press, entre 2015 y 2017.
En abril, el exalcalde se entregó a las autoridades en Miami bajo el único cargo de asociación para cometer un delito contra Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Sin embargo, quedó en libertad el mismo día al pagar una fianza de 100.000 dólares, según actas de la corte.
Además, habría confesado que aceptó un soborno de 3,8 millones de dólares para influenciar a funcionarios de empresas conjuntas de Pdvsa con Chevron y empresas europeas, rusas y chinas.