Leticia Núñez (ALN).- Los expertos creen que la liquidación de Electricaribe es “el menor de los problemas que tiene Colombia”. Se produjo el mismo día que el presidente se vio salpicado por Odebrecht, y tras la intervención de un departamento por despilfarro y de un escándalo en la principal refinería del país. Martes 14 de marzo. Tres de la tarde, hora española. El Gobierno de Colombia ordena la liquidación de la filial de Gas Natural Fenosa. “Se evitó un racionamiento de la energía y se estabilizaron las finanzas”, señaló el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.
Martes 14 de marzo. Ocho de la tarde, también hora española. Odebrecht vuelve a salpicar al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. El gerente de las campañas presidenciales en 2010 y 2014, Roberto Prieto, reconoce que hubo “una operación irregular” en la financiación de la primera de ellas, que estaría vinculada con la constructora brasileña, responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en toda América Latina. “Yo ordené los afiches y me dijeron que (el dinero, unos 400.000 dólares / 376.000 euros) salió de Odebrecht. Les envié la factura”, dijo Prieto.
Una cabeza de turco, a veces, es la consecuencia inevitable de la proximidad de unas elecciones”
¿Casualidad? No para el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo. “Confluyen una serie de circunstancias, donde el problema que menos le importa a un sector relevante de la clase dirigente es la filial de Gas Natural Fenosa”, señalan desde el despacho en declaraciones al diario ALnavío.
Además, solo un día antes, la Contraloría de Colombia abrió una investigación a 47 exdirectivos de la petrolera Ecopetral y la Refinería de Cartagena (Reficar), entre los que aparecen los actuales ministros de Hacienda y Defensa. ¿El motivo? Los sobrecostos de unos 6.000 millones de dólares (aproximadamente 5.590 millones de euros) en la modernización del complejo industrial, tal como informó la agencia Reuters. Las obras de mejora de Reficar, concluidas a finales de 2015, costaron 8.016 millones de dólares (7.468 millones de euros), el doble de lo previsto cuando comenzó la construcción.
Por si fuera poco, y por primera vez en toda la historia institucional de Colombia, el Gobierno nacional decidió intervenir a finales de febrero la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable en el Departamento de La Guajira. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que la mala prestación de dichos servicios y el “despilfarro” de los recursos llevaron a las decisiones extraordinarias de “suspender la descentralización”. Según el periódico colombiano El Heraldo, añadió que se hará para “salvaguardar los bienes de los guajiros y asegurar una mejor prestación”.
“Eclipsar otras dificultades”
Vistos estos elementos, el bufete no duda en añadir que la liquidación de la filial de Gas Natural puede contribuir “a eclipsar otras dificultades, como la toma de control por parte de la administración de un departamento en la costa Caribe por desmanes económicos y corrupción, o bien escándalos como el de Reficar, que multiplica por seis el dinero perdido para las arcas públicas”. En definitiva, “son muchos elementos que confluyen para formar una tormenta monumental y que, si te permiten que las tertulias en medios de comunicación discurran por el ámbito de Electricaribe, bienvenido sea”.
“El problema que menos le importa a un sector relevante de la clase dirigente es Electricaribe” / Twitter: Electricaribe SA
Una tormenta que llega, además, en precampaña electoral. Y es que los colombianos elegirán presidente en mayo del año que viene. Teniendo en cuenta la complejidad del contexto colombiano, desde el despacho de abogados señalan que “una cabeza de turco, a veces, en algunos contextos, es la consecuencia inevitable de la proximidad de unos comicios”. Aclaran que “no es la única causa” en el caso de la liquidación de Electricaribe, pero “coadyuvante, sin duda”. Tras señalar que “el grueso de los mensajes de la intervención se ha dado en coordenadas preelectorales”, vaticinan que, aunque ahora “han cortado la cabeza” [a la española Gas Natural Fenosa], “volverán a abrir la herida en campaña para sacar el mayor rédito político”.
“La justicia por aclamación es complicada”
Pero no solo eso. Ya hay quien señala que la decisión del Gobierno colombiano sobre Electricaribe se produce para “dar satisfacción a una queja extendida”, puesto que “la percepción general es que el principal problema que tiene la costa Caribe es el suministro eléctrico. Y lo que no sirve, hay que quitarlo”. Desde Cremades & Calvo Sotelo avisan que “la justicia por aclamación es complicada”.
Ante tal situación, insisten en que “lo más necesario es contar con un ente supervisor que aplique la sanción con una independencia al menos homologable a la de una alta corte”. Es decir, “que la neutralidad no esté expuesta al clamor popular”. “Sin embargo, cuando es de libre nombramiento, como sucede en Colombia, las alarmas se encienden con más facilidad”.
Precisamente, un informe elaborado por Cremades & Calvo Sotelo advirtió del “severo retroceso” que ha experimentado la imagen de Colombia en seguridad jurídica y protección a la inversión extranjera y que ahora ha agravado la liquidación de Electricaribe. En su opinión, la entidad que sancionó a la filial de Gas Natural Fenosa no cuenta con un nivel de neutralidad homologable en el contexto internacional. “Todas las entidades de supervisión, que son aquellas que potencialmente sancionan a un operador económico en un mercado regulado, en principio deberían ofrecer, al menos, un nivel de neutralidad equiparable a nivel mundial. Ello supone, entre otras cosas, que haya un estatuto claro para su nombramiento, que intervengan distintos sectores institucionales o que no pueda ser apartado por una causa no justificada y por un procedimiento no tasado. Y esto último es lo más importante porque de las 10 superintendencias que controlan los procesos de sanción en Colombia, solo tres tienen una estructura medianamente homologable. Y la que sancionó a Electricaribe no es una de ellas”, exponen. Algo que provoca que “la incertidumbre esté servida”. “Y un país no puede darse el lujo de tener semejante nivel de incertidumbre”, zanjan al respecto.
¿Qué le espera a Electricaribe?
La respuesta no podría ser más clara: el arbitraje internacional. De hecho, poco después de anunciarse la orden de liquidación, Gas Natural Fenosa aseguró que ultima una demanda ante el Ciadi, la corte de arbitraje del Banco Mundial. En un comunicado, la multinacional española instó a las autoridades del país a que dejen sin efecto esta medida por ser “contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia” y por “impactar negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional”.
La Constitución colombiana garantiza la inviolabilidad del derecho de propiedad
“La alternativa de buscar un escenario neutral para que ese arbitraje se desarrolle con mayores garantías está abierta y Electricaribe ya ha anunciado que va a ir por esa vía de arbitraje”, cuentan desde Cremades & Calvo Sotelo. Preguntados por si este proceso podría demorarse, apuntan que no tiene por qué: “Hay casos rápidos y otros que se han retrasado”. Asimismo, el bufete guarda cautela sobre las opciones de ganar para la firma española: “El arbitraje es un mecanismo que han transitado muchas otras empresas en Colombia, Bolivia y Argentina, entre otros, y que ha llevado a una decisión razonable. Esperemos a ver cómo se desarrolla todo”.
“Expropiación indirecta”
Sobre la no indemnización a Gas Natural (Electricaribe empezará a saldar deudas, en primer lugar, por los acreedores, trabajadores y pensionados, y solo “si después de pagarles aún queda algún recurso”, sería el turno de la española), el despacho asegura que “se ha ido a una expropiación indirecta”. Tras recordar que la Constitución colombiana garantiza la inviolabilidad del derecho de propiedad y que toda limitación está sujeta a una indemnización previa, matizan que tal compensación “no se ha hecho efectiva”.
Se trata, en su opinión, de “una forma de bordear diplomáticamente y con mucha astucia la legalidad. No lo hacen por la vía directa, llamando a las cosas por su nombre puesto que la expropiación directa es mucho más gravosa por la carga política de desprestigio que conlleva”. “Los países generan mecanismos de presión que al final devalúan económicamente a la empresa, la sitúan en una circunstancia de riesgo y generan un empobrecimiento de su capital”. Y, claro, “una cosa es la venta de una empresa antes de la intervención y otra, cuando está en entredicho la credibilidad y solvencia. El mensaje que transmites es que tú lo que tienes es un pleito”.
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