Rafael Alba (ALN).- Los nuevos responsables del Ayuntamiento de Madrid han suspendido una actuación de Def Con Dos que estaba programada para las Fiestas de Tetuán. Los vetos partidistas que afectan a la contratación de artistas se extienden por todos los consistorios con independencia de su color político.
Supongo que estarán al tanto de lo poco que han tardado algunos nuevos responsables culturales de las corporaciones elegidas en las elecciones locales del pasado 26 de mayo, en introducir retoques y cambios, de mayor o menor calado, en las programaciones de espectáculos y conciertos que dejaron cerradas sus antecesores en los cargos. Decisiones que afectan a artistas previamente seleccionados para el trabajo por los hombres y las mujeres que ocupaban no hace tanto esas mismas poltronas y esos mismos despachos en los ayuntamientos españoles en los que el resultado de los comicios ha propiciado relevos de concejales y alcaldes. Pero a muchos recién llegados no les ha temblado el pulso a la hora de deshacerse de todo aquello que consideran un lastre para la imagen política que quieren proyectar. Y, por extraño que parezca, a veces este comportamiento puede tener su lógica, porque se trata de gestos de gran poder simbólico que crean precedentes y establecen posibles líneas futuras de actuación, en lo político y en lo ideológico.
A veces, incluso se trata de asuntos espinosos que hay que afrontar con rapidez, guste o no guste, para no decepcionar a la parroquia afín, que espera cambios inmediatos y suele estar muy encima de todo lo que se hace durante los 100 primeros días. Y esos despidos fulgurantes de artistas, supuestamente afiliados a las opciones políticas enemigas, entran de pronto en la misma categoría evanescente y de alta repercusión en las redes sociales en las que se agrupan otros gestos de gran calibre, como la colocación de lazos y banderas, la retirada de carteles o la suspensión temporal de algunas medidas estrella de las administraciones anteriores. Y eso que, en algunos casos, estas mutaciones de última hora en los espectáculos programados afectan a contratos previamente firmados y suponen siempre gastos adicionales, derivados tanto de la contratación de sustitutos como del pago de las correspondientes indemnizaciones que conseguirán los artistas despedidos fulminantemente tras las inevitables denuncias y los subsiguientes litigios judiciales.
Esto es así, porque por regla general los carteles de estos eventos, los festivales y los programas de los centros culturales dependientes de los ayuntamientos y el resto de las instituciones públicas suelen cerrarse con bastante antelación. Digamos que unos seis meses de adelanto por término medio. Un espacio de tiempo necesario para cuadrar la oferta cultural que pretenden ofrecer y asegurarse la participación de determinados artistas, amados por los públicos y los votantes y que, a veces, son o muy caros o muy difíciles de conseguir. Como pudimos apreciar no hace mucho, por ejemplo, en el caso de los frustrados intentos del alcalde de Valladolid, el socialista Oscar Puente, que acaba de revalidar su cargo, de contratar a Rosalía, artista a la que tuvo que renunciar por el supuesto precio prohibitivo de un show que se oferta a 500.000 euros la hora y media, al menos según la versión del asunto que este político ofreció en Twitter, cuando estalló esta polémica, allá por el mes de marzo de este mismo año.
Las bestias negras
Pero como decíamos antes, hay veces que el dinero es lo de menos. Sobre todo, cuando los gobiernos dependen de pactos en la cuerda floja, suscritos entre opciones políticas ideológicamente cercanas pero con distintos grados de radicalidad acreditados en su ADN. Tal vez por eso, algunas fuentes consultadas por este columnista se muestran convencidas, por ejemplo, de que el equipo del flamante alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estaba prácticamente obligado a suspender el concierto de apertura de las fiestas del distrito de Tetuán previsto para el viernes 5 de julio que iba a protagonizar el grupo Def con Dos, un veterano combo de profesionalidad acreditada, que mezcla con sapiencia y poderío el rap de combate y el heavy metal, bastante bueno en lo suyo, pero siempre polémico y muy poco valorado por los públicos conservadores que prefieren el pop juerguista y reivindicativo de las orgías alcohólicas y el ocio nocturno de bandas de aspecto aseadito y con pedigrí entre el pijerío como los jóvenes Taburete o los veteranos Hombres G.
Sucede que el cantante de Def con Dos –César Augusto Montaña Lehman, más conocido como César Strawberry-, es una de las bestias negras de la derecha madrileña desde hace unos cuantos años, en especial de ese influyente grupo que se mueve en las posiciones más extremas. Strawberry fue condenado en 2017 por el Tribunal Supremo, por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, unos tuits muy desafortunados en los que bromeaba sin gracia ninguna sobre asuntos muy espinosos relacionados con ETA y otros grupos armados. La sentencia no es firme porque está pendiente de un recurso de amparo admitido a trámite por la Audiencia Nacional. Y aunque esos textos cortos, suscritos a título personal, nada tienen que ver con el trabajo que desarrolla en su banda, si Martínez-Almeida hubiera corrido el riesgo de mantener a este grupo en el cartel de las Fiestas de Tetuán, el escándalo habría sido mayúsculo.
Y no sólo eso. Tal vez, incluso habría podido tener consecuencias en la difícil negociación a tres bandas que mantienen en estos momentos los líderes del PP, Ciudadanos y Vox, para conseguir que la candidata popular Isabel Díaz Ayuso se convierta próximamente en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que los Def con Dos han sido despedidos sin contemplaciones, con un impersonal comunicado en el que se asegura que el Ayuntamiento de Madrid no puede contratar a este tipo de grupos. Y eso que el cartel había sido aprobado en su momento con la connivencia de los representantes del PP y Ciudadanos en una reunión celebrada en la Junta de Distrito de Bravo Murillo, según una información publicada por el portal elsaltodiario.com. Claro que en ese momento, aún no sentían el aliento de Vox en el cogote, ni debían saber que el partido conservador radical ya había exigido la suspensión de otro concierto de la banda en El Rincón de la Victoria, un pueblo de Málaga, cuyo ayuntamiento gobierna una coalición formada por una agrupación electoral y Ciudadanos.
La responsable de Cultura no hace comentarios
Por cierto que Andrea Levy, la nueva responsable de Cultura del Ayuntamiento madrileño, ha preferido abstenerse de hacer comentarios sobre esta cuestión. Y eso que se trata de una persona habitualmente muy locuaz que lleva un tiempo intentando tranquilizar a las fuerzas vivas del sector en la capital de España. Las malas lenguas dicen que Levy asegura a todo interlocutor dispuesto a escuchar, que ni va a realizar una gestión partidista, ni va a dirigir vendettas contra los artistas afines al enemigo. Pero, desde su entorno se admite que el asunto de Def con Dos le incomoda y se recuerda que ella, una melómana moderna y hispter de gustos exquisitos, se relaciona perfectamente con figuras situadas en las antípodas de sus convicciones ideológicas. Como por ejemplo, Nacho Vegas, cantautor cercano a la corriente Anticapitalista de Podemos. El problema es que, por mucho que Levy se sienta o no molesta con determinadas decisiones, como veterana profesional de la política sabe muy bien también que hay asuntos que quedan fuera de su ámbito de decisión. Y este, probablemente, sea uno de ellos.
Pero seamos justos. Las suspensiones de conciertos y los despidos fulminantes de artistas previamente contratados no se producen sólo en las corporaciones conservadoras. También en los ayuntamientos de izquierdas se practica este deporte con total desahogo cuando hace falta. Y, a veces, hasta la misma persona puede defender una cosa y la contraria en cuestión de un par de días, si la ocasión lo requiere. Esta misma semana, sin ir más lejos, hemos sabido que el Ayuntamiento de Nules, un pueblo de la provincia de Castellón con una población de cerca de 14.000 habitantes, ha sacado sin contemplaciones de la programación de sus fiestas al estilista madrileño del reggaetón Elliluminari, famoso por sus piezas de alta sensibilidad lírica y gran calado poético, como Perra o Sin Condón, entre otras. En este caso, el motivo de la anulación del concierto se relaciona con el machismo de las letras de unas canciones que acumulan millones de visionados en YouTube y que no disuadieron al equipo del gobierno municipal anterior, dirigido por David García, el mismo alcalde, pero cuya mayoría se sustentaba en una coalición de fuerzas diferentes.
Y García, que tampoco está por la labor de jugarse el cargo por una cuestión tan baladí como esta, asegura ahora que la anterior encargada de Cultura contrató al rapero sin consultar con nadie. Él está de acuerdo con la suspensión del evento que se ha decidido ahora, porque “con las canciones también se educa a la población”. En fin, quizá no convenga convertir las excepciones en la regla. Por muy llamativas que estas resulten. Pero por si alguien lo dudaba, parece que una vez más vuelve a quedar claro que los intereses partidistas condicionan por completo la contratación de los artistas. Aunque a lo mejor, tampoco es para tanto. O eso piensan algunos profesionales de colmillo retorcido, que hace ya mucho tiempo que encontraron el antídoto perfecto para anular este veneno, casi desde la década de los 70 del pasado siglo, cuando llegaron los primeros ayuntamientos democráticos al país. Por lo visto, se trata de tener buenos amigos en todos los partidos y de ser todo lo obsequioso que haga falta con ellos. Eso sí, siempre con la máxima discreción posible. Y también conviene estar listo para coger la próxima ola. Porque si te vetan en los ayuntamientos de los unos, la publicidad que consigues con esas prohibiciones te puede proporcionar muchos contratos en los de los otros. Nadie dijo que ganarse la vida con la música fuera fácil, amigos.
(Publicado originalmente el 9 de julio de 2019)