Pedro Benítez (ALN).- En Argentina es un escándalo pero en Venezuela domina la resignación y hasta la indiferencia. En el conocido esquema donde todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros, el proceso para aplicar la famosa vacuna rusa Sputnik V en esos países es un privilegio donde domina la opacidad, la confusión y el divorcio absoluto de lo que se predica con lo que se hace.
El asunto de la distribución discrecional de las vacunas rusas a sus clientelas políticas ha retratado a los gobiernos de Venezuela y Argentina. Sus respectivos gobernantes tienen como principal afición pontificar sobre la desigualdad, los privilegios y la exclusión que, en su versión de las cosas, dominaban en la gestión de sus predecesores, así como en el resto del mundo. Pero, como se podrá apreciar en estos días, lo que predican no se corresponde con lo que practican. Luz para la calle, oscuridad para la casa.
No obstante, hay que decir que el tema en cuestión no se ha desarrollado de la misma manera en los dos países. Las circunstancias de Alberto Fernández son distintas a las de Nicolás Maduro. En Argentina hay un escándalo. Maduro no tiene que tomarse esas molestias; hace rato que no practica aquella máxima según la cual la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud.
Desde que el 11 de agosto pasado Rusia anunció que los científicos de ese país habían conseguido una vacuna contra el covid-19, el gobierno ruso le dio a este logro un manejo claramente político, al mejor estilo de la competencia que dominó los años de la Guerra Fría. Hoy se sabe que la Sputnik V, elaborada por el prestigioso Instituto Gamaleya de Moscú, es una excelente vacuna contra el covid-19. La desconfianza que inicialmente generó en el resto del mundo fue consecuencia de las ansias del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, esto mismo fue lo que entusiasmó a sus potenciales clientes en Argentina y Venezuela.
De hecho, el gobierno del presidente Alberto Fernández fue el primero fuera del área de influencia inmediata de Rusia en embarcarse para adquirir un buen lote de la Sputnik V, sin esperar que fuera aprobada por su propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ni a la publicación por parte de los rusos de la Fase III de su desarrollo.
Y así como Putin ha hecho un uso político de la Sputnik V, sus clientes al otro lado del mundo han hecho lo mismo.
En vísperas de la Navidad pasada el gobierno de Fernández hizo de los vuelos de Aerolíneas Argentinas que iban y venían entre Moscú y Buenos Aires, con las dosis salvadoras, toda una gesta nacional. Entonces ocurrió el primer tropiezo. Putin admitió públicamente que no se había vacunado porque la Sputnik V no se ha probado en los mayores de 60 años.
La noticia cayó como una bomba en la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Fernández les había impuesto a sus conciudadanos la segunda cuarentena más larga y rigurosa de América, sólo por detrás de Venezuela, que, a la luz de los resultados, estaba muy lejos de ser exitosa.
Eso obligó a su ministro de Salud, Ginés González García, a cerrar apresuradamente una negociación con Pfizer-BioNTech por un millón y medio de sus vacunas para el primer trimestre del 2021. El mismo laboratorio al que, por cierto, había acusado poco antes de intentar imponer “condiciones inaceptables”.
Sin embargo, las cosas parecían haberse acomodado para Fernández cuando la revista médica The Lancet publicó la Fase III del estudio sobre la vacuna rusa, con una efectividad de 91,6%, que era aceptada por la comunidad científica internacional.
Así fue como en medio del entusiasmo de los partidarios y funcionarios de su gobierno, la agrupación política de izquierda kirchnerista La Cámpora anunció su plan para impulsar una “vacunación militante”. Otra vez, el uso político y partidista de una crisis de salud pública.
Lo que no se supo hasta esta semana es que en el gobierno de Fernández se estaba aplicando la vacuna de manera discrecional a sus cuadros políticos más importantes antes que a médicos, personas mayores o pacientes de riesgo. Gobernadores, ministros, intendentes, diputados, aliados, amigos y familiares. Sin importar la edad, fueran mayores de 60 años o menores de 20. Hasta el embajador de Argentina en Brasil, el excandidato presidencial del kirchnerismo en 2015, Daniel Scioli, se vacunó. También lo hicieron el senador oficialista Jorge Taiana, el sindicalista Hugo Moyano, su esposa y su hijo de 20 años. Es decir, una élite privilegiada.
Vacunación VIP
El escándalo “vacunatorio VIP” reventó cuando el periodista Horacio Verbitsky comentó a una radio que había sido vacunado por su amistad con el ministro. La reacción inicial de Alberto Fernández fue destituir a Ginés González como ministro de Salud. El presidente calificó el incidente como “un hecho reprochable”.
En un intento por hacer control de daños, el Ministerio de Salud argentino publicó posteriormente una lista con los nombres de 70 altos funcionarios vacunados por ocupar “cargos estratégicos”.
Por su parte, el presidente Fernández ha intentado restarle gravedad al tema, aunque eso no sea coherente con la destitución de su ministro. Mientras tanto, según van divulgando los medios argentinos, el número de los privilegiados es mucho mayor que la lista de los 70. Jóvenes militantes de La Cámpora, por ejemplo, se han vacunado contra el coronavirus en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires de manera pública en plan de victoria.
El agua derramada es difícil de recoger. Una ola de indignación recorre Argentina, una sociedad sometida a varios meses de duro confinamiento, con más de dos millones de contagios y 51.000 fallecidos por el covid-19.
Pero el shock ha sido constatar que ni ante una cuestión de vida o muerte un gobierno kirchnerista pueda cambiar sus hábitos. El privilegio, la opacidad, el divorcio absoluto de lo que se predica con lo que se hace. Y, de paso, responder a las críticas negando los hechos, mintiendo o acusando a los medios de exagerar. Nada que implique rendir cuentas.
Al otro extremo de Suramérica, Nicolás Maduro no tiene esos problemas. Con total naturalidad anunció que entre los primeros vacunados con las 100.000 Sputnik V que han llegado al país (sólo para 50.000 personas) se encuentran los miembros de su Movimiento Somos Venezuela, junto con todo el personal sanitario.
“Tenemos que buscar el método para que el Movimiento Somos Venezuela se reanime con todas las medidas de bioseguridad”, ha dicho.
De modo que lo tiene claro. Sabe a quienes tiene que atender. A los que lo sostienen en el poder. A esta hora ya se sabe en Venezuela que los 277 diputados de la Asamblea Nacional de abrumadora mayoría oficialista están recibiendo sus respectivas dosis.
El plan propuesto por el gobierno de Maduro, que ha inmunizado a menos del 10% del personal sanitario, excluye a las personas de la tercera edad.
No obstante, a diferencia de Argentina en Venezuela no hay un escándalo por eso. En los grandes medios tradicionales priva la censura y las críticas circulan por las redes sociales. Del resto, entre los venezolanos domina la resignación y hasta la indiferencia. Maduro puede hacer lo que quiera.
Es el conocido esquema donde todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros.
Mientras tanto, a Argentina sólo ha llegado un millón de los 15 millones de vacunas que Putin y Fernández habían acordado. Y por supuesto muy lejos de los cinco millones de vacunas que el gobierno argentino tenía estipuladas para iniciar su plan de vacunación antes del 31 de diciembre. En Venezuela sólo van 100.000 de los 10 millones de dosis acordadas con Rusia.
Mentiras, vacunas y privilegios.
