Antonio José Chinchetru (ALN).- En un intento de poner algo de orden en las deficitarias cuentas públicas brasileñas, Michel Temer quiere emprender uno de los mayores procesos privatizadores en la historia del país. Con todas las alarmas encendidas por la gravedad del caso Odebrecht, es muy probable que el Ejecutivo de Brasilia active todos los mecanismos posibles para garantizar que la venta de las empresas todavía públicas se haga con la mayor transparencia posible y evitando cualquier sospecha de corrupción.
Cuando queda poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el 8 de octubre de 2018, el mandatario de Brasil, Michel Temer, ha anunciado una oleada de privatizaciones y adjudicaciones de gestión de infraestructuras que afectará a 57 compañías públicas. Entre ellas figuran algunas de gran tamaño. Ejemplo de esto último es Eletrobras, la mayor eléctrica de toda Latinoamérica. El objetivo del presidente es aportar algo de alivio a las arcas públicas, que se encuentran en una situación muy grave.
En este tipo de procesos, el riesgo de amiguismo y corrupción nunca deja de estar presente. Buen ejemplo de ello son las ventas de empresas públicas argentinas durante el mandato de Carlos Menem en los años 90 del siglo pasado o las privatizaciones en la Rusia postsoviética, donde antiguos jerarcas del PCUS se convirtieron rápidamente en millonarios. Sin embargo, en este caso, el peligro es muy reducido.
El objetivo de Temer con la oleada de privatizaciones es aportar algo de alivio a las arcas públicas
El investigador principal sobre América Latina del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud, ha dicho al diario ALnavío: “Los precedentes de la situación brasileña hacen ser bastante cautelosos; pero, al mismo tiempo, las privatizaciones realizadas durante la época de Fernando Henrique Cardoso fueron un proceso bastante exitoso en líneas generales. Hubo algunos problemas, pero no se caracterizaron por ello”. A esto ha añadido: “Los controles existentes en Brasil podrían funcionar de manera bastante eficaz”.
En opinión de Malamud, Odebrecht, el mayor caso de corrupción en Latinoamérica registrado hasta el momento, que además tiene su epicentro en Brasil, no va a afectar de forma negativa al proceso de privatizaciones. “Más allá del caso Odebrecht, la economía brasileña sigue funcionando. Mantiene atractivos para los inversores extranjeros y, en ese sentido, la inversión sigue llegando”.
El investigador del Real Instituto Elcano señala que “Odebrecht proyecta un cono de sombra sobre los políticos brasileños, pero no creo que tenga una gran influencia”. A esto añade que, de hecho, puede tener el efecto positivo de que se aumenten los controles para que haya mayores garantías de limpieza y transparencia en las privatizaciones.
Difícil trámite parlamentario
Antes que un más que remoto riesgo de corrupción, el analista cree que el proceso de privatizaciones tendrá que hacer frente a otros problemas. El principal de ellos es la falta de tiempo para ponerlo en marcha, puesto que los plazos para aprobarlo son cortos ante la celebración de elecciones en apenas un año.
En este periodo tiene que superar un trámite parlamentario que no se presenta fácil para el presidente brasileño. En palabras de Malamud: “Va a depender del peaje al gobierno que quieran cobrar los parlamentarios brasileños. El voto de los diputados fue importante para que Temer eludiera el juicio por corrupción que le habían planteado. Habrá que ver ahora qué peaje le cobran a él como contrapartida de esto”.
La clave puede ser, en su opinión, la distribución del dinero que la administración pública gane con las privatizaciones: “Cuánto va al gobierno federal, cuánto va a los estados, etcétera”. Este reparto de los ingresos puede ser el aspecto del proceso en el que los parlamentarios decidan cobrar el ‘peaje’ a Temer.
Déficit público disparado
Con el país sumido en dos años de recesión, la hacienda pública se encuentra en la peor situación en más de década y media. Según los datos ofrecidos por el Banco Central de Brasil, el déficit público primario (que no incluye el dinero destinado a pagar los intereses de la deuda) se disparó hasta los 35.183 millones de reales (11.288 millones de dólares / 9.465 millones de euros) al cierre del primer semestre de 2017. Se trata del peor dato semestral desde 2002, año en el que se comenzó a medir el déficit fiscal con criterios más rigurosos.
Carlos Malamud: “Odebrecht proyecta un cono de sombra sobre los políticos brasileños”
El saldo negativo acumulado en los últimos 12 meses hasta junio ha sido de 167.198 millones de reales (53.680 millones de dólares / 45.015,6 millones de euros). Esta cifra equivale al 2,62% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. El Gobierno fijó a mediados de agosto sus objetivos de déficit fiscal primario para este año y el que viene hasta los 159.000 millones de reales (51.022 millones de dólares / 42.796 millones de euros) en cada ejercicio.
En esta situación, las privatizaciones anunciadas podrían dar un poco de alivio a las arcas públicas. El Ejecutivo de Temer estima que, sumándolas a las ya puestas en marcha, podría recaudar por esta vía cerca de 44.000 millones de reales (14.118,5 millones de dólares / 11.844,7 millones de euros).