María Rodríguez (ALN).- Cinco de los principales empresarios nicaragüenses mantuvieron un encuentro con Daniel Ortega. ¿El objetivo? Reanudar la negociación entre el régimen de Ortega y la oposición. Esta no se lo pondrá fácil. Ya ha fijado condiciones previas, entre ellas, liberar a los centenares de presos políticos y permitir la total libertad de prensa y manifestación. Mientras, la economía de Nicaragua sufre las consecuencias de la crisis. Tanto que en 2019 el PIB del país podría contraerse hasta 10,9%.
La vuelta al diálogo nacional entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición, suspendido desde junio de 2018, puede estar más cerca. Este fin de semana se dio un primer paso. Ortega y su mujer, Rosario Murillo (también vicepresidenta del país), sostuvieron un encuentro con un grupo de empresarios privados en presencia de dos prelados de la Iglesia Católica. ¿El objetivo de este “intercambio”? “Empezar una negociación” sobre temas importantes para el país, según informó un boletín de prensa del régimen de Ortega.
Tras el encuentro, los empresarios difundieron un comunicado en el que plantean al régimen de Ortega y a la oposición propiciar con urgencia una negociación que permita una solución “rápida, efectiva y creíble” a la crisis del país, pero con base en objetivos democráticos e institucionales, según publica el diario nicaragüense La Prensa.
“Nuestros únicos objetivos con esta iniciativa fueron abrir las puertas para reanudar la negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica, así como trasladar al Gobierno la urgencia de abordar los planteamientos de la sociedad civil y la comunidad internacional para resolver la crisis y trabajar en los objetivos democráticos e institucionales que le den al país viabilidad política y económica de largo plazo”, plantearon los empresarios.
El documento está firmado por cinco de los más destacados empresarios de Nicaragua: José Antonio Baltodano, Carlos Pellas, Roberto Zamora, Ramiro Ortiz y Juan Bautista Sacasa.
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Los opositores al régimen de Ortega dijeron estar abiertos a entablar negociaciones, pero fijaron condiciones previas. Entre ellas la libertad de más de 700 personas a las que consideran “presos políticos”, la total libertad de prensa y de manifestación, y el desmantelamiento de grupos paramilitares que se asociaron con las fuerzas de seguridad en la represión mortal del año pasado contra los manifestantes, según recoge el portal Infobae.
Los disturbios comenzaron el 18 de abril con protestas contra una reforma a la seguridad social que habría reducido las prestaciones y aumentado los impuestos a los trabajadores y empleadores. El conflicto político se multiplicó en alcance y creció tras la violenta represión por parte de las autoridades. Según cifras de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos en las protestas murieron al menos 545 personas.
Mientras se aclara si se reabre o no el diálogo nacional, la economía de Nicaragua sufre las consecuencias de la crisis. Según el Banco Mundial, el Producto Interior Bruto del país se contrajo 4% en 2018, después de varios años creciendo a un ritmo de 4,5%. Este año, el PIB caerá entre 7,3% y 10,9%. Son los cálculos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social teniendo en cuenta las sanciones impuestas al país por Estados Unidos.
