Daniel Gómez (ALN).- El gobierno de Iván Duque presentó en el Congreso una reforma tributaria con la que pretende recaudar 6.200 millones de dólares, equivalente al 2% del PIB. La pandemia ha dejado en Colombia un hueco fiscal que quiere llenar con un nuevo sistema de impuestos, y mayores tasas de IVA. Esto último es lo que más ha molestado a los ciudadanos, que han salido a protestar en el pico de la pandemia. Pero su lista de reclamos va más allá.
Para este jueves se espera otra movilización masiva en Colombia.
El Comité Nacional del Paro -el organismo que ha estado detrás de las manifestaciones ocurridas en el país desde finales de noviembre de 2019, cuando se vivieron varias jornadas de intensas protestas- avisó que regresarán a las calles, tal como hicieron este miércoles.
Las movilizaciones, masivas, comenzaron como respuesta al ajuste tributario presentado en el Congreso la semana pasada por el gobierno de Iván Duque. Una reforma que fundamentalmente afectará al precio de la cesta de la compra al subir el IVA.
Sin embargo, esto sólo fue el detonante.
“La ciudadanía reclama que el gobierno nacional deje la soberbia e indolencia, proteja efectivamente a los líderes y lideresas sociales, implemente el acuerdo de paz, fortalezca la atención en salud, acelere la vacunación, garantice la renta básica de un salario mínimo, la matrícula cero y el apoyo para las pequeñas empresas, y respete las garantías democráticas”, dijo el Comité Nacional del Paro un comunicado.
Esta batería de reclamos podría resumirse en tres:
El problema de Colombia con los líderes sociales
Colombia es el país de América Latina con el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados. De 2016 en adelante, más de 400 líderes han sido víctimas de mafias y grupos armados, según la Fiscalía.
Otras instituciones colombianas como Cumbre Agraria, Indepaz y Marcha Patriótica, aseguran que más de 1.000 líderes han sido asesinados.
Aunque Duque y sus ministros han sido críticos contra los criminales, se han echado en falta medidas de protección por parte del gobierno, según advierten desde Naciones Unidas y Human Rights Watch (HRW).
“Es muy importante que las instituciones del Estado estén coordinadas para investigar y juzgar eficazmente todos los casos de asesinatos, amenazas y ataques contra defensoras y defensores, líderes y lideresas sociales en Colombia”, advirtió en febrero la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el país, Juliette de Rivero.
“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina. Mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios. El gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, dijo también en febrero el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La implementación de los acuerdos de paz
Este punto está relacionado con el anterior.
La defensa de los líderes sociales es uno de los puntos que contempla el acuerdo de paz firmado por Colombia con las FARC en 2016. Acuerdo que Duque, pero en especial su partido, ha criticado y no ha aplicado en su totalidad. De ahí que aún falten aspectos por tratar, como reforzar la presencia del Estado en los territorios antes dominados por la guerrilla.
“Desmantelar los grupos generadores de violencia contra líderes y lideresas sociales, lo que implica también la adopción de una política de desmantelamiento de estos grupos a través de la comisión de garantías de seguridad”, dijo Juliette de Rivero.
En abril, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó estar gravemente preocupado por la situación de violencia en Colombia.
“Es imposible exagerar la urgencia de frenar la violencia contra excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto, líderes sociales y defensores y defensoras de los derechos humanos. Insto una vez más a todas las entidades del Estado a que se movilicen decididamente para mejorar la prevención, la protección y la respuesta a estas amenazas”, dijo Guterres.
Esta última petición del secretario general de la ONU no era otra que la implementación efectiva de los acuerdos de paz.
“Para que el sistema tenga éxito en la defensa de los derechos de las víctimas y en sentar las bases de la reconciliación, es necesario que excombatientes, miembros de la Fuerza Pública y terceros en el conflicto proporcionen un relato exhaustivo y veraz de los crímenes cometidos, reconozcan sus responsabilidades y contribuyan a la reparación. También es esencial que todos los actores respeten la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que esta pueda desarrollar su labor, y que quienes puedan aportar información sobre el paradero de las personas desaparecidas colaboren con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas”, afirmó.
Qué pasa con las vacunas
Avina, una fundación con sede en Chile para fortalecer las instituciones de Latinoamérica, advirtió esta semana los retrasos en los planes de inmunización que sufrían la mayoría de los países de la región.
Aunque Colombia no es de los peores, todavía le harían falta 85 semanas para tener vacunada a toda la población, según cálculos de Avina. Esto está muy lejos de las 10 semanas que le faltarían a Chile, ejemplo mundial por su velocidad inmunizando, pero también lejos de países como Brasil, al que le faltarían 38 semanas; Argentina, con 50; y México, con 53.
Aquí Duque está siendo víctima de las cadenas de distribución globales, colapsadas ante la enorme demanda. De ahí que la semana pasada lanzara la siguiente advertencia: “Desafortunadamente estamos expuestos a que tengamos de pronto algún retraso, o una especie de brecha, porque se aplicaron como primeras dosis segundas dosis en algunos lugares”.
La buena noticia es que este lunes arribó al país un millón de dosis de la fórmula china, Sinovac.
Arde Colombia por las protestas
Siendo fundamentalmente los asesinatos de líderes sociales, la falta de avances en la implementación de los acuerdos de paz y los retrasos en el plan de vacunación las polémicas que golpean a Duque, el detonante de todo fue la reforma tributaria presentada la semana pasada en el Congreso.
El gobierno sostiene que la pandemia generó un desequilibrio en las cuentas públicas de Colombia y que será necesaria una mayor recaudación para tapar el agujero fiscal. Los planes sociales previstos para 2021 requieren un gasto público 22% superior al de 2020.
Para recaudar más impuestos el gobierno propone elevar en 1,5% la recaudación al tiempo que se reduce la evasión en 1,1%.
El objetivo es sumar 6.200 millones de dólares en ingresos fiscales, equivalente al 2% del PIB, para hacer frente a las nuevas medidas sociales, así como para garantizar un ingreso mínimo vital a los hogares más pobres.
Entre las medidas contempladas en la reforma está la ampliación de la base del impuesto a la renta. Se sugiere que los colombianos que cobren más de 670 dólares mensuales tendrán que pagar un impuesto a la renta. Antes esto era obligado a partir de los 950 dólares.
Esta fue una de las medidas que más molestaron. Como también el fin de las extensiones al impuesto sobre las ventas, el IVA, con el que esperan recaudar más de 4.000 millones de dólares.
La reforma fiscal también sugiere un incremento “solidario y temporal” a las rentas más altas.
El caso es que, aunque el gobierno sostiene que la subida de impuestos es necesaria, y que afecta a todos los estratos sociales, las clases medias y bajas se sienten las más perjudicadas. Y como estas son la mayoría, salen a protestar.
Es importante recordar que las movilizaciones del miércoles comenzaron de forma pacífica. Miles de personas al son de las batucadas lanzaban reclamos y consignas contra el gobierno. Pero la situación se fue descontrolando por culpa de una minoría.
En Bogotá y Medellín hubo disturbios. Pero las imágenes más impactantes tuvieron lugar en Cali. Hubo saqueos, se quemaron bancos, derribaron estatuas, volcaron autobuses…
“Rechazamos la gran cantidad de acciones represivas de la fuerza pública, en especial del Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios], dirigidas a disolver e impedir las movilizaciones, el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones de varios manifestantes, los actos que provocaron heridas a decenas de personas”, dijo el Comité Nacional del Paro al respecto de las protestas, sin desistir en sus intentos de continuar con la movilización. Movilización que ocurre en plena tercera ola de la pandemia. Los registros de las últimas 24 horas hablan de 17.500 nuevos contagios y 436 fallecimientos.
Duque, por su parte, ha dicho que “las aglomeraciones de hoy pueden ser las UCI que se estarán solicitando dos semanas más adelante”.
También definió como “vandalismo criminal” los actos de violencia. “La violencia no nos va a resolver ninguno de los retos que tenemos que enfrentar como país”, dijo este miércoles el presidente.
