María Rodríguez (ALN).- Cristina Álvarez es miembro del Observatorio que tiene el Instituto Casla en España. Una plataforma dirigida por la abogada venezolana Tamara Sujú para promover los derechos humanos en América Latina. En esta entrevista con el diario ALnavío, Álvarez subraya que lograr el estatus de protección temporal “sería un gran alivio” para todos los venezolanos que llegan a España. Pero advierte: “Nadie está pidiendo regalos. Simplemente la oportunidad de trabajar, sobrevivir y progresar”.
El Instituto Casla, con la sede central en República Checa, analiza políticas de desarrollo económico, social e institucional que promuevan los derechos humanos en América Latina. Está dirigido por Tamara Sujú, abogada venezolana que aportó declaraciones clave en un extenso informe de la Organización de Estados Americanos para acusar al presidente venezolano Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya (Leer más: La joven abogada (Tamara Sujú) que llevará a Maduro a la Corte Penal).
En España, el Instituto Casla también tiene un Observatorio. Cristina Álvarez, venezolana, es miembro de esta plataforma. Y como otras reseñadas por el diario ALnavío (como la ONG Un Salvavidas para Venezuela y la asociación Estudiantes Venezolanos en España), esta organización también apoya la petición del estatus de protección temporal para los venezolanos que llegan a España (Leer más: Por qué el estatus de protección temporal puede ser un salvavidas para los venezolanos en España).
En esta entrevista con el diario ALnavío, Álvarez subraya que lograr el régimen de protección temporal “sería un gran alivio” para todos los venezolanos en España. Pero advierte: “Nadie está pidiendo regalos, ni vivir del Gobierno español. Esto no es un regalo. Simplemente pedimos que les abran la oportunidad de trabajar, de sobrevivir y de progresar en España y hacer que este país siga progresando”.
“A la gente le ha tocado huir, que es muy diferente a emigrar”
“El venezolano nunca ha sido persona de emigrar. Se trata de la huida de un país en guerra. Vemos todos los días una persecución constante, torturas sistemáticas, detenciones y allanamientos. A la gente le ha tocado huir, que es muy diferente a emigrar por las razones que sean”, detalla Álvarez.
¿Cómo beneficiaría a los venezolanos tener ese estatus de protección temporal? “Obviamente darles ese estatus es una posibilidad de que por lo menos durante un año puedan trabajar y hacer algo que les ayude a mantenerse mientras se regularizan todos sus papeles”, subraya Álvarez.
“Definitivamente todos los venezolanos queremos volver a nuestro país. Venezuela es un país que le ha dado oportunidades a millones de personas en el mundo. Y estoy segurísima de que al caer este régimen dictatorial se abrirán las posibilidades de reconstruir un país mejor”, aventura Álvarez.
Preguntada por si cree que se conseguirá esta petición, duda, pero “se está luchando por eso”, añade. “Obviamente se debe apoyar. Además, es un beneficio también para el Gobierno español. Le estás dando la posibilidad de que la gente trabaje, que produzca para el país de acogida y evitas el trabajo en negro. Es beneficioso para ambas partes”, insiste.
Por todo ello, Álvarez está de acuerdo con Salvador Pimentel, abogado penalista venezolano y director de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, en que es un tema “definitivamente humanitario” (Leer más: La protección temporal a los venezolanos en España “no es una posición política sino humanitaria”).
Más iniciativas para lograr la protección temporal
A través de la plataforma change.org, Cristina Isacura, directora de la firma Isacura Asociados, recoge firmas para que se adopte este estatus. Aquí el enlace a la petición.
La idea surgió mientras la venezolana, directora del bufete y especializada en Extranjería y Derecho Internacional (ha trabajado más de una década para ONGs), investigaba para una tesis universitaria sobre la situación de los refugiados. Un estudio que defendió como Trabajo Final de Máster en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid hace un par de meses, según explicó Isacura al diario ALnavío.
“Es actualmente el único instrumento jurídico viable que permitirá la regularización de aquellos a los cuales no se les aplique el Estatuto de Refugiado y no tengan opciones o alternativas de visados”, asegura Isacura en la descripción de la petición de change.org.
