María Rodríguez (ALN).- Salvador Pimentel, abogado penalista venezolano y director de la Liga Española Pro-Derechos Humanos, apoya que en España se aplique el estatus de protección temporal para los venezolanos. En esta entrevista con ALnavío explica que el éxodo masivo es imparable y que lo mejor será adoptar una solución que beneficie tanto a quienes llegan como al país de acogida.
Salvador Pimentel es director de la Liga Española Pro-Derechos Humanos y miembro del Foro Penal Venezolano. En esta entrevista con el diario ALnavío defiende la fórmula del estatus de protección temporal para los venezolanos que llegan a España. Una petición que la ONG Un Salvavidas para Venezuela, dirigida por William Cárdenas, envió hace unas semanas al gobierno de Pedro Sánchez (Leer más: Por qué el estatus de protección temporal puede ser un salvavidas para los venezolanos en España).
Que se apruebe esta fórmula “no es una posición política sino humanitaria”, subraya Pimentel. Un abogado penalista que se siente “muy protegido” por el Gobierno actual “porque ha sido muy abierto desde el punto de vista humano en la protección a las personas”. Hace referencia así a la acogida por parte de España del buque Aquarius con más de 600 inmigrantes y refugiados a bordo, rescatados en aguas del mar Mediterráneo el pasado junio.
Pimentel añade que “sin lugar a dudas, Venezuela sobrepasa los elementos que justifican el éxodo masivo de personas”. Recuerda que, en cuatro años, “del país han salido más de tres millones de venezolanos, 10% de la población”. Y exclama: “Eso es un éxodo masivo”.
El gobierno de Sánchez “ha sido muy abierto desde el punto de vista humano en la protección a las personas”
Este abogado venezolano explica que este fenómeno está en expansión y no se va a parar. En este sentido, declara: “Tenemos que tomar cartas en el asunto para que podamos tener un beneficio común”.
Pimentel se refiere a los beneficios de este estatus. Y es que, en caso de que se concediese la protección temporal para los venezolanos, estos obtendrían -por un año, prorrogable a otro- un permiso de trabajo, además de permiso de residencia, asistencia sanitaria, etcétera.
“Los permisos de trabajo no solamente evitarían el trabajo ilegal, incorporarían a más personas a cotizar a la Seguridad Social, se integrarían de la mejor manera posible en la sociedad y dejarían de ser una carga para convertirse en un apoyo del Estado”, concluye Pimentel.
Más iniciativas para lograr la protección temporal
A través de la plataforma change.org, Cristina Isacura, directora de la firma Isacura Asociados, recoge firmas para que se adopte este estatus. Aquí el enlace a la petición.
La idea surgió mientras la venezolana, directora del bufete y especializada en Extranjería y Derecho Internacional (ha trabajado más de una década para ONGs), investigaba para una tesis universitaria sobre la situación de los refugiados. Un estudio que defendió como Trabajo Final de Máster en Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid hace algo más de un mes, según explicó Isacura al diario ALnavío.
“Es actualmente el único instrumento jurídico viable que permitirá la regularización de aquellos a los cuales no se les aplique el Estatuto de Refugiado y no tengan opciones o alternativas de visados”, asegura Isacura en la descripción de la petición de change.org.
