(EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este miércoles que la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de avanzar a la fase de investigación en el caso abierto contra su país «reivindica el derecho a la justicia» para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad.
«La apertura formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad por parte de la Corte Penal Internacional reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares», dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.
Tras una visita al país del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, el ente a su cargo determinó «que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma», según recoge un acuerdo firmado por esa entidad y el Gobierno.
El memorando también recoge que Venezuela «interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación».
El documento también recoge que en la fase preliminar «no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona».
Al respecto, el exparlamentarió venezolano ratificó el compromiso del sector opositor que representa en colaborar con la investigación que adelanta la CPI contra el país caribeño.
«Ratificamos nuestra lucha por la justicia y nuestro compromiso en este sentido: colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad», indicó.
Establecer «responsabilidades penales»
Además, subrayó que el respaldo que ofrece también busca el «establecimiento de responsabilidades penales individuales en toda la cadena de mando» del Gobierno de Venezuela.
Este miércoles, el fiscal de la CPI concluyó una visita de tres días a Caracas, como parte de su agenda de trabajo sobre el examen preliminar que realiza la corte a Venezuela por las denuncias de delitos de lesa humanidad contra el Estado, relacionadas a las manifestaciones de 2017.
En febrero de 2018, comenzó el proceso en esa corte por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
La exfiscal de la CPI Fatou Bensouda adelantó, antes de dejar el cargo, que existían «fundamentos razonables para creer» que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero la decisión de abrir la fase de investigación reposaba sobre los hombros de Khan.
