(EFE).- La prostitución regresó de súbito a la agenda política española esta semana después de que el partido socialista -que gobierna en coalición con la formación también de izquierda Unidas Podemos-, anunciara su intención de abolir esta actividad, que se encuentra en un limbo legal en el país.
Es por ello que asociaciones contrarias a esta práctica demandan una ley integral, ya que en España no está prohibido su ejercicio si son adultos quienes la ejercen de manera consentida, aunque sí se persigue la explotación sexual de un tercero, de un menor de edad, o de personas con discapacidad mental.
España es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, una actividad que mueve cerca de 18.000 millones de euros anuales en el país, donde entre el 20 y el 40% de los hombres reconoce haber pagado por sexo, según datos del observatorio internacional de lucha contra la prostitución «Fundación Scelles».
Un negocio lucrativo para mafias y proxenetas, que involucra a entre 300.000 y 500.000 mujeres, según las estimaciones más altas, y donde una inmensa mayoría de ellas es víctima de trata, de acuerdo a los informes del observatorio.
De salir adelante esa iniciativa, España seguiría el modelo de Suecia, cuya legislación al respecto incluye medidas como la de multar a los clientes.
De momento el primer escollo se encuentra dentro del propio Gobierno. Los socios de los socialistas no ven viable sacar adelante la propuesta en esta legislatura, y apuestan por fortalecer la educación para reducir el consumo mientras que prefieren no multar a los clientes.
LA ABOLICIÓN, UN LARGO PERO «NECESARIO» CAMINO
Desde hace décadas varios colectivos han pedido a los gobiernos españoles una ley integral para acabar con la prostitución que persiga a los proxenetas, acabe con la trata y proteja a las mujeres, ofreciéndoles también una alternativa laboral.
Entre ellos se encuentra la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), que demanda una «política abolicionista» que de «alternativas» a estas mujeres con «programas integrales especializados que vayan desde la detección a la completa inserción».
«Necesitamos un texto legal, herramientas para que ninguna mujer sea mercantilizada, porque no se puede comprar y vender a mujeres y niñas y tratarlas como mera mercancía», declara a EFE la directora de Apramp, Rocío Mora.
Mora critica que la ley no haya llegado aún a pesar de que ya se ha dado un largo debate que ha dejado «conclusiones, aportes de expertos y cifras claras».
«España ha evolucionado mucho, pero tiene algo pendiente, una ley integral» que contemple «una prevención afectivo sexual con modelos que eduquen a nuestros jóvenes para que no sean potenciales puteros en un futuro» o «trabajar para buscar» a las víctimas y no dejar «la responsabilidad de la denuncia en la espalda de las mujeres», explica.
DIVISIÓN ENTRE PARTIDOS, EN EL GOBIERNO Y EN LOS COLECTIVOS
Mora incide en que «todos los partidos tienen que llegar a un acuerdo» para lograr una ley integral y critica que hasta ahora haya habido «muchas» formaciones que no hayan querido entrar al debate.
En esa línea, insiste en que «las soluciones están ya encima de la mesa»: «hay que legislar, debatir entre prohibir, legislar o abolir es perder el tiempo, para acabar con todo esto tenemos que penalizar todas las formas de proxenetismo para que nadie pueda abrir un sitio y tener esclavizadas a las mujeres».
La directora de Apramp señala al modelo de Suecia como sistema a imitar, donde según datos oficiales se redujo drásticamente el número de clientes así como el de prostitutas, penalizando a los clientes y tratando a las mujeres prostituidas como víctimas y no como delincuentes.
«Sin demanda no hay oferta», zanja Mora.
VOCES EN CONTRA DE LA MEDIDA
El sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS tilda la propuesta de «unilateral» ya que, según denuncian, el Partido Socialista la ha presentado sin hablar con los colectivos contrarios a esta política.
«Se están equivocando de pleno, me parece catastrófico para nuestro colectivo, es una amenaza y un chantaje: o desistís en vuestra principal fuente de ingresos o vamos a por vosotras», cuenta a EFE Belén, secretaria de organización.
Para el sindicato, el sistema sueco que multa a los clientes, «no funciona» y que aunque «quede muy bonito para fuera» es «una forma soterrada» de «persuadir y poner en peligro» a estas mujeres: «si multas al cliente le estás dando el poder, porque te puede decir que él corre riesgo y exigirte más cosas, precios irrisorios o prácticas que no harías de otra manera».
Para ellas, esta medida «no tendrá el apoyo de la sociedad» y confían en que lo largo del trámite parlamentario termine por impedir su aprobación: «la prostitución no va a dejar de existir, lo único que hacen es hacerla más clandestina».
