Rogelio Núñez (ALN).- La actual polarización y la división política paralizan a los países de América Latina que se hallan atrapados en un cepo del que no parecen capaces de salir. La situación social (elevada frustración de expectativas) y económica (ralentización y crisis) latinoamericana conduce a que los países deban acometer profundas reformas estructurales surgidas y apoyadas por amplios consensos. Sin embargo, esa polarización y esa división que invaden la política latinoamericana actual detienen cualquier iniciativa de cambio estructural.
Las reformas se alzan como la herramienta para que la economía deje de estar sumida en la parálisis (Latinoamérica va a crecer en 2019 por debajo del 1%), lo que ha desembocado en un creciente malestar ante el deterioro de las expectativas de mejora. Situación que se ha traducido en disturbios y masivas manifestaciones como las vividas en Santiago de Chile y Ecuador.
Parálisis económica y malestar social
Este malestar social nace de una economía paralizada que no brinda suficientes oportunidades de mejora en cuanto al status socioeconómico. La caída del precio de las materias primas desde 2013) ha puesto en evidencia las debilidades estructurales de la matriz productiva latinoamericana, basada en la exportación de productos primarios sin elaborar. Esta apuesta, que funcionó durante la “Década Dorada” (2003-2013), en la actual coyuntura ya no resulta funcional para vincularse a la IV Revolución Industrial.
El FMI calcula un crecimiento para la región de tan sólo el 0,2% en 2019:
La naciones latinoamericanas no se están subiendo al tren del cambio de matriz productiva y se han quedado atrapadas en la trampa de los países de ingresos medios ya que no han acometido las ineludibles reformas estructurales que hagan a sus economías más productivas y competitivas por medio de inversión en innovación, capital físico (infraestructuras y logística) y humano (educación) con el objetivo de diversificar exportaciones con mayor valor añadido y vinculadas a las grandes cadenas de valor mundial.
Un dato que ejemplifica esta ausencia de reformas y su consecuencia directa es el deterioro que sufre la región a la hora de implementar políticas públicas que contribuyan a facilitar hacer negocios en estos países, dato que mide el Banco Mundial en su ranking conocido como el Doing Bussines. En cuanto a América Latina cabe destacar que la mayoría de los países ocupan las posiciones bajas de la tabla y que casi todos han perdido competitividad en este aspecto de la facilidad para hacer negocios entre el ranking del 2019 y el del 2020.
De los 22 países analizados -menos Cuba-, la mayoría de los latinoamericanos, además de Haití, Puerto Rico, y Trinidad y Tobago, 13 se encuentran por debajo de la mitad de la tabla (la cual incluye 190 naciones) y ninguno se sitúa entre los 50 primeros:
Además, los países de la región han ido perdiendo posiciones en estos últimos años por la ausencia de reformas estructurales. 15 de los 18 países latinoamericanos han bajado posiciones en el Doing Bussines en este año.
Ese estancamiento económico alimenta el creciente malestar social. Un desapego ciudadano de larga data ante un Estado ineficiente que no es capaz de poner en marcha políticas públicas eficaces en seguridad, transporte, educación o sanidad, ni garantizar la transparencia en la lucha contra la corrupción. Y, sobre todo, que no recupera las elevadas tasas de crecimiento de la Década Dorada (2003-2013), lo que disminuye las oportunidades de mejora social para amplios sectores de las clases medias y los sectores populares.
Martín Hopenhayn explica cómo los países latinoamericanos han cambiado profundamente desde los años 80 pero al final no han sido capaces de encauzar las expectativas, lo cual ha degenerado en una extendida frustración: “(Hay) dos consideraciones que se complementan, se tensan, y creo que terminan de explicar lo que pueda tener, hasta ahora, de explicable este estallido. La primera es que Chile cambió, en tres décadas, de manera acelerada. Un país con una secular cultura del privilegio, y con ciudadanos de primera y segunda categoría, generó movilidad social como nunca antes, ensanchó su clase media, difundió mayor conciencia sobre derechos ciudadanos, incrementó el bienestar general, produjo un salto cuántico en años de escolaridad y en conectividad digital. La segunda consideración es que todo eso trajo, también, una espiral de expectativas que el mismo progreso alentó, y un sentido distinto sobre los derechos propios –y, consecuentemente, progresiva exasperación ante una cultura de privilegios que siguió imperando en una parte de la sociedad-. Se sabe que la movilidad trae expectativas de movilidad. El ‘Chile real’ acumuló bronca porque la democracia no ha sido expediente ni de redistribución del poder ni de redistribución de la riqueza”.
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La subida de tarifas en Chile y en Ecuador no es la raíz de las protestas que han tenido lugar sino el catalizador que convirtió el preexistente caldo de cultivo (insatisfacción por las brechas sociales, degradación de la calidad de vida y el bienestar, y falta de oportunidades) en un estallido social. Chile, la economía modélica por crecimiento sostenido, capacidad de reducir la pobreza y que aspiraba a codearse con las naciones más desarrolladas del mundo, esconde otra realidad: la del aumento de las desigualdades y la reducción de beneficios sociales junto con la existencia de una clase media con sueldos bajos y con acceso sólo a deficientes servicios (seguridad, salud, educación y transportes).
Manuel Alcántara señala que “cuando la política institucional es incapaz de gestionar el conflicto, cuando el Estado de derecho se mece al albur de intereses espurios o de agentes desprolijos, cuando la izquierda confunde liberación con hegemonía y ambas con exclusión, cuando la clase política solo mira en términos del corto plazo, cuando un determinado grupo social quiere imponer sobre el resto un rotundo modelo de vida, cuando la alienación de ciertos sectores vislumbra que solo lo heroico tiene sentido, cuando el espacio público es vituperado y concebido como un lugar de abuso, cuando hay personas que no tienen nada que perder porque su vida se mueve entre la anomia y lo lumpen, cuando hay individuos que hacen negocio con los sentimientos de otros, cuando uno estima que su identidad es superior a la del vecino que, además, le inspira desprecio, cuando los medios de comunicación están felices por involucrarse en la fiesta por aquello de la necesaria y urgente cobertura, entonces hay gente en la calle”.
Ausencia de reformas
Pero las reformas no acaban de llegar, lo cual prolonga esta coyuntura desfavorable.
No llegan en primer lugar porque desde 2017 la región atraviesa por un largo periodo electoral, tiempo que suele ser poco propicio para los cambios. Ha habido 15 elecciones presidenciales entre 2017 y 2019.
Como era de prever el trienio electoral 2017-2019 se alzaba como un periodo en el que eran muy reducidas las posibilidades de que los países latinoamericanos llevaran a cabo reformas estructurales.
Y así ha ocurrido. Las urnas y las dinámicas propias de los procesos electorales se han transformado en un obstáculo para introducir esos cambios profundos por el alto costo político que conllevan para los gobiernos y la clase política.
Se trata de unas reformas que persiguen vincular a la región con la IV Revolución Industrial para hacer a las economías latinoamericanas más competitivas y productivas, más diversificadas, con exportaciones con mayor valor añadido, basadas en la innovación, vinculadas a las grandes cadenas de valor y con políticas públicas más eficaces y eficientes.
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Existen muchas situaciones diferentes en cada país latinoamericano, pero todas se resumen en algún tipo de parálisis reformista:
a-. Bien por la existencia de gobiernos que están de salida y en la recta final de mandato (Uruguay, Guatemala, El Salvador y Panamá) o Ejecutivos que acaban de asumir (México y Brasil).
b-. Bien porque se encontraban, hasta ahora, en plena campaña (Argentina y Bolivia).
c-. Inmersos en un colapso económico-social y crisis institucional (Venezuela) o político (Nicaragua).
d-. O carecen de respaldo suficiente en el legislativo: Costa Rica, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.
En segundo lugar, los gobiernos que han salido de estas citas ante las urnas han resultado ser minoritarios, débiles y carentes de la fuerza necesaria al no contar con respaldo suficiente en Legislativos divididos y fragmentados.
Como apunta Carlos Malamud, “en los tres casos (Bolivia, Argentina y Uruguay) los parlamentos salidos de las urnas están muy fragmentados. El MAS de (Evo) Morales no podrá aportarle a su jefe de filas las tremendas mayorías que le garantizaron un gobierno sin problemas en los mandatos anteriores… En caso de llegar a gobernar (Daniel) Martínez en Uruguay, el Frente Amplio estará en minoría y deberá pactar con una oposición crecida… es en Argentina donde la negociación será más necesaria pero también más difícil”.
En tercer lugar, la ausencia de acuerdos y de una común visión de país obstaculiza la puesta en marcha de una agenda reformista. Triunfa, por el contrario, la polarización, y la dinámica política queda enfangada en estériles peleas. De hecho, en la mayoría de los países predomina la política de los “anti”: en Argentina (kirchnerismo vs antikirchnerismo), en Perú (fujimorismo vs antifujimorismo), en Ecuador (correísmo vs anticorreísmo), en Venezuela (chavismo vs antichavismo) etc.
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Thomas Trauman señala que “en esta nueva sociedad polarizada, donde los argumentos son reemplazados por gritos, la posibilidad de un consenso es casi nula. En un entorno polarizado, los candidatos tratan a sus oponentes como enemigos a extinguir. El deseo de cada lado del espectro político de aplastar al otro lado es a veces mayor que el deseo de la victoria misma. Las alternativas moderadas pueden reducirse, y los votantes terminan eligiendo un lado del ring. El país puede terminar en un atolladero. Sí, se podría argumentar que los verdaderos líderes ayudarán a la sociedad a sanar sus heridas y seguir adelante. Pero los políticos así son difíciles de encontrar hoy en día”.
Sin un proyecto común de país y voluntad política de alcanzar acuerdos las reformas estructurales quedan paralizadas o no logran prosperar.
Alejandro Katz apunta, en referencia a Argentina, pero con validez a escala regional, que hay “dos desafíos de igual magnitud… resolver la pobreza y reducir la escandalosa desigualdad, y terminar con la conducta anómica que impera en nuestro país, instalando el gobierno de la ley como principio ordenador. Ninguno de ambos desafíos podrá cumplirse en una sociedad fracturada. Reconstruir la amistad cívica es, entonces, la tarea urgente de los próximos tiempos”.
