(EFE).- La estadounidense de origen mexicano Melissa Lucio es una de las 199 personas a la espera de ser ejecutadas en el estado de Texas y una de las 3.260 en el corredor de la muerte en Estados Unidos, donde la pena capital sigue robando vidas cada año, a pesar de encontrarse en claro retroceso.
De los 50 estados del país, 23 han abolido la pena de muerte, con Virginia convirtiéndose en 2021 en el último en prohibir este castigo. Otros tres han puesto en pausa las ejecuciones: California, Oregon y Pensilvania.
Activistas contra la pena capital aseguran que se va imponiendo una continua erosión a largo plazo de la pena capital en la mayor parte del país, pero al mismo tiempo sigue detectándose una «conducta extrema» de un número cada vez menor de «jurisdicciones atípicas» que siguen dictando sentencias de muerte y ejecutando a los condenados.
Destacan que 2021 fue el año con menos personas ejecutadas desde 1988, según la ONG «Death Penalty Information Center» (DPIC ) dedicada a recabar información sobre las injusticias en torno a la aplicación judicial de la muerte, aunque advierte de que la reducción también guarda relación con la ralentización del sistema judicial provocada por la pandemia.
En Estados Unidos, la decisión de poner fin a la vida de un procesado puede ser solicitada tanto por la Fiscalía federal como por los fiscales locales de los condados en los 27 estados donde la pena sigue vigente.
«Estamos viendo cómo la pena de muerte desaparece lentamente. De hecho, desde 2007, la han abolido once estados», asegura a Efe Robert Dunham, director ejecutivo de DPIC, que insiste en que «la mitad de las personas en el corredor de la muerte en los Estados Unidos provienen de solo el 1,2 % de los condados del país».
Dunham precisa que «hay una serie de estados que tienen un historial de uso discriminatorio del sistema judicial y del derecho penal y, en su mayoría, también arrastran un legado de esclavitud, de linchamientos y de segregación».
«En esos estados, estamos viendo cada vez más secretismo en la forma en que ejecutan la pena de muerte, y continuamente se ven juicios y procesos de apelación injustos», agrega desde Washington en una conversación telefónica.
Durham, que aclara que su ONG recoge datos y no se posiciona sobre la pena capital, dice que la única forma de que ésta desaparezca es a través de un fallo del Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces son conservadores y partidarios de mantener la máxima pena.
«Con la composición actual del tribunal, creo que tendrá que pasar al menos una generación para que la pena de muerte pueda ser declarada inconstitucional», concluye.
Fallas del sistema
Dunham subraya que en teoría, la pena de muerte solo debería reservarse para «el peor de los peores crímenes y -en expresión de la Corte Suprema- cometido por la persona moralmente más culpable».
«Pero las evidencias muestran que las personas que están siendo enviadas a la muerte tienden a ser aquellas que padecen una enfermedad mental y tienen discapacidad intelectual; o, a veces, son víctimas de abusos crónicos que han afectado al desarrollo del cerebro», asegura.
Por lo que ser condenado a muerte en Estados Unidos, subraya, no depende del crimen en sí, sino del lugar en el que se cometió, del momento y de la raza del acusado.
«Cuando los fiscales emiten juicios sobre si deben pedir la pena de muerte en un caso determinado, las cifras muestran que las vidas de los blancos son más importantes para ellos que las vidas de los afroamericanos, los latinos, los nativos americanos u otras personas de color», subraya el experto, que apunta que una persona procesada en los años 90 tenía hasta cuatro veces más posibilidades de ser condenado a muerte por un crimen que en la actualidad.
El factor económico
En su despacho en Austin (Texas), la directora ejecutiva de la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte, Kristin Cuellar también menciona el nivel económico del acusado como uno de los factores clave que contribuye a inclinar la balanza.
«La gran mayoría de las personas en el corredor de la muerte están representadas por un abogado de oficio designado por el tribunal porque son indigentes y no pueden pagar a su propio letrado, y eso ha llevado a una imposición de sentencias extremadamente injusta», dice, rodeada de literatura, documentos y carteles contra la pena capital.
Además, insiste a Efe en que «los fiscales son realmente el eje del sistema de justicia penal en sus condados, son ellos quienes deciden qué castigos buscar y por esa razón tenemos un sistema de justicia tan salvajemente dispar en todo el país».
Inocentes ajusticiados
Dunham está convencido de que entre las 1.543 personas ejecutadas en Estados Unidos desde 1976 hay decenas de inocentes, pero confiesa que solo puede demostrarse claramente en algunos casos, porque en su mayoría no se han seguido estudiando.
También apunta que en estos años, 186 personas que fueron condenadas a muerte erróneamente han sido exoneradas.
«Pero, como te dirían los exonerados, ellos conocen a muchas personas que se han quedado en el corredor de la muerte, que son inocentes y que todavía están allí», apunta.
Aunque advierte de que no es un proceso fácil, ni justo, en el que entre otras muchas cosas, depende la experiencia y seriedad de los abogados que le tocan a los acusados.
Texas, el estado con más ejecuciones
«Texas es con mucho el estado con más ejecuciones en Estados Unidos», explica Cuellar, antes de aclarar que incluso en esta región, de sus 254 condados, más de la mitad no la ha impuesto nunca.
En concreto, desde 1982 las autoridades texanas han arrebatado la vida a 573 personas.
Sin embargo, apunta que en los últimos siete años ha habido menos de diez sentencias capitales al año, una cifra que, comparada con las 48 sentenciadas emitidas en 1999, supone «un extraordinario descenso».
Por las injusticias, las fallas del sistema, la arbitrariedad, su ineficacia y también por lo costoso que resulta a las autoridades que lo aplican, Cuellar se muestra convencida de que este castigo tiene los días contados.
«Sí, creo que se abolirá la pena de muerte, seguirá en esta fase, seguirá siendo una lucha estado por estado; pero estamos viendo un tremendo movimiento que se aleja del uso de la pena de muerte en todo Estados Unidos», concluye.
