Ysrrael Camero (ALN).- Al tiempo que múltiples movilizaciones retan al gobierno de Iván Duque en Colombia y se clarifica la configuración de una Convención Constitucional en Chile, el escenario social y político de América Latina para el segundo semestre de 2021 y el año 2022 se presenta conflictivo. La pandemia del covid-19 ha acelerado procesos de cambio social y político en la región que no son fruto de una conspiración, sino expresiones de un mar de fondo de malestar ciudadano que las instituciones deberán encauzar.
Las sociedades latinoamericanas son altamente vulnerables frente a los choques externos, lo que se relaciona fundamentalmente con la tradicional dependencia respecto a la exportación de sus materias primas en el mercado global, como a su desigual desarrollo institucional.
La lotería de bienes ha marcado la historia económica, social y política de la región. En tiempos en que los principales productos de exportación, materias primas como el cobre o el petróleo o productos alimenticios como la soja, son adquiridos a buen precio y en grandes cantidades, el crecimiento de los ingresos genera olas de prosperidad y una relativa estabilidad política. Por ejemplo, el boom de los commodities estuvo vinculado con la marea rosa de principios del siglo XXI.
Sin embargo, cuando los mercados globales se deprimen, se reduce la compra de dichos productos o su precio, la caída de los ingresos estimula el crecimiento del malestar social, que se puede expresar en manifestaciones y protestas, impulsando también coyunturas de cambio político y movilización.
Durante los últimos años las sociedades latinoamericanas han sido impactadas por dos importantes choques externos. En primer lugar, el fin del ciclo expansivo de los commodities, la caída del precio de sus principales productos de exportación, lo que trajo consigo una reducción de los ingresos, que repercutió en un descenso de la prosperidad en la sociedad. El ascenso de gobiernos más conservadores se vinculó a una mayor austeridad económica, correlato del fin de las “vacas gordas”.
Sin embargo, el crecimiento del malestar social y político no sólo se expresó en cambios políticos y electorales, sino también en el incremento de la conflictividad en la calle, el crecimiento de las movilizaciones que retaron a los sistemas políticos.
El detonante fue distinto en cada país, las protestas podían tener signos políticos distintos, incluso contradictorios si buscamos obtener un mapa global. En 2014, 2017 y 2019 las movilizaciones pro-democracia en Venezuela fueron respondidas con represión, violencia y autocratización por el régimen de Nicolás Maduro, que parecía consolidarse como una nueva dictadura en la región.
En 2019 coincidieron las masivas protestas contra el intento continuista de Evo Morales en Bolivia, con movilizaciones en las calles de Chile, que exigían un cambio del sistema político y del modelo económico. Ese año se caracterizó por una sucesión regional de marchas y concentraciones con desencadenantes diversos, con un repertorio que hablaba de la historia local, y con un reto similar a los gobiernos: exigencias de cambio.
El gran choque
El cambio de ciclo tuvo expresiones económicas y sociales. Entre 2002 y 2012 la pobreza en la región había descendido de un 45,4% a un 28,8%. De acuerdo a la Cepal el número de pobres descendió de 229 millones en 2002 a 162 millones en 2014. Sin embargo, a partir de 2015 se revirtió la tendencia, aumentando el número de pobres hasta llegar a 187 millones en 2019 (un 30,5%), de los cuales 70 millones se encontraban en pobreza extrema (11,3%).
Sin embargo, no queda duda de que el impacto que la pandemia global del covid-19 ha tenido en América Latina y el Caribe es superior a cualquier otro choque durante el siglo XXI. A febrero de 2021 se calculaban más de 21 millones de casos en la región, con más de 600.000 muertes. El año 2020 cerró con una caída del PIB regional del -7,7%, una caída superior a la que sufrió la región durante la Gran Depresión de 1930-1932, mientras que el comercio internacional latinoamericano cayó en 13%.
Incremento del desempleo, caída de los salarios y de los ingresos familiares, aumento de la pobreza y de la desigualdad son las consecuencias más directas de la pandemia. La pobreza extrema creció en 2020 de un 11,2% a un 15,6%.
Este impacto se trasladará sin duda a una mayor movilización social, a la generalización de las protestas de calle, de manifestaciones que tendrían detonantes concretos derivados de la coyuntura de cada país, y cuyo recorrido dependerá fundamentalmente del repertorio histórico de las sociedades y de la capacidad de cada sistema político para asimilar, integrar y encauzar las nuevas exigencias de los ciudadanos.
No es lo mismo… pero viene en ola
Acá podemos percibir las diferentes respuestas que los Estados latinoamericanos están dando a la protesta social, que probablemente seguirá durante lo que reste del año 2021 y se extenderá durante 2022.
En los sistemas democráticos el malestar social y las necesidades de cambio de diversos sectores sociales terminan teniendo un cauce institucional. La protesta es parte normal de la política democrática, en la medida en que se expresa generalmente en términos pacíficos, sin que deje de ser un reto para las élites políticas. Aquellos que protestan exigen cambios, y unos procesos electorales competitivos pueden ser la ocasión propicia para ellos.
Efectivamente en democracia la protesta puede derivar en episodios de violencia en las calles, pero la respuesta represiva del Estado, realizada en términos de proporcionalidad y con respeto a los Derechos Humanos, contribuye a restablecer la vigencia de un orden público libre, que es inherente al mismo ejercicio de la democracia, que se expresa en un espacio público que el Estado está obligado a preservar.
La primera respuesta a las movilizaciones que conmovieron a Chile desde octubre de 2019 fue represiva; sin embargo, el gobierno chileno muy pronto facilitó la creación de un cauce institucional, presionado por los sectores que se movilizaban, hacia la redacción de un nuevo texto constitucional.
El 25 de octubre de 2020 se realizó un referéndum para convocar una Convención Constitucional. Entre el 15 y el 16 de mayo de 2021 los chilenos eligieron a los 155 integrantes de dicho órgano colegiado, que redactará un nuevo texto constitucional, que sustituirá a la Constitución de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La configuración de la Convención Constitucional refleja un cambio importante en la opinión pública. Los partidos que han sido dominantes durante el período democrático, tanto los que pertenecen a la Concertación, como el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, como los de la derecha, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, no han obtenido la mayoría de los escaños. Sectores ubicados más a la izquierda, así como independientes, marcarán el espíritu del nuevo texto constitucional, que parece dejar atrás todo un período de la vida institucional chilena.
La propuesta de realizar una reforma tributaria y fiscal en Colombia, en el marco de la pandemia, derivó desde el 27 de abril en una escalada de protestas y manifestaciones de rechazo, que desembocaron en un Paro Nacional que se extendió en el mes de mayo. Aunque la mayoría de las protestas eran pacíficas la violencia no tardó en aparecer. La respuesta del Estado colombiano, donde coexiste una dilatada tradición institucionalista con un largo conflicto armado, fue desproporcionada en varias ocasiones. La escalada de violencia derivó en la muerte de 42 manifestantes y dos policías, así como en 1.700 manifestantes heridos, y 1.049 policías heridos, así como en la destrucción de bienes públicos.
La crítica a los episodios de violación de los Derechos Humanos, así como al uso desproporcionado de la fuerza contra las manifestaciones, fueron globales e inmediatas. El gobierno de Iván Duque retiró la propuesta de reforma e inició un diálogo con el Comité Nacional del Paro, sin que estas conversaciones deriven en cambios concretos todavía. Es probable que el ciclo de movilizaciones tenga una influencia determinante en las elecciones presidenciales de 2022.
En contraste, en los regímenes autoritarios la represión y criminalización de la protesta pretenden aplastar de manera violenta toda disidencia, incrementando los riesgos y costos de las movilizaciones, los asesinatos de manifestantes, los presos políticos, el exilio, interior y exterior, es parte de una respuesta sistémica de una élite autoritaria, como en los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
La política de control social que el régimen cubano ha implantado durante seis décadas en la isla inhibe la realización de protestas autónomas. La persecución contra el Movimiento San Isidro en 2020 y 2021, la intransigencia de las autoridades cubanas ante las exigencias de libertad política y cultural, reflejan el aspecto más oscuro de la represión castrista.
Tanto en Nicaragua como en Venezuela las protestas masivas han sido reprimidas con ferocidad por los gobiernos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, la violación de los Derechos Humanos es cotidiana y los presos políticos llenan las cárceles. A pesar de ello, la pervivencia de procesos electorales parece brindar una oportunidad para la movilización masiva que podría impulsar un cambio futuro.
Como ocurrió tras el gran crack de 1929 es probable que una caída económica tan profunda como la que ha causado la pandemia en la región, termine impulsando importantes cambios políticos. Articular las libertades políticas y civiles, la democracia política, con la creación de sistemas de protección social efectivos, universales e inclusivos, parece ser la agenda que se podría abrir paso.
