Pedro Benítez (ALN).- El anuncio del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, de un acuerdo con el gobierno de Nicolas Maduro a fin de reanudar las expulsiones directas de venezolanos que crucen en forma ilegal la frontera sur de ese país con la intención de permanecer en su territorio, es otra señal del creciente proceso de entendimiento que viene desarrollándose entre la Casa Blanca y Miraflores desde marzo de 2022. Proceso que, a su vez, apunta a un destino muy concreto: el restablecimiento pleno de las relaciones consulares y comerciales entre los dos países.
En estos momentos la causa de este anuncio es el incesante e incontrolado flujo migratorio del que lamentablemente son protagonistas y víctimas los venezolanos, y que ha llevado al presidente Joe Biden a autorizar la construcción de un tramo de muro en la frontera con México en un intento por contenerlo. Por cierto, la misma oferta electoral (incumplida) que en su día tanto se le criticó a Donald Trump
No es la primera vez que la Administración Biden amaga con devolver a los migrantes venezolanos. Hace justamente un año hubo otra crisis similar cuando los gobernadores republicanos de Florida (Ron DeSantis) y de Texas (Greg Abbot) comenzaron a enviar inmigrantes, en su mayoría venezolanos, hacia las ciudades del norte de ese país. El primero en avión a Martha’s Vineyard, un famoso lugar de veraneo en Massachusetts; el segundo en autobuses a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington. En respuesta, el presidente estadounidense afirmó que no era racional deportar a migrantes “a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua”.
Un cambio de opinión
Pero, con las encuestas en la mano y faltando tres semanas para las elecciones del Congreso, Biden cambió de opinión. Entonces Mayorkas aseguró que devolvería a México a todos los venezolanos que fueron interceptados cruzando ilegalmente la frontera aplicando el polémico el Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia por Trump que los demócratas también criticaron bastante. Pero en mayo pasado esa normativa expiró y con ella el flujo se reinició con más fuerza.
Entre un año y el otro hay dos diferencias importantes; por una parte, que, en esta ocasión, la presión contra Biden ha venido desde sus propias filas, concretamente de la ciudad de Nueva York, bastión demócrata que se queja de tener 120 mil inmigrantes solicitando asilo, y las críticas a la política de sanciones hacia el gobierno de Venezuela por parte de la representante al Congreso por distrito correspondiente al Bronx y Queens, Alexandria Ocasio-Cortez.
La inmigración, un arma arrojadiza
En Estados Unidos el tema de la inmigración es un arma política arrojadiza entre los dos grandes partidos.
La otra diferencia es que los enviados de Biden ahora han puesto, evidentemente, el tema en la mesa de negociación con Maduro. Esto nos trae a Venezuela, porque mientras la opinión pública, las redes sociales y los círculos políticos han fijado en los últimos días su atención en el tira y afloja efectuado entre la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con muchas suspicacias sobre las auténticas intenciones del ente comicial, la negociación maestra sobre el país no se desarrolla entre esas dos instancias sino entre los enviados de Biden y de Maduro.
Por debajo de la mesa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) va otorgando, renovando y ampliando licencias que le permiten operar en Venezuela a compañías como Shell y Chevron. Así, por ejemplo, hace apenas un mes la heredera de la mítica Royal Dutch Shell, la Compañía Nacional de Gas Natural de Trinidad (NGC) y PDVSA acordaron crear una empresa mixta bajo el esquema de ganancias compartidas a fin de comercializar el gas de la costa afuera del golfo de Paria en yacimientos limítrofes entre los dos países. Eso, con el visto bueno de la OFAC que a principios de este año ya le había dado otra licencia a la NGC para hacer negocios con Venezuela.
Escándalo destapado
Recordemos, además, que son las crecientes operaciones de Chevron en el país las responsables de casi todo el incremento de los 70.000 bpd de petróleo en lo que va del año, con el objetivo de alcanzar los 200.000 para finales del 2024.
En medio del desabastecimiento generalizado de gasolina que padece el país, la incapacidad de sus aliados iraníes de levantar el parque refinador nacional, más la falta de apoyo financiero de los hermanos chinos, así como la competencia rusa en los mercados asiáticos, a donde el también hermano Putin dirige sus exportaciones de crudo huyendo de las sanciones occidentales, para Maduro y su gente resulta como insustituible la zanahoria que le ofrecen los enviados de Biden.
A todo lo anterior agreguemos un detalle, todavía nadie, fuera el círculo de poder (a lo mejor allí dentro tampoco lo saben a ciencia cierta), tiene precisión de la magnitud del desfalco ocurrido con los envíos de petróleo por parte de la administración anterior de PDVSA. Escándalo destapado, como se podrá recordar, desde el alto gobierno y en cual cayó en desgracia una de las más connotadas personalidades del régimen.
Necesidad de legitimidad
De modo que al frente de un Estado quebrado y de un país arruinado, necesitado de “legitimarse” en una elección presidencial y ante la ausencia de mejores alternativas, para Maduro mejorar todo lo que pueda su relación con Estados Unidos es prioridad número uno en este momento. Al menos por ahora, luego se verá.
Por su parte, y a raíz de la invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022, los asesores de Biden llegaron a la conclusión de que les convenía llegar a un arreglo pragmático con Maduro. De hecho, entre esa fecha y la primera reunión en Miraflores entre Juan González, James Story, Roger Carstens, por un lado y Maduro, Jorge Rodríguez, y Cilia Flores, por el otro, sólo transcurrieron 11 días. 5 marzo.
De allí en adelante vinieron las licencias a Chevron y los gestos de buena voluntad. Nada de lo que ocurre en la vida política venezolana se puede comprender sin seguir el curso de esa negociación. Si habrá o no primaria, si será con o sin el apoyo técnico del CNE, etc.
Maduro tiene algo que los estadounidenses quieren, y ellos lo que él necesita. No hay que quitarle la vista a la pelota, por allí la jugada. Al jefe de lo que queda de la revolución bolivariana le gustaría salir de ese juego, pero en Pekín ya le dijeron que no tiene alternativas.
A eso se suma el tema del descontrolado flujo migratorio de venezolanos. Al respecto, ¿con quién hay que hablar en Caracas para ver qué se hace? Con Maduro, elementalmente.
Potencial petrolero
Tal como ocurrió hace poco más de un siglo, cuando en medio de la Primera Guerra Mundial comenzaba a vislumbrarse el potencial petrolero del subsuelo venezolano, todos los elementos empujan a un acercamiento por intereses comunes entre Estados Unidos y Venezuela. Salvando las distancias entre tiempos y personajes, fuerzas similares y otras nuevas están operando hoy en el mismo sentido.
El ex presidente dominicano Joaquín Balaguer decía que frente a la república del norte, su país estaba “geopolíticamente condenado”. De la patria de Bolívar se puede afirmar lo mismo.
Como se ha venido advirtiendo, la interminable crisis venezolana no está en las prioridades del mundo. En ese sentido, el actual o el próximo inquilino de la Casa Blanca no tendrá mayores inconvenientes en entenderse con Maduro. Si lo ha hecho Biden, más rápido lo haría Trump, que tiene menos escrúpulos, siempre y cuando se le garantice el regreso de las compañías petroleras estadounidenses a Venezuela.
La progresiva normalización de las relaciones entre los dos países es un proceso inevitable que está desarrollándose a la vista de todos. Ante esa realidad la oposición venezolana tiene sólo dos balas: votos y unidad.
Depende de ella misma y de nadie más.
