Pedro Benítez (ALN).- En La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, la oposición boliviana ha vuelto a las calles. Los adversarios de Evo Morales consideran la prisión de Jeanine Áñez bajo los cargos de “sedición y terrorismo” por haber propiciado un “golpe de Estado” en octubre de 2019 como un acto de retaliación política y el anuncio de que se les viene una ola de persecución. Una nueva etapa de confrontación política no augura un ambiente de estabilidad y sosiego para el gobierno de Luis Arce.
El gobierno del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, comenzó de manera auspiciosa en noviembre pasado. Pocas horas después de su elección afirmó que “si Evo Morales quiere ayudarnos, será muy bienvenido. Pero no significa que Morales estará en el gobierno. Será mi gobierno”. Esa declaración llevaba una promesa implícita, dejar atrás los años de confrontación política y concentrarse en recuperar la economía boliviana. Esa era, después de todo, la carta fuerte de quien había sido un exitoso ministro de Economía devenido ahora en flamante mandatario.
Pero en el curso de la última semana la política boliviana ha dado un giro drástico, aunque no totalmente inesperado. A solicitud formal de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, un tribunal de instrucción en lo penal ordenó la prisión preventiva por cuatro meses de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y los exministros de su gobierno Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, bajo los cargos de “sedición y terrorismo” por haber propiciado un “golpe de estado” contra el expresidente Evo Morales en octubre de 2019.
Esto ha sido suficiente para encender (una vez más) la mecha del conflicto político en Bolivia. En cuestión de horas la oposición boliviana volvió a las calles de La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.
Los adversarios de Evo Morales y el MAS, envalentonados por sus éxitos electorales en las recientes elecciones regionales y municipales, han dejado de lado sus tradicionales disputas para unirse en torno a una causa. Los expresidentes y excandidatos Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Luis Fernando Camacho consideran esta decisión de la justicia boliviana como un acto de retaliación política y el anuncio de que viene una ola de persecución.
Para la oposición boliviana la elección presidencial que Jeanine Áñez convocó en acuerdo con la bancada del MAS en el Senado, y que Luis Arce ganó, con el reconocimiento de todos los grupos políticos, fue una tregua no escrita. Tregua que ahora los que están en el poder rompen.
Por su parte, los dirigentes del MAS, encabezados por Evo Morales, no desisten en su acusación de que en su contra hubo un golpe de Estado, seguido por una dictadura que durante un año los persiguió.
En este punto hay que decir que no existe argumento válido que impida que Áñez, como cualquier otro expresidente, sea investigada y procesada judicialmente por hechos ocurridos bajo su gestión. Hay una investigación abierta por el supuesto sobreprecio en la compra de unos respiradores en España para enfermos críticos de coronavirus (ella cesó a un ministro por ese escándalo), y también tiene en su contra denuncias por violación de derechos humanos en la represión contra los partidarios de Evo Morales en los primeros días de su mandato.
Pero acusarla por haber participado en un supuesto golpe de Estado tiene otras implicaciones políticas que afectan la legitimidad del actual presidente Luis Arce. Porque resulta ser que al momento de la renuncia de Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, Jeanine Áñez, como segunda vicepresidenta del Senado (ante la renuncia de la titular de la Cámara), estaba en la línea de sucesión presidencial de acuerdo a lo que establece la Constitución boliviana, tal y como el propio Tribunal Constitucional de Bolivia avaló pocas horas después.
Además, ella pactó con la representación del MAS en el Senado la ley que convocó las elecciones presidenciales que ganó Arce. Si fue ilegítima, pues él también lo es.
El doble rasero
Sin embargo, esto no ha detenido la máquina de justicia, o venganza, según el cristal con que se mire. La Fiscalía ha solicitado órdenes de detención contra otros exministros de Áñez, así como para el excomandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, y el exjefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.
A todos se les acusa de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su participación en las revueltas de septiembre y octubre de 2019.
Otro de los acusados por el supuesto “golpe de Estado” es Luis Fernando Camacho, líder de las protestas en Santa Cruz en aquella ocasión y ahora recién elegido gobernador de ese departamento. Por este camino toda la oposición boliviana terminará sometida a proceso judicial. No se vislumbra un ambiente de estabilidad y calma para el gobierno de Arce.
No deja de llamar la atención el doble rasero con que ciertos hechos políticos bastante similares son evaluados. En 2003 el entonces dirigente cocalero Evo Morales encabezó la violenta ola de protestas que desestabilizaron el gobierno (elegido democráticamente) del exexpresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, nadie llamó a aquello un golpe de estado. Pero ya sabemos, en política lo que es bueno para unos, no lo es para los otros.
Desde entonces Evo Morales fue muy hábil en usar la conflictividad política a su favor. Hasta octubre de 2019.
Puede haber una razón de fondo en esta inesperada arremetida judicial. Cuando un gobierno tiene problemas crea una crisis. Luego de cuatro meses de mandato a Luis Arce los problemas y reclamos se le acumulan rápidamente. El número de casos de coronavirus se multiplica sin que avance el programa de vacunación. De paso, una semana antes de la detención de la expresidenta interina, su partido, el MAS, perdió ocho de las 10 principales ciudades bolivianas en las elecciones regionales y municipales.
Así que la táctica de convertir a un país en un ring de boxeo es una excelente idea para desviar la atención de los problemas realmente importantes, tal y como una y otra vez demostraron durante los últimos tres lustros mandatarios como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa o la pareja Kirchner. A falta de resultados, buenas son las peleas.
