Daniel Gómez (ALN).- Ejecuciones extrajudiciales, violaciones y crímenes coordinados por altos cargos del Estado, torturas… Son algunos de los crímenes que la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas en Venezuela atribuye al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora esta pide una rendición de cuentas, tanto al Poder Judicial del país, que se encuentra en entredicho, como a la Corte Penal Internacional.
La Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas en Venezuela señala directamente a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, como el ministro de Interior, Néstor Reverol, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, de coordinar y consentir crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, este miércoles en Ginebra.
Valiñas agregó que “lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
El informe señala directamente al “presidente Maduro y los ministros de Interior y Defensa”. Ellos “tenían conocimiento de los crímenes, dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
Ejecuciones extrajudiciales
La Misión de la ONU investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que 5.094 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad.
Naciones Unidas critica que muchas de estas muertes no han sido juzgadas, ni se han pedido responsabilidades por ellas. Incluso hay casos en los que altos funcionarios elogiaron públicamente operaciones que resultaron con civiles muertos.
“Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen”, dijo Marta Valiñas.
Represión selectiva
La Misión de la ONU identificó cómo un alto número de políticos y civiles contrarios al gobierno fueron encarcelados por presuntas rebeliones e intentos de golpes de Estado.
La puesta en prisión de estas personas venía acompañada de “tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual”. Otras torturas eran colocar a los presos en posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, mutilaciones, amenazas de muerte, maltrato psicológico. En ocasiones lo hacían para sacar alguna información, y a veces como un simple castigo.
Francisco Cox, otro de los funcionarios de la Misión de la ONU, dijo en Ginebra que “estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar a la oposición al gobierno de Maduro”.
Impunidad
Los técnicos de Naciones Unidas encontraron más de 45 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que deben ser investigados y procesados.
Y es que, hasta el momento, como apunta el informe de la ONU, “el Poder Judicial no está controlando los otros agentes del Estado”. Y eso tiene que terminar.
“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas y se imparta justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido”, dijo Marta Valiñas. “Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó”.
