(EFE).- La negociación política en Venezuela cumple este jueves una semana en «terapia intensiva», como la declaró el presidente Nicolás Maduro cuando denunció, por enésima vez, que la oposición planeaba matarlo, lo que ha agitado las aguas en un país que, en medio del maremoto, se encamina hacia unas elecciones presidenciales este año.
Al presagio del mandatario le siguieron acontecimientos que dinamitaron los puentes para el diálogo entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, que acusa al chavismo de haber violado parcialmente los acuerdos firmados en Barbados en octubre, cuando las partes pactaron un conjunto de garantías para los comicios.
Mientras el supuesto plan magnicida disparó las alertas del Ejecutivo, la PUD alzó la voz luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificase que su candidata para las presidenciales, María Corina Machado, tiene un impedimento para competir en elecciones hasta 2036, lo que desencadenó la condena de buena parte de la comunidad internacional.
Desde entonces, las partes se han acusado mutuamente del rompimiento de los acuerdos, pero, al menos, coinciden en la necesidad de instalar una comisión que verifique lo pactado y los hechos de los últimos días para determinar responsabilidades y, en el mejor de los casos, reencauzar la negociación, algo que parece poco probable a juzgar por los discursos de cada lado.
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La ruptura
El Supremo, como se había acordado en la mesa de diálogo, revisó las inhabilitaciones que pesan sobre opositores y, en ese sentido, decidió levantar la sanción a cinco políticos y ratificar la del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y la de Machado, que acapara los índices de popularidad en casi todas las encuestas.
Tras ello, la PUD denunció la violación de los acuerdos, asegurando que la habilitación de su candidata formaba parte del pacto, aun cuando eso no está escrito en el documento firmado, en el que tampoco se estipula el levantamiento de sanciones o que Estados Unidos excarcelara al empresario colombiano Alex Saab, dos reclamos del Gobierno que fueron resueltos por la Administración de Joe Biden.
Precisamente por esas concesiones, Washington no se quedó callada y le recriminó al Ejecutivo de Nicolás Maduro el haber faltado a su palabra y, yendo más allá, le dio un plazo hasta abril para subsanar la situación, es decir, para que las instituciones permitan la participación de Machado en los comicios, aún sin fecha definida, o se reanudarán las sanciones petroleras a Caracas.
El jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, retó a EE.UU. a no esperar el lapso y retomar las sanciones de inmediato pues, remarcó, la inhabilitación de la antichavista es «cosa juzgada» y una decisión «definitivamente firme», que no cambiará pese a las amenazas y al repudio internacional que ha generado esta medida.
Los paralelos
La conciliación política que se había logrado en torno a unas elecciones competitivas se diluye rápidamente y los bandos retoman sus antípodas con discursos retadores que, por el lado opositor, insisten en defender la candidatura elegida, mientras el Gobierno, respaldado por todas las instituciones estatales, dice que responderá con «furia» ante «planes conspirativos» del antichavismo.
Maduro y la cúpula chavista han retomado la línea de acusaciones contra la oposición, a la que tildan de extremista y terrorista, lo que se salda, por ahora, con tres jefes de campaña de Machado detenidos y numerosos señalamientos a la candidata, a la que critican por declaraciones hechas años atrás, mucho antes de que se firmaran los acuerdos de Barbados.
Aunque la Fiscalía y el Gobierno aseguran que existen pruebas que implican a estas personas con planes golpistas, el jefe negociador del antichavismo, Gerardo Blyde, que se desmarcó de estos hechos, aseguró que no ha recibido ningún documento que demuestre nada, más allá de las denuncias que el chavismo reitera a diario a través de los medios estatales.
La verificación
La oposición redactó un texto -que no ha sido publicado- en el que denuncia la violación de acuerdos por parte del Gobierno, un documento que fue entregado a Noruega, país facilitador en la negociación. Con el propósito de acelerar la instalación de una comisión que evalúe «la verdad y la verdadera ejecución de lo acordado», según dijo Blyde.
Días más tarde, Jorge Rodríguez, en nombre del Gobierno, informó de la recepción de una comunicación de Oslo en la que se sugería la instalación, «de manera perentoria», de esta comisión. Algo para lo que la nación, dijo, está «lista», aunque sin asomar fechas para tal fin.
Con esa posibilidad de fondo, el escenario político sigue gobernado por la crispación, con un ambiente electoral que comienza a calentarse sin certezas del tipo de comicios que habrá.
