Leticia Núñez (ALN).- La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de Colombia expresa su “profunda preocupación” por la sanción de 1.350 millones de euros impuesta a las operadoras española y mexicana por un contrato de 1994. “El sector requiere estabilidad jurídica y unas reglas de juego claras”, advierte.
La multa de 1.584 millones de dólares (aproximadamente 1.350 millones de euros) que Colombia impuso la semana pasada a Telefónica y América Móvil no le ha gustado a la industria de telecomunicaciones colombiana. El sector entiende que “genera incertidumbre y complica el desempeño de la industria”. De hecho, es la mayor sanción que se ha establecido hasta la fecha a una empresa extranjera en Colombia.
La Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de Colombia (Asomóvil) expresó en un comunicado “su profunda preocupación” por la sanción que las operadoras española y mexicana deberán pagar en concepto de bienes, equipos e infraestructura previstos en los contratos de concesión de telefonía móvil suscritos en 1994. No son dos firmas cualquiera. Entre Movistar (Telefónica) y Claro (América Móvil) controlan un 72,6% del mercado colombiano: la española domina un 23,3% y la mexicana, un 49,3%.
Asimismo, Asomóvil criticó la decisión del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic) de su país que incluye la exigencia de devolución de espectro a la que se vio obligada meses atrás la empresa colombiana Tigo-Une. Y recordó que en los últimos 18 meses la industria ha tenido una caída promedio de 1,8%.
“El sector requiere una regulación acorde con las necesidades de la economía digital que se impone a nivel mundial”
“El sector requiere estabilidad jurídica, reglas de juego claras y una regulación acorde con las necesidades de la economía digital que se impone a nivel mundial, de manera que se garanticen las inversiones de mediano y largo plazo, fundamentales para la llegada de nuevas herramientas que requieren mayor velocidad, calidad y cobertura”, aseguró la presidenta de la asociación, Nancy Patricia Gutiérrez.
Por ello, agregó que el futuro de la industria, que considera que marcará la productividad y el crecimiento de Colombia, depende del entendimiento entre el rector de las políticas y los operadores de un sector que exige grandes inversiones dentro de un modelo económico.
Según el laudo arbitral que dio la razón al Gobierno colombiano, Coltel, participada en un 67,5% por Telefónica y en un 32,5% por el Ejecutivo del país, debe pagar 1.600 millones de pesos colombianos (452 millones de euros / 530 millones de dólares). Una cifra que equivale al 32% de los ingresos que tuvo en todo 2016.
En el caso de Claro, filial de América Móvil, controlada por Carlos Slim, la compensación de 874 millones de euros (1.025 millones de dólares) equivale al 29% de los ingresos que obtuvo el año pasado, cuando facturó 3.534 millones de dólares (3.012 millones de euros). Colombia es el tercer país más importante para América Móvil después de México y Brasil.
Por ahora, la multinacional española anunció que tomará todas las acciones legales para proteger los intereses de sus accionistas y que “se encuentra analizando las implicaciones de dicho laudo y las vías de impugnación a nivel local e internacional”.
Fuentes del sector, citadas por el periódico Expansión, señalaron que “lo más probable” es que Telefónica acabe demandando a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo con sede en Washington dependiente del Banco Mundial que suele ocuparse de las disputas entre las empresas y los Estados. Sería el sexto arbitraje para Colombia en apenas un año.
