(EFE).- El Gobierno de Paraguay usará tobilleras electrónicas de control para tratar de frenar los casos de violencia familiar o contra la mujer, como una primera fase de la implementación de estos dispositivos en procesos judiciales, informó este viernes el viceministro de la Seguridad Interna, Óscar Pereira.
El funcionario explicó a EFE que los dispositivos se aplicarán inicialmente «en el tema de violencia contra la mujer y luego se va a diversificar a otros a otros tipos de delitos».
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El jueves, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó un decreto que reglamenta el uso de dispositivos electrónicos de control en procesos judiciales, cuya utilización está prevista en las leyes 5.863 de 2017 y la 6.345 de 2019.
«En esta primera fase, se va a aplicar al tema de violencia familiar, violencia doméstica, violencia contra la mujer», detalló.
El funcionario destacó como un «paso importante» esta reglamentación, en cuya elaboración trabajaron conjuntamente distintas instituciones, ya que Paraguay «es uno de los pocos países de América del Sur que no contaba con este dispositivo».
Una «preocupación» del Gobierno de Paraguay
Sobre el tema de violencia contra la mujer, aseguró que es «una preocupación del Gobierno combatir este flagelo» y reducir, con la implantación de estos dispositivos, la ocurrencia de casos.
«Van a tener una acción preventiva y disuasiva muy importante», defendió el viceministro, al anticipar que deberán definirse ahora la posible contratación del servicio o la adquisición de los equipos, entre otros aspectos.
Pereira indicó que se aplicarán estos equipos «por orden judicial» bajos ciertas condiciones y evaluaciones.
«Los dispositivos tienen condiciones de diseñar una ruta, habilitarle una ruta, para que la persona pueda ir del trabajo a la casa o de la casa al trabajo», ilustró el funcionario, quien detalló que se trata de crear «un cerco digital en el cual se emite una alerta cuando (el portador) se acerca a la víctima».
El uso de la tobilleras electrónicas se reflotó en las últimas semanas a raíz de casos de violencia contra mujeres en el país, que en su mayoría terminaron en feminicidios.
«Responsabilidad de todos»
El pasado 28 de agosto, Peña se pronunció sobre la muerte de una joven de 20 años que fue atropellada varias veces presuntamente por su expareja.
El mandatario aseguró entonces que la lucha contra la violencia familiar, y en especial contra la mujer, es una «responsabilidad de todos».
Según la ley 5.863, el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control puede aplicarse en casos de «exclusión del denunciado del hogar donde habita el grupo familiar» o a raíz de una «orden de prohibición al acceso del denunciado a la vivienda o lugares que signifiquen peligro para la víctima».
También puede usarse para el control del traslado de condenados, en casos de prisión domiciliaria, salidas transitorias, en régimen de semilibertad o en prisión discontinua y de fin de semana, entre otros.
