(EFE).- Aunque han pasado ocho años y “todo es muy lento, vamos a conseguir”, que haya justicia por la muerte de la joven venezolana Geraldin Moreno por disparos de la Guardia Nacional Bolivariana, asegura su madre, Rosa Orozco.
La madre de la joven, que tenía entonces 23 años, recuerda a Efe cómo el 19 de febrero de 2014 estaba a la puerta de su casa en Naguanagua con un silbato y una bandera en las protestas que hubo aquel año contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Al llegar 24 miembros de la Guardia Nacional en motocicletas recibió varios disparos, el último en el rostro efectuado a tan solo diez centímetros cuando estaba en el suelo, por los que murió tres días después en el hospital.
«Ejecución extrajudicial»
Su madre lleva desde entonces denunciando esta “ejecución extrajudicial”, por la que fueron condenados en 2016 los autores materiales, un sargento sentenciado a treinta años de cárcel, la pena máxima en Venezuela, y otro a 16 años y seis meses, pero no algún oficial que ordenara quitar la vida a aquella “niña bellísima” ni nadie de la cadena de mando.
Todos los años, en el aniversario del asesinato de Geraldin, recuerda por escrito a la Fiscalía que el proceso para otros dos guardias sigue en fase preliminar y otros 18 nunca fueron investigados.
Su lucha la trae ahora a la capital de España, para denunciar que en Venezuela solo un 8 por ciento de los procesados en las Fuerzas Armadas por 332 “asesinatos” de quienes levantan la voz contra el Gobierno son condenados, ninguno de la cadena de mando, que tienen “un cien por cien de impunidad”.
A las familias de esas víctimas les dijeron que nunca llegarían ante la Corte Penal Internacional, pero en 2017 el fiscal Karim Khan decidió investigar a Venezuela.
“Lo vamos a lograr. La constancia la premia Dios”, asevera, ya que “esto no ha terminado” y seguirá luchando porque para salir de la “tragedia” que sufre Venezuela “tenemos que seguir levantando la voz y que la gente sepa que necesitamos su ayuda” desde otros países.
Justicia y perdón
Rosa Orozco tiene el apoyo del despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo en Madrid, al que ha venido acompañada, entre otros, de miembros de la ONG que puso en marcha: Justicia, Encuentro y Perdón.
La coordinadora de la ONG, Martha Tineo, asegura a Efe que la Justicia venezolana carece «de voluntad y de capacidad” para juzgar estas muertes como crímenes de lesa humanidad, pues son juzgados como delitos comunes.
“Jueces y fiscales no hacen absolutamente nada”, advierte por su parte la abogada venezolana Theresly Malaver, defensora de presos políticos, al menos 314 en su país, según denuncia, que esperan durante años, algunos más de siete, una acusación que no llega, lo que “acaba con la vida de una persona” mientras en la cárcel aguarda que actúe la Justicia.
“La detención es la pena y el proceso es el castigo”, sentencia Fernando Fernández, un reconocido defensor de los derechos humanos en Venezuela, profesor universitario de materias como Derecho Penal Internacional.
