Pedro Benítez (ALN).- Hasta ahora, el gran logro de las sanciones comerciales estadounidenses ha consistido en precipitar el paso del chavismo hacia alguna forma de capitalismo. La Ley Antibloqueo que Nicolás Maduro ha presentado ante su Asamblea Nacional Constituyente (ANC) implica desmontar todo el proyecto socialista que el expresidente Hugo Chávez comenzó a imponer desde el 2005. Eso sí, con el manejo del lenguaje que caracteriza al chavismo.
Nicolás Maduro ha presentado ante su Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto legal bautizado como Ley Antibloqueo con el objetivo, según se ha explicado, de enfrentar las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos, que se califican como “Medidas Coercitivas Unilaterales”, y “proteger al pueblo venezolano, mitigar los impactos, compensar los daños causados por el bloqueo y garantizar la vigencia de los Derechos Humanos”.
Y además (esta es la parte importante): “Generar recursos a la nación, impulsar la economía productiva, proteger los activos y recursos del país y blindar la economía frente a los ataques y amenazas”.
Lo primero que llama la atención de la iniciativa es que Maduro no ha esperado por la elección parlamentaria convocada para el próximo 6 de diciembre, de donde saldrá, dadas las actuales circunstancias, una Asamblea Nacional (AN) totalmente controlada por él. Se supone (al menos es lo que se ha creído en los círculos políticos venezolanos) que el empeño de Maduro por elegir un nuevo Parlamento tiene que ver con su necesidad de contar con cierta legitimidad internacional que le permita firmar contratos y recibir inversiones de sus aliados rusos, chinos, iraníes y turcos. Según este razonamiento, el cerco que Maduro le ha impuesto al Legislativo venezolano de mayoría opositora habría impedido, o al menos dificultado, la firma de esas operaciones.
Así, por ejemplo, desde el 2016 el gobierno de la República Popular China no ha renovado ni una sola línea de crédito a Venezuela, dedicándose exclusivamente a asegurar el cobro de las deudas previamente contraídas. Curiosamente el de la Federación Rusa ha hecho lo mismo, pese a su activismo internacional en favor del régimen de Maduro.
Este creyó, o al menos fue lo que aseguró en aquella oportunidad, que la elección de su ANC en agosto de 2017 resolvería el problema. Pero no ha sido así, y más allá de su carácter simbólico como plenaria del chavismo, la Constituyente ha sido de una inutilidad absoluta. Ni siquiera discutió un proyecto de Constitución y Maduro ya le dictó fecha de caducidad.
Por otro lado, Maduro cuenta con el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para bañar con el agua bendita de las sentencias revolucionarias sus decisiones y acciones. Pero más allá de todo eso, Maduro cuenta con el poder real dentro de Venezuela.
De modo que surgen dos preguntas inevitables: ¿Para qué dictar una ley de ese tipo por medio de un organismo (la ANC) que ha demostrado no contar con fuerza política ni legitimidad nacional ni internacional? Y, ¿cómo se legisla sobre sanciones dictadas por otro país?
Explorar las respuestas a estas preguntas permite entender parte de la lógica que impera puertas adentro del madurismo.
Un giro pragmático
En su más reciente artículo de opinión para The New York Times, el escritor y poeta venezolano Alberto Barrera Tyszka destaca que “el chavismo ha sabido moverse con habilidad en el territorio del lenguaje”. Aquí está una clave de la cuestión.
En la ya típica tradición chavista, Maduro ha creído que el relato y el discurso pueden modificar la realidad o crear una nueva. Así, a lo largo de sus siete años de poder ha tenido una retórica totalmente divorciada de la vida real venezolana.
Él y sus funcionarios, en interminables alocuciones y discursos, han clamado por defender los derechos humanos, las garantías sociales, el bienestar y la seguridad del pueblo. En su narración no existen la hiperinflación, ni los cortes en el suministro eléctrico, de agua potable o gas doméstico; tampoco la emigración masiva de venezolanos; han construido tres millones y medio de viviendas, incrementado el salario mínimo 40 veces, levantado la producción petrolera, pulverizado el dólar y derrotado la guerra económica con el petro.
En esa línea de pensamiento aseguran que por medio de una Constituyente, que ni siquiera sus propios aliados toman en serio, van a doblegar una situación que escapa de su control. Todo por medio de su sola voluntad.
¿Con la Ley Antibloqueo el gigante petrolero ruso Rosneft va a regresar a Venezuela? ¿Llegarán los millones de dólares que se necesitan para levantar la industria petrolera nacional?
Por supuesto que detrás de esta ley están la necesidad y el pragmatismo. En ausencia del descomunal ingreso petrolero que consolidó al régimen en el poder, Maduro está intentando dar, a su manera, un giro pragmático que impulsa su ministro de Petróleo y aliado Tareck El Aissami.
Uno de los apartados del proyecto de ley indica que “El Ejecutivo Nacional podrá proceder a la organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país, en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos propios de la práctica mercantil del Derecho Internacional Privado”.
También “podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 303 de la Constitución”. Y “autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional”.
¿Capitalismo a la rusa?
Es decir, lo que se viene en Venezuela es una privatización masiva de empresas de propiedad estatal que, dado el estilo y la institucionalidad chavista, será un capitalismo a la rusa. Sin derechos de propiedad ni libre competencia. Sin instituciones de control ni democracia. Ese es el proyecto. La búsqueda de dólares por cualquier medio.
Paradójicamente, este es el gran logro de las sanciones comerciales estadounidenses. Precipitar el paso del chavismo hacia alguna forma de capitalismo.
De modo que, en la práctica, implicaría desmontar todo el proyecto socialista con que el expresidente Hugo Chávez comenzó en 2005 a revertir la apertura económica de Venezuela que se implementó en los años 90 del siglo pasado, para llevar al país a su sueño socialista.
Ya se ha dicho: el camino más largo del capitalismo al capitalismo es el socialismo. Venezuela se suma a la lista.
Pero una cuestión son los planes y otra muy distinta los resultados. Si Maduro y El Aissami creen que prometerle el cielo a los capitales extranjeros es suficiente para que las refinerías venezolanas arranquen y se incremente la producción petrolera se equivocan. Ni el inversionista chino más amigo del Partido Comunista de ese país, ni el capitalista ruso más aliado de Vladimir Putin, van a arriesgar su dinero en una Venezuela aislada diplomática y comercialmente.
Menos luego del informe sobre derechos humanos de Naciones Unidas y con las sanciones de la Unión Europea (UE) en camino.
Maduro y su grupo van a tener que ofrecer mucho más que su hábil manejo del lenguaje. A menos que su verdadero candidato en las elecciones de Estados Unidos sea Donald Trump, y estén contando con los buenos oficios de su mutuo amigo Putin para levantar parte de las sanciones norteamericanas.
