(EFE).- La justicia española ha requerido al Gobierno que, en un plazo de 10 días, se haga cargo de un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de las islas Canarias (Atlántico).
El Tribunal Supremo ordena al Ejecutivo español que, en el «improrrogable» plazo de 10 días, «garantice el acceso y permanencia» en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores en Canarias que hayan solicitado protección internacional o manifestado su voluntad de hacerlo.
Esta decisión llega a instancias del Gobierno regional de las islas Canarias, que es el que actualmente se está haciendo cargo de los menores solicitantes de asilo.
Asimismo, la justicia determinó que el Ejecutivo español deberá informar al Tribunal Supremo sobre las medidas que se tomen para cumplir el requerimiento.
Todo ello, añade, con la necesaria colaboración y cooperación de Canarias, actuaciones que deberán desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor.
Ante la crisis migratoria que atraviesa Canarias, que cerró 2024 con cerca de 64.000 inmigrantes llegados por mar a sus costas, el Gobierno regional pidió al Ejecutivo central que se hiciese cargo de los menores solicitantes de asilo en las islas pero, ante la falta de respuestas, las autoridades canarias acudieron al Tribunal Supremo.
El Supremo, tras examinar las competencias del Gobierno regional de Canarias y del Gobierno central de España, considera que, en la actual situación, el sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional no ha sido puesto a su disposición.
Y ello pese a que es un sistema al que tienen pleno derecho y cuya implantación efectiva se revela imprescindible para corregir la actual situación de hacinamiento en que estos menores se encuentran, abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger.
Recuerda el tribunal que las leyes españolas diseñan un completo sistema de acogida para los solicitantes de asilo.
En dicho sistema se incluyen, entre otros, el derecho a «recibir prestaciones sociales específicas» que abarcan «los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad».
