(EFE).- El proceso de primarias opositoras en Venezuela recibió un zarpazo por parte del Supremo, que suspendió, por sorpresa, «todos los efectos» de estos comicios, celebrados el 22 de octubre, cuyos principales organizadores asistieron hoy a la Fiscalía para responder por denuncias de fraude, acciones que fueron condenadas por antichavistas, académicos y ONG.
En respuesta a un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de «irregularidades», el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión de «todos los efectos» de las internas, organizadas por la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que deberá consignar los «antecedentes administrativos, contentivos de las 25 fases que deben regir el proceso electoral».
Entre las fases, el máximo tribunal señaló el cronograma, el registro -con sus «lapsos de impugnación y depuración»- y las postulaciones, incluyendo el «acta de aceptación de la postulación formulada por la ciudadana inhabilitada, de manera firme, por 15 años María Corina Machado», ganadora de las primarias, con el 92,35 % de los votos.
Además de las renuncias de los también inhabilitados Henrique Capriles y Freddy Superlano, quienes declinaron participar apenas un par de semanas antes de los comicios, el TSJ ordenó a la CNP consignar las actas de escrutinios, totalización y proclamación, así como un informe con la explicación del «mecanismo empleado para el resguardo del material electoral y el lugar destinado a tal efecto».
Así, el Poder Judicial se ha sumado hoy a los ataques que el Estado ha dado contra las primarias desde todos los frentes, incluyendo los poderes públicos Ejecutivo y Legislativo, controlados por el chavismo, en la última semana.
Responder a las denuncias contra las primarias
Horas después de la publicación de la sentencia, Brito, quien en agosto anunció su candidatura a las presidenciales de 2024, expresó su disposición a «rectificar» en caso de ser «el equivocado», y aseguró que la decisión del Supremo representa una «oportunidad estelar» para la CNP «de reivindicarse con los electores que participaron» el 22 de octubre.
«Si ustedes tienen los elementos para probar que no hubo fraude, llegó la hora de mostrarlo. El que no la debe, no la teme», dijo el opositor disidente del antichavismo mayoritario, quien reiteró su acusación a la comisión organizadora de abultar los resultados de participación, de casi 2,5 millones de personas, según la CNP.
En paralelo a la sentencia, el presidente de la comisión organizadora, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararon, en calidad de investigados, ante la Fiscalía, para responder por la denuncias de fraude.
Casal, que llegó al Ministerio Público (MP, Fiscalía) a las 10.35 hora local (14.35 GMT), según informó la CNP en X (antes Twitter), salió del ente fiscal pasadas las 16.00 hora local (20.00 GMT), sin ofrecer declaraciones a la prensa.
La Fiscalía, que abrió la semana pasada una investigación contra la CNP, supone que el 22 de octubre se incurrió en, al menos, cuatro delitos: usurpación de funciones, usurpación de identidad -partiendo de la hipótesis de que se usaron nombres de personas que no votaron-, legitimación de capitales -por desconocer la procedencia del dinero con el que se realizó la contienda- y asociación para delinquir.
Un «atentado» contra la democracia
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela se unió este lunes al amplio rechazo a las decisiones del Supremo y de la Fiscalía, que representan, a su juicio, un «atentado al orden constitucional y legal» y a la democracia, al querer «judicializar y criminalizar» a la CNP.
LEA TAMBIÉN
Contra la primaria se repite la misma operación que se le aplicó a la Asamblea 2015
En un pronunciamiento, la academia aseguró que, el 22 de octubre, no hubo «una usurpación de las funciones» del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni «se cometieron ilegalidades», sino que fue un «evento ciudadano y democrático» en el que Machado fue escogida como candidata presidencial, pese a que está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular hasta el año 2030.
En este sentido, la institución solicitó a los poderes públicos respetar y proteger a las «manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven».
Por su parte, los opositores defensores de las primarias, entre ellos varios de sus candidatos, desestimaron la sentencia del TSJ, que consideran un dictamen «exprés» que no va a «invalidar la voluntad» de los ciudadanos.
La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha asegurado que, junto con la CNP, «irá a donde tenga que ir» para defender los comicios.
