(EFE).- La Justicia de Perú admitió a trámite una demanda de amparo presentada por una ciudadana venezolana que considera excesivo el cobro de multas para los extranjeros residentes en el país a los que se le vence el permiso de residencia, informó este viernes la organización civil Unión Venezolana en Perú.
La jueza Andrea Córdova, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, admitió el recurso de amparo presentado por la venezolana Edith Arango contra el cobro de multas por parte de la oficina de Migraciones que pueden llegar a los 3.000 dólares en perjuicio de más de 90.000 extranjeros residentes en Perú, indicó la organización en un comunicado.
Al admitir a trámite la demanda, la magistrada señaló que «toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces y tribunales competentes, que le amparen contra actos que violen sus derechos».
El abogado Juan Manuel Castillo, que representa a Arango, explicó que la desregularización por vencimiento de la residencia significa un problema que atenta contra la seguridad y el orden interno del Perú, así como impide la inclusión económica en el país.
«El recurso busca la exoneración masiva, la protección constitucional y paralizar el cobro de las multas porque afecta derechos fundamentales de los extranjeros», indicó Castillo.
El letrado señaló que la multa por vencimiento de la residencia es actualmente de 46 soles diarios (12 dólares), mientras que el ingreso promedio de la población afectada es de 34 soles al día (8 dólares), con el cual debe afrontar su alimentación y alquiler, entre otros gastos
El procurador público de Migraciones será informado, en un plazo máximo de 10 días, de la admisión a trámite de la demanda, y el próximo 8 de agosto se realizará la audiencia única virtual para atender el caso, según resolvió la jueza Córdova.
Perú ha recibido a 1,2 millones de venezolanos, de los cuales, cerca de 300.000 están en situación regular, es decir que tienen el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) promovido por el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) como una ayuda a los migrantes que huían de la crisis política y humanitaria en Venezuela.
Alrededor de 900.000 venezolanos en el país está tramitando el PTP o está en situación migratoria irregular, que los expone a una eventual expulsión del territorio.
