Nelson Rivera (ALN).- El pasado 29 de mayo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentó un extenso informe sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Nicolás Maduro. En este documento y otros anteriores han sido claves los aportes de la abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla, que se encargó de sustanciar muchos de los casos, de manera que tengan la validez que exigen los tribunales competentes, en este caso la Corte Penal Internacional de La Haya. Todo indica que los torturadores venezolanos están en un callejón sin escapatoria: tendrán que rendir cuenta por sus acciones.
Entre el 30 de mayo de 2016 y el 25 de septiembre de 2017, la Organización de Estados Americanos -OEA- ha publicado cuatro informes sobre Venezuela. Son, posiblemente, los más sustentados y rigurosos documentos publicados en los últimos años sobre la situación venezolana. Aunque tienen un carácter institucional, resulta inocultable la impronta del rigor y la sensibilidad de Luis Almagro, quien desde mayo de 2015 se desempeña como secretario general. Entre los 11 secretarios generales que ha tenido el organismo, desde su creación en abril de 1948, ninguno ha puesto el foco de modo tan firme y persistente en el tema de los DDHH como Almagro.
Un año después de tomar posesión del cargo, en mayo de 2016, Almagro sorprendió a la comunidad internacional con su detallado Informe sobre Venezuela. Sobre el fondo de la Carta Democrática Interamericana, el texto denuncia “la alteración del orden constitucional”. Entonces quedó fijado el que cabe llamar ‘el tono Almagro’: páginas y páginas de hechos, datos, testimonios y fuentes, es decir, pruebas que sustentan las afirmaciones más graves. Este primer informe constituye una completa y versátil recopilación de información sobre el estado del hambre, la enfermedad, la corrupción, el funcionamiento del Poder Judicial y la destrucción de las libertades democráticas.
Entre el 30 de mayo de 2016 y el 25 de septiembre de 2017, la OEA ha publicado cuatro informes sobre Venezuela. Son, posiblemente, los más sustentados y rigurosos sobre la situación venezolana
El Segundo Informe, de mayo de 2017 -fecha en que estaban en pleno auge las protestas en Venezuela-, destaca que las gestiones diplomáticas ante el Gobierno de Venezuela no han dado resultados, y propone la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Una sección significativa del mismo está dedicada a la tortura, y tiene como su fuente principal la información aportada por el Instituto Casla, dirigido por la abogada venezolana y especialista en derechos humanos Tamara Sujú.
El Tercer Informe no se haría esperar: fue presentado el 19 de julio de 2017. Además de denunciar la ilegalidad del Asamblea Nacional Constituyente, no sólo describe el uso sistemático de la fuerza represiva, sino que incluye información sobre las cadenas de mando, que van desde la orden inicial a la ejecución de las mismas.
En el Cuarto Informe sobre Venezuela, del 25 de septiembre de 2017, se denuncia la “total ruptura del orden democrático”, tras la realización del fraudulento proceso electoral que originó la Asamblea Nacional Constituyente. Entre la lista de peticiones que realiza el documento, está la de investigar “a gran escala” los actos de “las figuras claves del régimen y sus subordinados”, para que rindan cuentas “por los crímenes cometidos contra la población civil”.
La contribución de Tamara Sujú
Días antes, el 14 de septiembre de 2017, Almagro designó a tres expertos de talla mundial –Santiago Cantón, Irwin Cotler y Manuel Ventura Robles-, para evaluar si los hechos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro califican como crímenes de lesa humanidad y, en consecuencia, pueden conducir a sus responsables a la Corte Penal Internacional.
El pasado 19 de mayo se presentó el extenso Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de Expertos Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, producto de aquella designación. La conclusión a la que arriba el documento tiene un carácter histórico: “Este Panel considera que el Estado de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad, tipificados en el Artículo 7 del Estatuto de Roma”. Para arribar a esta frase, los técnicos han debido someter la información recibida a los más exigentes criterios técnicos. Ese ha sido justamente el aporte de la abogada venezolana Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla: el de sustanciar muchas de las incidencias, de manera que ellas tengan la validez que exigen los tribunales competentes.
Sujú es abogada de la Universidad Católica Andrés Bello. Como activista de la organización Foro Penal Venezolano por años y hasta 2012 se dedicó a visitar las cárceles. Recogía los testimonios escritos por los mismos presos políticos y los enviaba a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y a la Relatoría en Contra de la Tortura de la ONU. En 2005 fue acusada por el gobierno de Hugo Chávez de traición a la patria. Desde entonces, una y otra vez, se han repetido ataques en su contra.
El encuentro en 2007 con Václav Havel, el expresidente de la República Checa, fue decisivo para Tamara Sujú. El apoyo de Hável -fallecido en 2011- alcanzó hasta este extremo: le guardó los testimonios que había recopilado en años de activismo. En 2014, Sujú se exiló en la República Checa, desde donde ha continuado con su exigente tarea.
La propia Sujú lo ha contado: en 2016, impulsada por la idea de escribir un libro, dio inicio a la ardua y dolorosa faena de revisar los testimonios. El análisis le permitió detectar la existencia de un patrón de amedrentamiento, humillación y castigo de los presos políticos, que se viene reproduciendo desde hace 16 años. Hasta 2013, las torturas -quizás el más extremo de los crímenes de lesa humanidad- eran selectivas: estaban dirigidas a personas específicas. A partir de ese momento se hicieron masivas. En las prácticas de tortura han intervenido funcionarios de numerosos cuerpos militares. Entre las víctimas hay menores de edad, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. En alrededor de 70% de los casos, la práctica de la tortura incluye ataques sexuales: obligan a las víctimas a desnudarse, se producen tocamientos, violaciones y choques eléctricos en los genitales. La contribución histórica de Sujú ha sido la de convertir estos testimonios en casos que, uno a uno, ha ido presentando ante distintas relatorías y ante la Corte Penal Internacional.
#Venezuela Estoy esperando q la @unidadvenezuela y sus diputados informen sobre presentacion en @AsambleaVE del Informe d Crimenes de Lesa Humanidad publicado x @OEA_oficial @Almagro_OEA2015 y el envio a la @IntlCrimCourt de suscripción a dicho Informe. Las Víctimas lo esperan!
— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) 3 de junio de 2018
Rutas a la Corte Penal Internacional
El Informe de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y del Panel de Expertos Independientes sobre la Posible Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela contiene una visión amplia y detallada de los crímenes de lesa humanidad, donde el expediente de la tortura es sólo uno de los asuntos que se consideran. Las persecuciones a estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas; las ejecuciones extrajudiciales; los asesinatos en jornadas de protesta pacífica; los presos políticos; la desaparición forzada de personas; los allanamientos ilegales; la anulación de pasaportes; la desproporción en el uso de la fuerza represiva contra civiles indefensos; los ataques en contra de niños y adolescentes; el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles; las detenciones arbitrarias y el desacato de las órdenes de excarcelación; los ataques sexuales; las prácticas de hostigamiento e intimidación; el involucramiento del aparato del Estado en asesinatos y torturas, y muchas otras cuestiones, se testimonian en un marco mayor, donde la destrucción de instituciones, la cooptación del Poder Judicial, el acoso a los medios de comunicación y el uso político del hambre y la enfermedad, son sólo algunos de los elementos que demuestran una cuestión central: la crisis humanitaria utilizada como herramienta de persecución social, política y económica.
En este múltiple relato sobre las precarias y peligrosas condiciones en que transcurre la situación venezolana, en las casi 400 páginas del mencionado informe, la tortura ocupa un lugar central de la denuncia. En el caso del documento de la OEA, además de las incidencias aportadas por Tamara Sujú y el Instituto Casla, están las que sumaron el Foro Penal Venezolano, Human Rights Watch y la organización Vente Venezuela.
Más de 60 páginas reproducen los testimonios de las víctimas: probablemente no hay en la historia republicana de Venezuela, de 1810 a 2018, un documento que contenga tantas atrocidades, cometidas de forma tan despiadada y masiva. Las variantes de torturas que se narran sobrepasan la imaginación más bizarra. Tal como han hecho los más sicóticos criminales de la historia, también en calabozos venezolanos, funcionarios venezolanos han obligado a venezolanos inocentes a comer excrementos, o han organizado escenas donde familiares amarrados y golpeados han sido forzados a asistir a sesiones de tortura en contra de sus hijos, o al revés: hijos que han estado presentes mientras torturan a sus padres.
En las prácticas de tortura no sólo han participado funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar del Ejército (Dgcim). También del Sebin; la Guardia Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; la Policía Nacional Bolivariana; y varias policías regionales. Los testimonios de las víctimas no sólo han permitido construir las cadenas de mando, que no se limitan a los dos extremos de quien ordena y quien ejecuta. También son culpables el que no hace nada por evitar la consumación de la tortura, y el que, conociendo su existencia, se mantiene en silencio y no lo denuncia.
No sólo Nicolás Maduro: son decenas los funcionarios y exfuncionarios, militares y civiles, incluso algunos que ahora están detenidos por el régimen, que aparecen directamente señalados en las cadenas de mando, asociados a los centenares de casos que ya han sido documentados. Cuando se trata de torturas, no hay atenuantes. Maduro y sus cómplices aparecen claramente señalados. Hay que recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Todo indica que las cadenas de torturadores venezolanos están en un callejón sin escapatoria: tendrán que rendir cuenta por sus acciones.
Quién es Tamara Sujú
Tamara Sujú Roa (Caracas, Venezuela) es una abogada penalista venezolana especializada en derechos humanos. Graduada en la Universidad Católica Andrés Bello, es la fundadora y directora de diversas organizaciones no gubernamentales, incluyendo la Fundación Nueva Conciencia Nacional Damas de Blanco de Venezuela -un grupo de esposas, madres e hijas de presos políticos- y Fundapresos, una organización de auxilio y asistencia jurídica para presos comunes que trabajó en distintas cárceles de Venezuela entre 2002 y 2006. Fue coordinadora internacional del Foro Penal Venezolano. Actualmente es la directora ejecutiva del observatorio de derechos humanos del Centro de Estudios para América Latina (Casla), con sede en la República Checa, y columnista del semanario La Razón en Venezuela.
