Pedro Benítez (ALN).- Para comprender las calamidades cotidianas que padece el venezolano hoy, hay que hacer referencia al hombre que tuvo el poder absoluto por trece años, a los problemas que ignoró, las decisiones que no tomó, y a las malas que sí tomó.
Según estimaciones de expertos en la materia, al sector eléctrico nacional se le habían asignado durante la era chavista (hasta 2013) más de 60 mil millones de dólares, pero hoy estamos peor que en 2009 cuando se aprobó el decreto de emergencia eléctrica aún vigente.
La pregunta: ¿A dónde fue a parar todo ese realero?
Empecemos por un ejemplo: los casos de Caruachi y Tocoma.
Aunque puesta en servicio (con retraso) en el año 2006, la represa hidroeléctrica de Caruachi fue la última gran infraestructura planificada y proyectada por un gobierno de los tan denostados cuarenta años de la democracia representativa. Tiene una capacidad de aporte al Sistema Interconectado Nacional de 2 mil 160 megavatios. Por su parte, Tocoma, hermana gemela de la anterior, es el mismo tipo de obra, con las mismas dimensiones, el embalse con la misma capacidad y su aporte también será de 2 mil 160 megavatios.
Ahora las diferencias: la construcción de Caruachi arrancó en 1997 y, si bien estaba prácticamente terminada en 2003, no fue inaugurada hasta el 2006. Así que convengamos que para su culminación definitiva la CVG-Edelca necesitó nueve años. Su costo de inversión a la Nación fue de 2 mil 500 millones de dólares.
Tocoma empezó en el año 2002 y oficialmente todavía no va por encima de 2/3 de su ejecución (pese a que dijeron estaría lista en 2012), pero su costo ya supera los 10 mil millones de dólares.
Léase bien: Caruachi costó 2 mil 500 millones de dólares. Tocoma (que no está lista) ya se comió 10 mil millones de dólares.
Las dos son igualitas. ¿Por qué la diferencia? Porque esa obra se le asignó sin licitación a los hermanos brasileños de Odebrecht. Saque usted sus propias conclusiones.
En una de las decisiones más demenciales del mundo contemporáneo, y como parte de la reacción contra el oprobioso pasado, en 1999 no se sólo suspendió la Constitución de 1961, además se paralizaron todas las obras de desarrollo que venían realizando las administraciones precedentes, con la promesa de iniciar la desconcentración de población de la faja norte costera hacia el denominado “eje Orinoco-Apure”. El autor intelectual del despropósito: Jorge Giordani. El brazo ejecutor: Hugo Chávez.
Como consecuencia, con el paso de los años, el país empezó a padecer un severo e inexcusable retraso en el desarrollo de su infraestructura, que se hizo muy notorio en el servicio de electricidad. Ya en 2003 se había avisado que al país se le venía una crisis en el sector, pero el ex comandante/presidente sólo reaccionó cuando el agua llegó al cuello en 2009, con su característico estilo; a los trancazos.
Así nació el decreto de emergencia eléctrica. Como en otras decisiones del personaje, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad.
Asesorado por Fidel Castro, en los primeros meses del 2010, el alto gobierno (es decir, Chávez) trazó una estrategia para enfrentar la crisis eléctrica nacional; PDVSA debía adquirir todas las plantas de generación termoeléctricas disponibles en el mercado internacional.
No obstante, lo anterior, se creó el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica para atender la emergencia, eximiendo de esa responsabilidad al Ministerio de Energía y Petróleo, que según la ley del sector vigente (también aprobada por ese gobierno) debió haber garantizado las inversiones públicas y privadas en el sector, lo que evidentemente no había hecho. Recordemos quién era el ministro, Rafael Ramírez.
Otro detalle muy importante en esta historia, ese decreto de emergencia permitía la contratación de obras y las compras de equipos sin licitación.
Se proponía incrementar la capacidad termoeléctrica del país en unos 4.000 megavatios adicionales, lo que hacía necesario aumentar la disponibilidad para el consumo interno nacional en algo más de 210 mil barriles por día de petróleo, equivalentes en fuel oil, diésel y gas. Barriles que serían destinados exclusivamente al funcionamiento de las plantas eléctricas y que, o se producían en el país, o se dejaban de exportar, o se importaban.
Los conocedores del tema cuestionaron la viabilidad de ese plan. Se dijo que el problema central no estaba en la generación (la sequía era transitoria), sino en el deplorable estado de la red de transmisión y distribución. Pero el Ejecutivo decidido a resolver la crisis ese mismo año, actuó como creyéndose su propio discurso, culpando (cuando no) a los gobiernos anteriores por haber desarrollado el potencial hidroeléctrico del alto Caroní. “No volverán”.
Las inversiones en materia eléctrica se le impusieron a PDVSA por un monto estimado en aproximadamente 10 mil millones de dólares a ejecutar en 2010, y la mayoría de las adquisiciones se triangularon por Cuba.
De modo que la secuencia era así:
1) PDVSA tenía que poner los dólares.
2) Luego de conseguir las plantas de generación termoeléctricas, se requeriría mucho combustible, cuestión complicada por los problemas de producción que por entonces tenía PDVSA.
3) Si se conseguía combustible en las cantidades requeridas, no habría suficientes gandolas y logística para distribuirlo.
Tal y como lo ilustra el conocido chiste del infierno venezolano, si tienes una cosa, no tienes la otra que necesitas para que funcione la primera.
Y así Chávez, asesorado por aquel gran experto en temas que iban desde el diagnóstico del cáncer hasta la generación de electricidad llamado Fidel Castro, metió a Venezuela en un laberinto eléctrico que incluía, además, los problemas de coordinación y luchas de poder que caracterizan al chavismo.
En 2010 se sabía que había que sustituir los transformadores causantes del mega apagón que ese año dejó sin servicio eléctrico por horas a cincos estados del occidente y a la ciudad de Maracaibo.
¿Por qué no se hizo? Una versión afirma que PDVSA no había dado los recursos en el tiempo y en las cantidades requeridas al nuevo Ministerio de Electricidad, como parte de la lucha de poder de Rafael Ramírez contra Alí Rodríguez. Un hecho curioso si se tiene en cuenta que el Ministerio de Electricidad se creó para salvar la responsabilidad de Ramírez como encargado directo del sector desde el 2004.
Curioso, pero creíble, pues la táctica de poder de Chávez de “divide y reinaras” creó un caos de gestión en el sector, donde distintos grupos pugnaban unos contra otros; el grupo de PDVSA contra el de Alí Rodríguez; el de las muy socialistas Cadafe y Electricidad de Caracas (estatizada esta última bajo su gestión) entre sí, etc.; y los sindicatos revolucionarios presionando por radicalizar el proceso, aunque nunca quedó claro de qué serviría eso.
Centralizar todo en Corpoelec (otra decisión de Chávez) fue meter todos los gatos en el mismo saco. Más del infierno venezolano.
Por cierto, no había sanciones coercitivas y unilaterales, Donald Trump no se planteaba ser candidato a presidente y a Juan Guaidó lo conocían en su casa.
La ya larga crisis del sector eléctrico iniciada por falta de planificación se convirtió en una oportunidad para comprar con sobreprecios plantas eléctricas, que evidentemente fue el criterio prioritario al momento de decidir el cómo abordar el problema. No se realizaron las inversiones necesarias en transmisión y distribución (origen del problema) sino en generación (donde estaba el negocio).
Porque desde hace años no hay prácticamente área de la Administración Pública venezolana en la que pueda iniciarse una nueva inversión, realizarse un plan o adquirir algún equipo sin que de por medio estén presentes un grupo de funcionarios vinculados al PSUV ávidos de sumarse a la ola de saqueo contra el Tesoro nacional. Actúan y razonan como una plaga de langostas. Eso ha paralizado al Estado durante dos décadas. Es la misma razón de fondo que impide tomar las más elementales medidas económicas. Los altos cuadros políticos del Gobierno no saben cómo poner coto a la situación, porque ellos mismos son parte del problema.
La decisión tomada en 1999 de destruir el aparato profesional y administrativo que tenía el Estado venezolano ha resultado ser fatal.
Quince años, cualquier cantidad de ministros después, y con unos cuantos vivos repletos de dinero gracias a las compras y recompras de plantas termoeléctricas sin licitación, el servicio eléctrico es una muestra más de la incapacidad intrínseca del chavismo para gobernar.
La hecatombe nacional ocurrida bajo el mandato de Nicolás Maduro no apareció de la nada. Por supuesto, él lo que ha hecho es profundizarla hasta extremos inauditos, aplicando la estratagema de sus maestros del castrismo según la cual hay que aferrarse al poder a costa de todo lo demás. En ese sentido, buscando culpables. Como ya no se puede hacer con el enemigo anterior (los lejanos gobiernos del puntofijismo), se ha apuntado contra el enemigo exterior (el imperialismo y Elon Musk), y contra el enemigo interno (la hostigada oposición y el propio personal técnico del sector, buena parte del cual ha emigrado).
No obstante, puede que, en esta ocasión, de tanto llamar al lobo, éste ande por ahí, conspirando; pero no desde la talanquera opositora, sino dentro de las entrañas mismas del “alto mando político de la revolución”.
