Leticia Núñez (ALN).- Los empresarios, quienes se declararon culpables de pagar coimas a Alejandro Sinibaldi, exministro de Infraestructura hasta 2014, podrán librarse de la cárcel con una multa y con la construcción de seis carreteras y una escuela. Además, deberán ofrecer una disculpa pública a la población guatemalteca en un medio de comunicación nacional y garantizar que no lo volverán a hacer. Hay más: también tendrán que colocar un cartel en el lugar de las obras en el que se diga que dicha construcción es por cumplimiento de condena.
Un escarnio en toda regla. Así podría definirse la condena que la jueza Erika Aifán impuso este miércoles a nueve empresarios de Guatemala por pagar sobornos al exministro de Infraestructura Alejandro Sinibaldi (2012-2014) a cambio de recibir contratos públicos. No fueron privados de libertad. Tienen en sus manos evitar la cárcel. Lo conseguirán a cambio de construir seis carreteras y una escuela.
Uno de los tramos tiene 4.282 kilómetros de longitud, en San Andrés Itzapa, dentro de la ruta CA-1 Occidente, donde también deberán hacer una bifurcación con cuatro carriles de 3,6 metros cada uno. En lo que respecta al colegio, la construcción está prevista en una zona rural para los niños de Aldea San Francisco, San José El Rodeo y San Marcos. Hasta aquí las “medidas de compensación”, como señala un comunicado emitido por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Pero el resarcimiento no queda ahí. Los constructores, condenados a una pena de cinco años conmutable por una multa de unos 67.500 dólares cada uno, también tienen que cumplir una serie de “medidas de satisfacción”. Este apartado es quizá el más llamativo.
Según el comunicado de la Cicig, los nueve empresarios deberán ofrecer “una disculpa pública a la población guatemalteca por el delito cometido y el daño causado, garantizando que no lo volverán a cometer”. No vale cualquier medio. Tendrá que ser uno “de circulación masiva”. Todo, según el organismo, para restablecer la dignidad de la víctima, es decir, el Estado, a través del reconocimiento público y el perdón.
Fue la propia Cicig, junto con la Fiscalía de Guatemala, las que revelaron en julio de 2017 la red de sobornos cuando Sinibaldi estaba al frente del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien terminó renunciando a la Presidencia unos días antes de que lo destituyeran también por corrupción en 2015.
“Se identificaron empresas de cartón que –por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos”, dijo entonces la Cicig.
“Se identificaron empresas de cartón que facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos”
Por si fuera poco, los condenados también tendrán que colocar un cartel en el lugar de ejecución de la obra, “en el cual se establezca que la construcción es por cumplimiento de la condena”, precisa el comunicado.
A todo ello se suma una serie de medidas de “no repetición”, dirigidas a que el delito no vuelva a ocurrir, así como “superar las causas estructurales que facilitaron o permitieron la consecución del ilícito”, dice la Cicig, un ente creado en 2006 por un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para investigar a fondo los delitos de corrupción.
Para evitar que se repita este tipo de actos, las empresas en las que los condenados tienen participación deberán impulsar medidas de carácter preventivo, entre las que destaca un canal de denuncia anónima que permita a los empleados comunicar las irregularidades que detecten. En este sentido, la Cicig señala que deben contar con “un oficial de cumplimiento que actúe como una persona responsable de todo lo anterior con el fin de identificar, reportar, denunciar e implementar cualquier otra medida para evitar actos de corrupción, lavado de dinero y otros activos”.
Agrega que en un año tendrán que informar a la jueza y a la Procuraduría General de la Nación de las medidas puestas en marcha.
Y sí, los sentenciados tienen nombre y apellidos. Son Álvaro Mayorga, Juan Luis Tejada, José Luis Agüero, Raúl Alvarado Cuevas, Pedro Rocco, Allen Krebs, Rafael Díaz Fión, Rafael Díaz Samos y Jesús García Ibáñez.
“La población está satisfecha con lo que está pasando”
En Guatemala, hay tres expresidentes detenidos por corrupción: Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012) y Otto Pérez Molina (2012-2015). Portillo cumplió un año y medio de prisión en Estados Unidos tras declararse culpable del delito de lavado de dinero ante un tribunal de Nueva York, que le condenó a 70 meses de cárcel, según publicó el periódico El País.
A Colom, quien fue detenido el pasado febrero, la Cicig y el Ministerio Público le acusan de orquestar un proceso fraudulento para sustraer del erario público 35 millones de dólares. Mientras, Pérez Molina está en prisión preventiva desde 2015, acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Su exvicepresidenta Roxana Baldetti se encuentra en una situación similar.
Estos hechos parecen contentar a los ciudadanos. “La mayoría de la población está satisfecha con lo que está pasando. Todo el mundo sabía que había mucha corrupción en todos los gobiernos, pero la impunidad estaba garantizada con la escasa o no actuación de las instituciones de investigación criminal y de justicia. Y, por lo menos, experimentar un periodo de la historia donde sí funciona eso, donde los poderosos tienen que rendir cuentas, yo creo que para la mayoría de la gente es una sensación de mucha satisfacción”, tal como manifestó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, ligada a Transparencia Internacional, al periódico El Tiempo.
