Rafael Alba (ALN).- La cesión de derechos de autor a las editoriales de los medios y la firma en exclusiva se han convertido en prácticas habituales. La SGAE es el campo de batalla favorito de todos los contendientes que han usado la institución sólo en su propio beneficio.
¿Recuerdan aquello de Spain is different? Sí, el famoso eslogan con el que las autoridades franquistas de la época promocionaban a este país en el exterior como destino turístico privilegiado allá por la década de los 70 del pasado siglo. Pues tal vez nos toque reconocer, aunque nos pese, que, para bien o para mal, esa vetusta frasecita ingeniosa, tal vez creada por algún joven creativo publicitario con melena, patillas y pantalones de campana, puede tener algo de cierto. Por eso, incluso en medio de un momento internacional marcado por los vientos financieros favorables para la próxima evolución a corto y medio plazo de la industria de la música global, por estos parajes hispanos, las peculiaridades de nuestro entorno corporativo, político y social, pueden dibujar un panorama algo distinto. Y, por supuesto, más desfavorable aún para los artistas, un colectivo que, quizá con alguna que otra excepción, puede quedarse al margen de todas las buenas noticias que hemos ido relatando aquí desde hace ya algunas semanas.
Desde hace unos años, los (y las) profesionales de la música en España sufren en sus carnes las consecuencias de una cruenta guerra corporativa, aderezada con una buena dosis de intervencionismo político e intereses creados, que enfrenta a unos cuantos grupos empresariales que, en principio, deberíamos calificar como consumidores y usuarios de los productos sonoros y que hacen negocio con su distribución. Una lucha a brazo partido en la que se cruzan las cuantías de las tarifas y el cobro de los derechos de autor y editoriales que, con independencia de otros asuntos espinosos que investiga la justicia, han destrozado la reputación y complicado el día a día de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), potente y, en mi opinión, necesaria institución que debería asegurar a los creadores unas retribuciones justas derivadas de la explotación comercial de su trabajo por terceros y que, lamentablemente, se ha convertido en otra cosa. En concreto, en uno de los escenarios más visibles de esa terrible batalla de la que les hablábamos antes.
Ni las televisiones, tanto públicas como privadas, ni las radios, ni las tres grandes discográficas globales, han podido conseguir lo que querían
Pero, seamos claros, esa división y esa fractura bien perceptibles en la junta directiva de la tristemente famosa sociedad de gestión son una consecuencia directa de lo que pasa. No el detonante de la crisis. La bronca viene de atrás y no tiene, por el momento, un ganador o unos ganadores claros. Ni las televisiones, tanto públicas como privadas, ni las radios, cuya cabeza visible en la pelea es el todopoderoso Grupo Prisa, ni las tres grandes discográficas globales (Universal, Sony y Warner), han podido conseguir lo que querían. O no del todo. Pero lo que sí podrían haber logrado, según algunas opiniones de personas relacionadas con el sector, es contribuir sustancialmente a la precarización y la ruina de compositores, arreglistas, instrumentistas y cantantes, hombres y mujeres que ya habían sufrido bastante con otros fenómenos atmosféricos desfavorables como el famoso y ya, afortunadamente, desaparecido IVA cultural, la dura crisis económica que devastó el bolsillo de su clientela (público, promotoras privadas y donantes de subvenciones públicas) y el suyo propio, y algunas otras miserias específicas del sector.
Artistas que cedieron derechos editoriales
Vayamos por partes. Aunque el dinero correspondiente a los derechos de autor, que abonan los usuarios del repertorio, han sido siempre una fuente de ingresos notable para las empresas y los trabajadores del sector cultural español, el fuerte descenso registrado en otras partidas, como la venta de discos o los cachés, por ejemplo, les otorgó una importancia aún mayor en los recientes tiempos de zozobra que no parecen haber acabado del todo (o al menos no para todos). De ahí que las cadenas de televisión privadas (ahora agrupadas en una especie de duopolio corporativo formado por Mediaset y Atresmedia, siempre metafóricamente hablando, por supuesto) decidieran crear sus propias editoriales musicales, para cobrar de vuelta una parte sustancial del dinero que pagaban a las sociedades de gestión -a la SGAE, fundamentalmente- por la utilización de las músicas y las canciones de sus asociados. Más de un par de cientos de millones de euros en los años buenos. Más o menos la mitad de los ingresos totales de la institución. La idea no era mala, desde un punto de vista empresarial, y tenía antecedentes obvios. Todas las discográficas cuentan con sus editoriales asociadas que suelen quedarse con un buen tanto por ciento de los artistas de sus sellos, a veces incluso con más del 50%. Y los artistas recién llegados no suelen tener otra opción que firmar este tipo de contratos. Una forma de actuar legal, pero quizá poco elegante, que también habrían copiado las televisiones. Quien quisiera que sus canciones se escuchen en la caja tonta, como quien quisiera grabar un disco, no tenía más remedio que pasar por el aro.
Sin embargo, según cuentan las crónicas, las malvadas televisiones no fueron las primeras en realizar este tipo de prácticas, más o menos dudosas. Mucho antes de que las teles empezaran a jugar a este juego, las radios ya habían puesto en marcha un esquema similar. En especial, según se cuenta, la todopoderosa Cadena 40, una de las radiofórmulas más emblemáticas de la Ser, la emisora del grupo Prisa. O eso era, al menos, por ejemplo, lo que aseguraba a El Mundo Teo Cardalda, tecladista de Golpes Bajos y Cómplices, dos grupos de gran éxito en los 80. En unas declaraciones a este diario Cardalda afirmó: “Yo le di la editorial de mis primeras canciones al Grupo Prisa a cambio de sonar en la ahora bazofia de Los 40 Principales”. Y, según él, eso mismo hicieron otros artistas punteros de la época como Los Secretos o Presuntos Implicados. Lo cierto es que hace un par de años, los responsables de Prisa, acuciados por las enormes deudas de la empresa, vendieron, por una cantidad no revelada, sus catálogos de canciones a BMG, una compañía del grupo Berstelmann. Y gracias a esa operación el público en general tuvo conocimiento de que las dos editoriales musicales de la compañía del diario El País (Nova y Lirics & Music) poseían los derechos de temas tan relevantes, y tan rentables, como Macarena de Los Del Río o A quién le importa de Alaska y Dinarama, por resaltar sólo dos de las tonadas más conocidas de este impresionante tesoro oculto.
Claro que lo que nunca, por lo menos que se sepa, sucedió en la radio, fue que aparecieran presuntas tramas delictivas como La Rueda. Un sistema investigado por la justicia que habrían puesto en marcha unos cuantos autores y unos cuantos ejecutivos de las teles, para sacar dinero de la emisión de música en los programas nocturnos. El negocio podría haber llegado a aportar más de 100 millones de euros a los implicados si los indicios se confirman finalmente. Y se habría realizado mediante el registro masivo de temas y arreglos originales falsos sobre toda clase de melodías, algunas de dominio público, como las compuestas en su día por Mozart, Schubert o Beethoven, entre otros. Los firmantes de las partituras, además, habrían sido testaferros, familiares de los implicados y otras personas físicas sin relación con el negocio musical ni las habilidades mínimas necesarias para realizar el tipo de trabajo cuya autoría se habían adjudicado.
La transparencia parece fuera de lugar
Un asunto turbio desde luego. La trama fue revelada en 2013 en un artículo publicado en el portal de internet Vertele por Ignacio Escolar, actual director de la publicación online progresista Eldiario.es, que se hacía eco de un informe elaborado por Coalición Autoral, un combativo grupo de autores que, al parecer, quiere acabar con la rueda y poner orden en la SGAE. Loable iniciativa, evidentemente. Escolar sabe mucho del negocio porque a finales de la década de los 90 formó parte de Meteosat, una banda de pop que grabó discos en Elefant, Universal y Warner, y dispuso de amplios presupuestos de grabación y promoción en estos sellos, según se explica en el portal especializado La Fonoteca. Pero que, lamentablemente, no obtuvieron el éxito comercial con el que contaban los cazatalentos y ejecutivos que les apoyaron. Por cierto que, al revelar todos los detalles de este presunto fraude, Escolar, quizá por desconocimiento, se abstuvo de explicar que uno de los socios principales de la firma MA Abogados, que trabajó en la denuncia, era el exministro del PP Ángel Acebes, implicado en alguna de las tramas de Bankia. Sí habló, en cambio, de José María Michavila, otro exministro de los gobiernos de José María Aznar. Pero prefirió presentarle como un “conocido abogado que defiende los intereses de muchos autores”, a explicar que fue el ministro de Justicia entre 2000 y 2004 y responsable de una dura reforma del Código Penal, muy criticada en los ambientes de izquierdas en los que este periodista se desenvuelve.
Una ensalada monumental como ven. En los últimos meses, además, el Grupo Prisa ha sido especialmente beligerante contra la nueva, cuestionada y quizá cuestionable, dirección de la SGAE que preside José Miguel Sastrón, tal vez por poco tiempo, porque tiene al 60% de los socios en contra y en octubre habrá elecciones. Sastrón es un compositor del Colegio de Pequeño Derecho,responsable del 80% de los ingresos de la institución, al que se acusa de haber trabajado con empresas implicadas en La Rueda. Como ruido de fondo de estas últimas escaramuzas quizá convendría reseñar la dura negociación planteada entre las cadenas de radio, agrupadas en la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y la sociedad de gestión por las tarifas de uso del repertorio, que estos últimos querrían aumentar entre un 20% y un 150%, según los casos concretos.
Algún articulista de El País, y algunos autores afines, hasta han pedido reiteradamente que el Ministerio de Cultura intervenga la institución. Esta facción, por cierto, parece haber contado con el apoyo de los representantes de las editoriales de las discográficas, quienes tras la caída de Teddy Bautista, por un breve tiempo, llegaron a controlar el consejo bajo las presidencias de Antón Reixa y José Luis Acosta, el tiempo suficiente para realizar un polémico reparto de los 100 millones de euros que se acumulaban en la partida del pendiente de identificar, unos derechos cobrados cuyos titulares se desconocían. Pero Sastrón logró hacerse con el poder y perdieron influencia. Incluso tres de sus representantes tuvieron que dejar la junta directiva por una sentencia en la que se señalaba que existía un conflicto de intereses que les impedía ejercer su labor. Quizá como respuesta las multinacionales han retirado su catálogo internacional de la SGAE, que incluye canciones de Bruce Springsteen, los Rolling Stones, Lady Gaga,Radiohead, Beyoncé, Led Zeppelin o Juanes. Aunque la medida no será efectiva hasta el próximo 1 de enero.
La SGAE debería asegurar a los creadores unas retribuciones justas derivadas de la explotación comercial de su trabajo
En medio de este intenso bombardeo corporativo que no cesa, los sufridos profesionales del sector musical se enfrentan a una realidad terrible. Porque, desde su punto de vista, no hay casi diferencias entre los bandos enfrentados. Ya trabajen con las teles, las radios o las discográficas, la cesión de los derechos es una condición sine qua non y, por lo tanto, también resulta obligatorio sufrir la inevitable pérdida de ingresos que esta práctica acarrea. Además, las televisiones no programan, prácticamente nunca, música que no haya sido publicada por sus editoriales propias. Ni siquiera existe un programa de novedades musicales en RTVE, como había sido habitual hasta que empezaron las hostilidades que hemos descrito aquí. Sólo quedan esos concursos de talentos que todos ustedes conocen y sobre los que también les he hablado ya.
Y, por supuesto, sonar en la radio o tener una mínima visibilidad en las plataformas de streaming es otro imposible. Estos parecen ser los territorios de las tres grandes discográficas, sus editoriales y sus aliados. O eso podría desprenderse de algunos datos objetivos. Por ejemplo, de este: En la lista de las 50 canciones más radiadas que publica Promusicae, la patronal de las discográficas españolas, correspondiente al 16 de agosto de 2018 (la última disponible antes del cierre de esta edición) 21 corresponden a artistas de Universal, 15 a artistas de Sony, 14 a artistas de Warner, dos de ellas compartidas con la competencia (una con Universal y otra con Sony). Sólo hay dos temas que se salen de la norma. Uno es Spinning over you de Reyko, editado por Mushroom Pillow. Y el otro es Quiero darte de Fredi Leis. Una canción editada por el sello Sin Anestesia, que pertenece aRLM, empresa de management del Grupo Prisa. ¿Cómo lo ven?
