Antonio José Chinchetru (ALN).- Las huelgas de taxistas contra la competencia de Uber y Cabify han creado grandes problemas a los viajeros que llegan a los principales aeropuertos y estaciones de tren de España. En opinión del economista Emilio González, esto daña fuertemente la economía del país pues afecta de forma directa al sector turístico, que aporta 12% del PIB. Los taxistas exigen una mayor regulación del trabajo de los profesionales con licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), mientras que estos últimos denuncian las agresiones que han sufrido en los últimos días.
En los aeropuertos españoles más importantes, así como en muchas estaciones ferroviarias, miles de viajeros se encuentran estos días con problemas para llegar a su destino final. Una vez bajados del avión o del tren, se enfrentan con que no hay taxis disponibles por una huelga del sector. Además, el fin de semana en Barcelona tampoco pudieron recurrir a los servicios de Uber y Cabify, que decidieron cesar temporalmente la actividad en la ciudad por los ataques sufridos contra algunos de sus vehículos.
La huelga de taxis comenzó la semana pasada en Barcelona después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspendió de forma cautelar un reglamento con el que el Ayuntamiento pretendía restringir la actividad de los profesionales con licencias de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC). Con estas autorizaciones de actividad funcionan los coches afiliados a las plataformas online Uber y Cabify. La norma municipal quería imponer la necesidad de una segunda licencia otorgada por el Consistorio. El objetivo era rebajar de 1.035 a 400 las licencias VTC activas en la capital catalana. Ahora, el conflicto se ha extendido por toda España.
Emilio González: “La imagen que estamos dando de salvajada, de colapso en los aeropuertos y estaciones, desincentiva la llegada de turistas”
Emilio González, profesor de Economía en Icade-Universidad Pontificia de Comillas, alertó en declaraciones a ALnavío sobre las consecuencias negativas que puede tener la situación para la economía española. “12% de nuestro Producto Interior Bruto deriva directa o indirectamente del turismo. Este es, además, un sector intensivo en empleo. La imagen que estamos dando de salvajada, de colapso en los aeropuertos y estaciones, desincentiva la llegada de turistas”, señaló.
En opinión de este economista, la regulación actual no permite que los taxistas compitan con tarifas frente a las VTC. Recuerda, por ejemplo, que en Madrid el precio desde el centro de la ciudad al aeropuerto está fijado en 30 euros por las autoridades. Frente a esto, apunta, hay anuncios de Uber en los que se informa que con un código de descuento se puede llegar por sólo 15 euros. “La solución sería desregular tarifas y empezar a pensar en bajarlas en vez de subirlas”, señaló González.
La asociación Élite Taxi de Barcelona, una de las más activas, ha amenazado con bloquear los accesos al puerto de la ciudad. Esto crearía fuertes trastornos en muchos sectores de actividad, que necesitan de esa infraestructura para el envío y la recepción de mercancía. “Es un tipo de bloqueo que no se puede permitir por este tipo de situaciones. Afecta porque genera incomodidades. El Gobierno debería imponerse porque el chantaje no se puede aceptar”, señaló González.
Competencia, en contra de restringir la actividad de las VTC
El recurso contra el reglamento municipal de Barcelona fue presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Desde la CNMC dijeron a ALnavío que actuaron de esta manera porque la normativa que quería aplicar el Ayuntamiento de Barcelona contenía “elementos que resultan restrictivos a la competencia y por ley es bastante dudoso que se pueda hacer”. Se refirieron concretamente a la necesidad de una doble licencia.
En España existen 9.366 licencias VTC y 65.276 de taxi
“Las licencias están reguladas a nivel nacional”, señalaron desde Competencia. Recordaron además que el ratio, corroborado por el Tribunal Supremo, es de una licencia VTC por cada 30 taxis existentes. Uno de los problemas es que antes de que se fijara esa proporción se concedieron muchas licencias de las que utilizan los conductores de Uber y Cabify. Según los datos del Ministerio de Fomento, en España existen 9.366 licencias VTC y 65.276 de taxi, con lo que el ratio real es de uno por cada 7.
Retirar las concedidas previamente a la limitación “crearía un perjuicio a quienes obtuvieron la licencia en su momento “, dijeron desde la CNMC. Este organismo recuerda, sin embargo, que los tribunales son los competentes para decidir si se retiran o no. “Es un asunto que ya está judicializado”, señaló el organismo, “con varios procesos en marcha”.
La CNMC seguirá adelante con el recurso presentado contra la norma barcelonesa por considerar que atenta contra la competencia. Perdería atribuciones para ello si, como reclaman las asociaciones de taxistas, el Gobierno aprueba un Real Decreto modificando la Ley de Transportes y cede a los ayuntamientos las decisiones sobre la materia. Desde Competencia recordaron que “nosotros estamos habilitados para impugnar normativa que tenga rango inferior a rango de Ley, como es un reglamento municipal, por ejemplo”.
Los taxistas exigen mayor legislación para la VTC
El responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Funes, dijo a Alnavío que “estamos pidiendo que se cumpla la ley y vamos a tirar adelante con todas las consecuencias”. Señaló que desde el sector “reclamamos que se suspendan temporalmente todas las autorizaciones VTC que sean necesarias” para alcanzar el ratio de 1 a 30 con las licencias de taxi.
Otra exigencia de las asociaciones de taxistas es que los coches VTC tengan que descansar en una base cuando no están llevando a un pasajero o dirigiéndose a recogerlo. “Siempre han tenido que volver a su base cuando no tenían servicios, el actual reglamento de transportes dice que no pueden deambular por las calles captando clientes, pero no dice dónde tienen que estar esperando. Queremos que se recupere la normativa que decía que tienen que estar en sus bases”, dijo Funes.
“También creemos que las competencias las deben tener las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Por temas medioambientales y de circulación, y por una competencia desleal que se está haciendo sobre un servicio público de interés general que es el taxi”, señaló. Según dijo a ALnavío, la postura de las asociaciones de taxistas es que son las administraciones regionales y municipales, y no la estatal, las que deben fijar el ratio entre VTC y taxis.
Para Funes, “el problema vino cuando se liberalizó el servicio de VTC en 2009, con los diferentes gobiernos del PP. Es la única actividad de transportes que no está regulada, a diferencia de autobuses, taxis y camiones”. Sostuvo que las tarifas reguladas de los taxis “dan una protección al usuario, como dice el Tribunal Supremo en una sentencia del 4 de junio de 2018”. En su opinión, “los precios libres son una desprotección para los usuarios”, si bien no defendió que se fijen desde la Administración las tarifas de Uber y Cabify.
José Miguel Funes: “El taxi no es caro para el servicio que estamos dando. El gasto de la actividad es elevadísimo”
Acusó a estas plataformas de ofrecer “precios a pérdidas” porque “lo que buscan es acabar con los taxis y hacerse con el transporte urbano”. Si eso ocurre, afirma, encarecerán sus tarifas. Criticó además que, “como están sometidas a la oferta y la demanda”, en ocasiones son más caras que las del sector al que él representa. En opinión de Funes, “el taxi no es caro para el servicio que estamos dando. El gasto de la actividad es elevadísimo, no podemos trabajar gratis”.
En estos momentos resulta complicado hablar con representantes de Uber y Cabify. Estas compañías se remiten a lo que dicen los comunicados de la patronal en la que están integradas, Unauto. Esta organización emitió una nota el sábado en la que pedía al gobierno de Pedro Sánchez que “no ceda al chantaje de los violentos que no han dudado en poner en riesgo a los ciudadanos para proteger su monopolio”.
Se refería a los ataques sufridos por varios vehículos con licencia VTC en Barcelona (en ocasiones con el conductor y pasajeros dentro), que han sido grabados y difundidos a través de redes sociales. En uno de ellos, incluso, se ve cómo un grupo de personas llega a volcar un coche. Unauto informó este lunes en Twitter que les han presentado denuncias por más de 100 coches con daños.
El responsable de comunicación de la Federación Profesional del Taxi condenó estos ataques y dijo que “no se puede culpar a todo un sector por lo que hagan unos pocos vándalos”. Funes sostuvo que se trata de “hechos aislados” y añadió que en ocasiones los ataques no son obra de taxistas sino de grupos antiturismo de Barcelona.
El conflicto abierto en España afecta a no pocos latinoamericanos. Muchos conductores de Uber y Cabify son inmigrantes llegados de diversos países latinoamericanos que decidieron dedicarse a esta actividad. El responsable de comunicación de Uber, Yuri Fernández, dijo a ALnavío que saben que es así, pero que no tienen datos concretos sobre el abanico de nacionalidades entre los profesionales que trabajan con ellos.
Además, tanto Uber como Cabify cuentan con inversores de América Latina. La segunda de estas compañías finalizó en enero de este año una ronda de financiación con la que captó 160 millones de dólares. La firma anunció que entre quienes habían entrado figuraban fondos latinoamericanos, pero no precisó cuáles. La mayor compañía en apostar por Cabify fue la japonesa Rakuten Capital.
