(EFE).- La Fiscalía anunció este miércoles que Venezuela recibió a un connacional extraditado desde El Salvador, a quien la institución identificó como Richard Billings Cardozo Urribarri y acusa de ser el «autor material» de un asesinato en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).
A través de Instagram, el fiscal general, Tarek William Saab, vinculó a Cardozo como integrante del grupo estructurado de delincuencia ‘El Yiyi’, quien -añadió- participó en el asesinato de una persona el 18 de febrero de 2023, un hecho en el que otras tres resultaron heridas.
Saab agregó que Cardozo fue detenido gracias a la alerta roja por los delitos de «asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, obstrucción de la libertad de comercio, terrorismo, homicidio intencional calificado por motivos fútiles y extorsión agravada».
El fiscal general celebró la extradición como un «triunfo» y aseguró que lucha por «mantener activa» la cooperación penal internacional «sea cual sea la situación de las relaciones con otros países».
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El pasado 22 de marzo, Saab anunció que El Salvador aprobó, como parte del inicio de una cooperación penal, la extradición de Cardozo, involucrado en un tiroteo contra un comercio en Maracaibo, capital de Zulia.
La extradición se da en medio de tensiones entre Venezuela y El Salvador, luego de que el Gobierno de Estados Unidos deportara hasta el país centroamericano a más de 200 migrantes venezolanos acusados de ser presuntamente integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, que nació en una cárcel de la nación caribeña.
El lunes, Saab dijo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es «un violador serial de derechos humanos», luego de que el mandatario ofreciera a Nicolás Maduro repatriar a los 252 venezolanos deportados por EE.UU. a cambio de la liberación de los considerados presos políticos en Venezuela.
La Administración de Maduro envió este martes una carta a la Cancillería de El Salvador, en la que indicó que la propuesta, que calificó de «canje ilegal» y «moralmente inadmisible», pretende condicionar la liberación de «personas inocentes a un intercambio por ciudadanos privados de libertad en Venezuela por causas completamente ajenas (comisión de terribles hechos punibles), sin fundamento jurídico ni ético».
