(EFE).- La Fiscalía Anticorrupción española investiga un contrato para la compra de mascarillas chinas al inicio de la pandemia que la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con el hermano de la presidenta regional, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, y que desencadenó una grave crisis en el Partido Popular.
Se trata del contrato que el presidente del PP, Pablo Casado, sacó a la luz la pasada semana como presunto caso de corrupción y que Ayuso denunció como un caso de espionaje urdido desde su partido para socavar su carrera política.
La Fiscalía decidió este martes la investigación tras las denuncias presentadas el pasado viernes por los grupos parlamentarios de la izquierda en el Parlamento regional «apreciando en los hechos una especial trascendencia».
Más Madrid, el partido socialista (PSOE) y Unidas Podemos presentaron tres denuncias para que la Fiscalía investigue el contrato relacionado con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta, a través de la empresa Priviet Sportive, dirigida por un amigo de los hermanos.
Tomás Díaz Ayuso habría cobrado 55.000 euros (más de 60.000 dólares) por «gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid», según comunicó la presidenta madrileña, pero la oposición pide explicaciones por otros contratos de su hermano también relacionados con el Gobierno regional.
Crisis en el PP
La denuncia pública de este posible caso de corrupción desembocó en una grave crisis en el principal partido de la oposición en España, con una guerra abierta entre Casado, que mostró su dudas sobre la legalidad y la ética de esa operación, y la presidenta madrileña, que lo acusó de haberla espiado para tratar de encontrar algo negativo con lo que atacarla para evitar que se convierta en la líder del PP en la Comunidad de Madrid.
La tensión ha llegado a tal grado que está en el aire el liderazgo de Casado, cuestionado por la mayoría de los líderes regionales, por parte del grupo parlamentario en la Cámara Baja y por la militancia, que piden su dimisión y la convocatoria de un congreso extraordinario del partido por la mala gestión que ha hecho de este asunto.
La crisis también ha salpicado al Ayuntamiento de Madrid, ya que el posible espionaje habría partido de una empresa municipal madrileña y ha provocado que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, anuncie hoy una comisión de investigación sobre el asunto, a la vez que ha dimitido como portavoz nacional del PP, cargo que compatibilizaba con el de cabeza del consistorio.
