Juan Francisco Alonso (ALN).- La decisión representa un hito histórico, pues pese a que a lo largo de 16 años de existencia el juzgado con sede en La Haya ha recibido al menos media docena de denuncias relacionadas con Venezuela, hasta ahora ninguna había sido tomada en serio por el organismo encargado de sancionar crímenes como la tortura y el genocidio.
Nicolás Maduro está hoy un paso más cerca de terminar como Jean Pierre Bemba, exvicepresidente de la República Democrática del Congo, quien en 2016 fue condenado por la Corte Penal Internacional a 18 años de cárcel por cometer crímenes de lesa humanidad contra los habitantes del otrora Zaire. ¿La razón? La Fiscal del juzgado con sede en La Haya, Fatou Bensouda, anunció que revisará las denuncias que ha recibido en los últimos meses sobre los abusos que el mandatario venezolano y cuatro jerarcas militares habrían ordenado para poner fin a la ola de protestas que sacudió el país caribeño entre abril y julio de 2017.
La abogada gambiana sorprendió hoy a propios y extraños al anunciar que abriría un “examen preliminar” sobre la situación de Venezuela que analizará los crímenes presuntamente cometidos en este país al menos desde abril del año pasado. 130 personas murieron durante la represión a las protestas, el 20% por responsabilidad directa de policías y militares; y unas 5.000 fueron detenidas.
“Se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención”, afirmó Bensouda.
La Fiscal de La Haya sorprendió al anunciar que abriría un “examen preliminar” sobre la situación de Venezuela que analizará los crímenes presuntamente cometidos al menos desde abril de 2017
En noviembre del año pasado la fiscal general removida por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz, acusó a Maduro y a los ministros de la Defensa e Interior, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol; al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López; y al excomandante de la Guardia Nacional (policía militarizada), Antonio Benavides, de haber planificado y ordenado homicidios, torturas, detenciones masivas y arbitrarias contra manifestantes desarmados (Leer más: Luisa Ortega Díaz pidió a La Haya que ordene la captura de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad).
Semanas antes la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró una serie de audiencias públicas para analizar la situación en el país y determinar si había motivos o no para acudir a La Haya a denunciar a las autoridades.
Sin precedentes
Aunque Bensouda se apresuró a aclarar que su decisión no implica una investigación como tal, sino “un proceso por el cual se examina la información disponible para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación de conformidad con los criterios establecidos por el Estatuto de Roma”, esta no tiene precedentes en el caso venezolano.
Desde que en julio de 2002 la primera reserva petrolera del mundo quedó sometida a la jurisdicción de la Corte, esa instancia ha recibido al menos seis denuncias contra el fallecido Hugo Chávez y su sucesor, pero ninguna fue tomada en consideración. La primera fue interpuesta por los ahora directores del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, por los sucesos del 11 de abril de 2002 (cuando fue reprimida una protesta que pedía la renuncia de Hugo Chávez con saldo de docenas de heridos y al menos 20 muertos) y por la persecución política sufrida por quienes participaron en el paro petrolero de 2002-2003 o firmaron a favor del referendo revocatorio presidencial de 2004.
Antes de que Ortega Díaz presentara su escrito un grupo de senadores colombianos y chilenos presentaron otro contra Maduro por tortura y segregación.
El examen preliminar es el paso previo que toma la Fiscalía de la Corte para decidir si abre una investigación formal o no contra un Estado, contra una individualidad o un grupo de personas. El reglamento del juzgado no fija un lapso para esta etapa, pero en el marco de ella el despacho de Bensouda podrá solicitar más información a los denunciantes o requerirla ella al Estado si lo considera pertinente.
Venezuela se suma así a Colombia y Honduras, países sobre los que los investigadores del Tribunal de La Haya tienen abiertos expedientes. El primero por los crímenes que las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y el Ejército y policía colombianas han cometido contra la población civil; y el segundo por los crímenes que se han cometido desde el derrocamiento de Manuel Zelaya en 2009.
En sus 16 años de existencia la Corte se ha enfocado en África, lo cual le ha valido las críticas de no pocos sectores por no prestar atención a lo que ocurre en otras latitudes
Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no ha presentado a los magistrados ningún caso relacionado con América Latina. En sus 16 años de existencia la Corte se ha enfocado en África, lo cual le ha valido las críticas de no pocos sectores por no prestar atención a lo que ocurre en otras latitudes.
Pese a esta situación fuentes cercanas a Ortega Díaz se muestran confiadas en que el caso venezolano no terminará en una gaveta. “Los crímenes son muy graves, están bien documentados en decenas de cajas donde hay miles de pruebas. Además el mundo está al tanto de lo que está ocurriendo”, dijo el confidente.
Por su parte, la abogado Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, organización que se encarga de monitorear a las Fuerzas Armadas venezolanas, consideró que la decisión es importante, porque “mete presión al sector que hoy sostiene a la revolución bolivariana: los militares”.
