Pedro Benítez (ALN).- La tormenta política que ha rodeado el fin de la Administración de Donald Trump y la lucha contra la pandemia han hecho pasar a un segundo plano el mayor fracaso de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en décadas. A menos de tres meses de haberle capturado en la ciudad de Los Angeles bajo la acusación de narcotráfico, el exsecretario de la Defensa de México, general Salvador Cienfuegos, fue primero puesto en libertad a solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y luego exonerado de todos los cargos en su contra por parte de la Fiscalía General de su país. Contra el poder político la DEA ha topado.
La exoneración por parte de la Fiscalía General de México de todos los cargos por narcotráfico que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le había imputado el año pasado al exsecretario de la Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos, es el mayor descalabro que en los últimos tiempos ha recibido la famosa Agencia de Control de Drogas de este país (DEA), creada en 1973 durante la presidencia de Richard Nixon.
Además, este caso será, según todos los entendidos, un parteaguas en la relación entre los dos países más poblados de Norteamérica y, tal vez, un hecho que marque el resto del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
La sorprendente velocidad con que se desarrolló este proceso judicial a ambos lados de la frontera, luego de una investigación que según la DEA se venía llevando a cabo desde 2013, pone en entredicho toda la estrategia de guerra contra las drogas que desde hace décadas se viene impulsando desde Estados Unidos.
El pasado 15 de octubre agentes de la DEA arrestaron en el aeropuerto internacional de Los Angeles a este general retirado de cuatro estrellas del Ejército mexicano, quien durante todo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) fue nada más, y nada menos, que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de ese país. Su captura, no podía ser de otra manera, sacudió todo el sistema político mexicano.
Al día siguiente, con las evidencias que presuntamente tenían la DEA y el Departamento de Justicia, el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York le imputó cuatro cargos por haber recibido sobornos de parte de un cartel que operaba entre los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa, y las ciudades estadounidenses de Los Angeles, Las Vegas y Nueva York, mientras ejerció su alta responsabilidad.
La acusación formal contra el general Cienfuegos y la forma en que la DEA procedió (sin informar a las autoridades mexicanas) venían a ratificar la sospecha generalizada dentro y fuera de México según la cual el narcotráfico habría penetrado las más altas esferas del Estado, en este caso en concreto al mismísimo Ejército, pieza clave en el combate contra el tráfico ilícito de estupefacientes.
De ahí en adelante cualquier cosa era posible. Ya no cabía duda de que con 128 millones de habitantes el principal vecino de Estados Unidos estaba controlado de una u otra manera por el narcotráfico.
La reacción inicial del presidente López Obrador fue la de responsabilizar a la “corrupción neoliberal” de los gobiernos que le antecedieron. Después de todo el general Cienfuegos no era funcionario suyo.
Por otra parte, el presidente mexicano había sido tomado por sorpresa ante la acción de su vecino del norte, con el que se había esforzado en tener las mejores relaciones posibles. En julio AMLO, olvidando los agravios pasados, había visitado a Donald Trump en la Casa Blanca, en lo que se interpretó como un respaldo político a este en plena campaña electoral estadounidense.
Pero 24 horas después López Obrador dio un giro de 180 grados a su declaración inicial y pasó a defender la honorabilidad del Ejército de su país y a cuestionar a la DEA.
La razón era evidente: si el mando militar más importante de México entre 2012 y 2013 está incurso en narcotráfico, toda la alta oficialidad actual también está bajo sospecha de complicidad. El general Cienfuegos fue el superior jerárquico de todos los jefes militares ahora al servicio de AMLO. Este, además, le venía dando responsabilidades y protagonismo al Ejército como no lo había hecho ningún otro presidente mexicano en más de medio siglo.
Lluvia de críticas
La siguiente sorpresa vino un mes y dos días después. El 17 de noviembre el Departamento de Justicia, por órdenes del fiscal general William Barr, le solicitó al Tribunal de Nueva York desestimar todos los cargos contra el general Cienfuegos, como parte de un acuerdo con la Fiscalía de México alegando razones de política exterior.
El Departamento de Justicia insistía en tener evidencias contra el militar, pero como parte del acuerdo el caso podría continuar en México. Así el general Cienfuegos quedó inmediatamente en libertad y regresó a su país, donde se le informó que estaba bajo investigación.
Sin embargo, esta nueva investigación no duró ni dos meses porque la tercera sorpresa ocurrió el pasado viernes 15 de enero. La Fiscalía mexicana “determinó no ejercer acción penal” contra el general al no encontrar, según se informó, evidencia alguna en su contra. Caso cerrado.
Inmediatamente la vieja sospecha de la impunidad recorrió todo México. Sin embargo, López Obrador salió a defender rápidamente la decisión de la Fiscalía, insistiendo en cuestionar a la DEA, y la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo públicas, “en cumplimiento de la instrucción presidencial”, las 751 páginas del expediente completo del caso con la intención de exculpar al general.
No obstante, esto no ha impedido la lluvia de críticas en su contra. Del Departamento de Justicia de EEUU, en las que su vocero dijo estar “profundamente decepcionado” (aunque desde allí se solicitó su liberación inicial). También, y por primera vez, desde su propio bando político en México. Al final del día AMLO está haciendo lo mismo que se le ha criticado a la mayoría de los presidentes mexicanos: encubrir a las administraciones anteriores.
Pero es probable que López Obrador no tenga otra opción, pues lo contrario es arriesgarse a desestabilizar a un sector clave del Estado mexicano. De modo que aunque el general Cienfuegos sea inocente (nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario), jamás se podrá saber la verdad de este caso porque nunca se le investigará, alimentando con ello la impunidad real o aparente que impregna a todo México.
Esta es otra de las consecuencias colaterales de la guerra contra las drogas, una estrategia que pese a los 2.500 millones de dólares anuales de presupuesto de la DEA no ha podido evitar que los narcóticos sigan ingresando a territorio de Estados Unidos, mientras este tráfico ilegal sigue alimentando la inestabilidad de su vecino.
