(EFE).- La economía de Venezuela crecerá un 9,9 % el próximo año respecto a 2023 si se levantan las sanciones internacionales que pesan sobre la nación, dijo a EFE el economista Luis Arturo Bárcenas, jefe de la firma de análisis financiero Ecoanalítica.
El experto explicó que el levantamiento de las también llamadas «medidas coercitivas unilaterales» se puede traducir en una «mayor producción petrolera», impulsada también por la «incorporación de otras» empresas energéticas, como la española Repsol y la italiana Eni, lo que, a su vez, significará «mayores ingresos» para la nación.
Ecoanalítica: «Menores sanciones también se traducirían en menores costos»
«Menores sanciones también se traducirían en menores costos para el sector privado, con menos fricciones para importar y para acceder a capitales privados foráneos, dado que no existiría el ‘over compliance’ (sobre cumplimiento)» de las medidas internacionales, dijo Bárcenas.
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En este sentido, agregó que el hecho de «no haber sanciones implicaría que los privados venezolanos puedan volver a acudir, o lo hagan en mayor medida, a la importación con socios» en Estados Unidos.
Sin embargo, si se mantiene el régimen de sanciones, entre ellas las aplicadas a la industria petrolera venezolana, Ecoanalítica proyecta un crecimiento económico de 4,7 % el año próximo respecto a 2023.
Para este año, la firma prevé que el producto interno bruto (PIB) de la nación caribeña crezca un 1,7 % respecto a 2022.
Crecimiento «continuo»
El Gobierno venezolano aseguró recientemente que el país mantiene una senda de crecimiento económico «continuo de ocho trimestres», sin precisar el período, si bien cálculos independientes sostienen que el PIB se contrajo un 7 % en el primer semestre de este año en comparación con el mismo lapso de 2022.
El mandatario Nicolás Maduro ha insistido en que el levantamiento de las sanciones aceleraría la «recuperación integral» del país, por lo que reiteró su llamamiento a exigir el cese de las medidas coercitivas.
EE.UU. dijo en agosto que suavizará el régimen de sanciones sobre el sector petrolero venezolano, permitiendo que más empresas y países importen su crudo, si el Gobierno de Maduro realiza reformas que lleven a la celebración de elecciones «libres y justas».
