Pedro Benítez (ALN).- Represión policial y parapolicial por parte de civiles armados afectos al régimen orteguista. Elaborada campaña de desinformación para presentar como un conflicto político producto de la polarización y la intolerancia de los opositores, lo que en realidad es una cruda y brutal represión contra una movilización ciudadana desarmada. Daniel Ortega reedita en Nicaragua el guion represivo que Nicolás Maduro aplicó en Venezuela en 2017.
Carazo, Masaya, Rivas, Granada, León, Boaco y Matagalpa, la protesta popular no cesa en Nicaragua. Estos son sólo algunos de los 15 departamentos de ese país donde estudiantes y pobladores mantienen bloqueos de vías públicas y realizan todo tipo de movilizaciones demandando la salida del poder de Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo.
Por su parte, el gobierno de Ortega se ha dedicado no sólo a reprimir, sino además a deslegitimar la protesta popular por medio de la propaganda y empujando a confusas situaciones de violencia que en ocasiones no quedan del todo claras. Exactamente la misma táctica empleada por Nicolás Maduro contra las manifestaciones en su contra en Venezuela en 2014 y 2017.
La Policía Nacional dice que la crisis que vive Nicaragua ha sido causada por «pandillas» que han «surgido» desde el 18 de abril. Diversos sectores rechazan esta versión https://t.co/spfmEAvWu1
— La Prensa Nicaragua (@laprensa) 6 de junio de 2018
De hecho, en la cobertura que la televisora multiestatal de noticias con sede central en la ciudad de Caracas, Telesur, hace sobre las protestas en Nicaragua repite exactamente los mismos calificativos que se le daban a los manifestantes en Venezuela el año pasado: son de “derecha” y “violentos”. Una y otra vez.
Telesur se caracteriza por el enfoque político de izquierda de su línea editorial, propio de los gobiernos patrocinadores: Bolivia, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.
De modo que para efectos prácticos ese canal difunde la posición oficial del gobierno de Daniel Ortega sobre los sucesos de ese país, describiéndola como un conflicto entre dos facciones producto de la polarización política y no como la represión del Estado contra manifestantes desarmados, tal como lo han reportado periodistas y medios independientes dentro de Nicaragua, así como lo han denunciado el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio José Báez, y organizaciones defensoras de derechos humanos desde el inicio de la ola de protestas el 18 de abril pasado.
Pero el gobierno nicaragüense ha insistido en posicionar su relato, incluso repitiendo la coartada del supuesto “golpe suave contra Nicaragua”, tal como lo hizo el gobierno de Maduro el año pasado en Venezuela.
Al punto que, aprovechando la atención de la comunidad interamericana sobre Venezuela, se las ha arreglado para conseguir que la declaración “de apoyo al pueblo de Nicaragua” presentada por Estados Unidos y aprobada este martes en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condene y exija “el cese inmediato de los actos de violencia, intimidación y amenazas”, pero no mencione la responsabilidad del gobierno de Daniel Ortega en las 127 muertes en casi dos meses de protestas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (DIDH).
Esto declaración fue criticada por la directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas.
Este es el vergonzoso e irresponsable borrador de declaración de la @OEA_oficial sobre #SOSNicaragua. Los estados no pueden dejar de denunciar las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de Ortega, y la sistemática política de represión violenta pic.twitter.com/zdbM4cnTS0
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) 5 de junio de 2018
Paralelismos y diferencias
Además, hay otro paralelismo inquietante entre los casos de Nicaragua y Venezuela: en esta etapa de protestas grupos paramilitares afectos al orteguismo han creado un ambiente de inseguridad en varias ciudades de ese país dando rienda suelta a la delincuencia, particularmente en la capital, Managua, como lo ha venido reportando La Prensa, el más importante y antiguo medio impreso de Nicaragua.
Los ciudadanos sufren un “toque de queda” impuesto por delincuentes que operan en la oscuridad de la noche https://t.co/3EOyzub6Es
— La Prensa Nicaragua (@laprensa) 6 de junio de 2018
Esta estratagema es parecida a la aplicada desde hace años en muchas zonas urbanas y rurales de Venezuela, donde se ha fomentado la delincuencia común como mecanismo de control social y disuasión de la protesta política.
Por supuesto, entre los dos países hay importantes diferencias:
Con una población inferior a la de Venezuela, en Nicaragua han ocurrido más asesinatos como consecuencia de la represión, en menos tiempo.
Nicaragua tiene 6,2 millones de habitantes, comparados con los 30 millones de venezolanos. Según datos del Observatorio de Conflictividad Social en Venezuela ocurrieron 157 muertes violentas en los cuatro meses de manifestaciones del año pasado.
En Nicaragua, desde el pasado 18 de abril, menos de dos meses, van más de 120. Comparativamente hablando el nivel de represión ha sido mayor.
Este macabro saldo lo que ha hecho es deslegitimar al gobierno de Ortega ante muchos de sus propios conciudadanos que hasta el 18 de abril pasado daban como natural que su mandato constitucional culminara en 2021.
Ahora, en las numerosas protestas, lo señalan como dictador y exigen su salida del poder. Por el contrario las primeras manifestaciones no se planteaban esto, ni siquiera eran de carácter político.
Pero lo que empezó como una protesta contra el intento de reforma al financiamiento del sistema de pensiones derivó en multitudinarias movilizaciones demandando justicia por la cruenta represión.
De haber manejado el orden público de otra manera hoy nadie en Nicaragua estaría cuestionando la permanencia en el poder de Ortega.
¿Soberbia o estrategia? Puede decirse que Daniel Ortega se dejó arrastrar por sus instintos autoritarios. No obstante, luego de tres reelecciones presidenciales sucesivas y de haber puesto fuera de la ley a los partidos opositores más fuertes por medio de cuestionables maniobras institucionales, considera este el momento crítico para consolidar su continuidad. Por lo tanto está aplicando la misma lógica de Nicolás Maduro hace un año en Venezuela: quebrar la voluntad de lucha de la población por medio del cansancio y la represión.
