Pedro Benítez (ALN).- Los planes del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sufren un duro revés que afecta sus relaciones con Estados Unidos y la confianza absoluta que ha depositado en el Ejército del país para apoyar su gestión de gobierno. La detención del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de colaborar con el narcotráfico, constituye una sacudida que AMLO no puede ignorar. Y además, obliga a evaluar las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico.
Un sismo silencioso sacude todo el sistema político de México. El pasado 15 de octubre funcionarios de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detuvieron en el aeropuerto de la ciudad de Los Ángeles al general de cuatro estrellas del Ejército mexicano Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fue secretario de la Defensa Nacional durante los seis años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El tribunal federal del Distrito Este de Nueva York le imputa tres cargos por presuntos actos de narcotráfico y otro por lavado de dinero.
Según las acusaciones el general habría aceptado sobornos mientras estuvo al frente de la cúpula del Ejército, a cambio de colaborar con un pequeño pero violento grupo de narcotráfico que derivó del Cartel de los Beltrán Leyva, que operaba en los estados mexicanos de Nayarit y Sinaloa, y en las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas y Nueva York al norte de la frontera.
Nunca antes un jefe militar mexicano de tan alto nivel había sido acusado o detenido por participar en este tipo de actividades ilícitas. El general Cienfuegos Zepeda tiene un récord profesional impecable desde que en 1964 ingresó al Heroico Colegio Militar. Ocupó todos los rangos del Ejército mexicano, estuvo al frente de varias zonas militares y como titular de la Secretaría de la Defensa Nacional fue pieza clave en la estrategia de lucha contra el narcotráfico.
Las acusaciones han sido recibidas con cierta incredulidad por analistas mexicanos, pues no luce verosímil que quien fuera el máximo jerarca militar de las Fuerzas Armadas mexicanas se haya prestado a favorecer a un cartel de segundo orden por unos sobornos. Lo lógico sería, se alega, que él, con todo el poder a su disposición, hubiera sido el jefe de toda la operación.
En cualquier caso es un duro golpe a la credibilidad de la institucionalidad democrática mexicana, para sus fuerzas militares y para los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este, desde que llegó al poder en diciembre de 2018, ha involucrado al Ejército en todo tipo de actividades, desde la seguridad pública, pasando por la gestión de puertos, aeropuertos y ejecución de obras de infraestructura, hasta la asistencia social a la población más pobre.
Nunca desde 1946, cuando el general Manuel Ávila Camacho fuera el último militar en ocupar la presidencia de México, el Ejército había tenido tantas responsabilidades públicas en la vida diaria del país como las que le ha asignado AMLO. Ni siquiera durante los sucesos que culminaron en la Masacre de Tlatelolco en octubre de 1968, o durante la guerra sucia contra la insurgencia de izquierda en los años 70. Tampoco durante la peor etapa de la guerra contra el narcotráfico en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012).
Pese a ser un severo crítico de la gestión de Calderón, y de su estrategia para combatir el narco, López Obrador ha justificado las nuevas responsabilidades que le ha dado a los militares con el argumento de su honestidad y disciplina.
Pero las acusaciones contra el general Cienfuegos Zepeda extienden una sombra de duda sobre la institución. ¿Cuántos de sus colaboradores podrían haber estado involucrados en sus actividades y seguir aún activos? Y todavía peor: ¿Hasta qué niveles ha penetrado el narcotráfico el sistema político del país?
Al mismo tiempo que se ha apoyado en el Ejército para apuntalar su gestión pública, el izquierdista AMLO ha hecho todo lo posible por mantener unas relaciones fluidas con su homólogo en Washington, incluso apoyando abiertamente su política antimigratoria.
López Obrador ha aceptado militarizar no la frontera norte, sino la de Guatemala en el sur, para evitar que los migrantes que vienen de Centroamérica crucen México rumbo a Estados Unidos. Su visita a Donald Trump en julio pasado, justo al tomar calor la campaña presidencial en Estados Unidos, lució como un gesto innecesario para diversos observadores en México, en particular cuando es obvio que en el país se apuesta por que sea Joe Biden el próximo inquilino en la Casa Blanca.
Duro revés para los planes de López Obrador
Pero al parecer nada de esto es suficiente para ganarse la buena fe de una agencia tan poderosa dentro del gobierno estadounidense como la DEA. Esta podría tener en estos momentos, según señalan diversas fuentes en ambos lados de la frontera, una lista en la que figuran otros militares mexicanos de alto rango a los que se podría solicitar la extradición en las próximas semanas o meses.
Según admitió el propio López Obrador, se enteró de la captura del general Cienfuegos Zepeda el mismo día. Diversos analistas mexicanos consideran que esto es una señal muy clara de que la DEA perdió la confianza en las autoridades del país vecino como consecuencia del frustrado operativo por el que se intentó detener y extraditar al hijo del Chapo Guzmán el 17 de octubre de 2019. En esa oportunidad el presidente López Obrador dio la orden directa de liberarlo “por razones humanitarias”.
Su estrategia de combatir el narco con “abrazos, no balazos”, no ha dado resultados en disminuir los índices de homicidios provocados por los continuos enfrentamientos entre carteles, y además choca con la estrategia de la DEA.
En una de sus conferencias matutinas, López Obrador ha defendido, como le corresponde, la honorabilidad del Ejército y la Marina de su país. Pero ha atribuido la situación en torno al general detenido a una “muestra inequívoca de la descomposición del régimen neoliberal, la peste que tanto daño ha hecho al país”.
Este diagnóstico puede ser sincero, pero al mismo tiempo bastante ingenuo, y pone de manifiesto su incomprensión de la magnitud del problema que el narcotráfico implica para México. En esto, por cierto, no está solo. A juzgar por los resultados, del otro lado de la frontera su poderoso vecino tampoco ha dado con el diagnóstico adecuado y, en consecuencia, tampoco con la solución al tráfico de drogas y a la violencia que lo ha acompañado.
Los dos gobiernos mexicanos que precedieron al de AMLO hicieron todo (y un poco más) de lo que se les demandaba desde Estados Unidos para combatir el tráfico de estupefacientes.
Sin embargo, los resultados son francamente desalentadores. La estrategia estadounidense lo único que ha conseguido es contribuir a debilitar la institucionalidad de su vecino, de lejos el más importante por peso económico y demográfico.
Esta es la segunda vez, en menos de un año, que un exfuncionario de primera línea del gobierno mexicano es detenido por autoridades de EEUU y acusado de participar en el negocio ilícito de narcóticos. El caso anterior correspondió a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa.
A García Luna se le consideraba el “ideólogo” de la guerra contra los carteles que emprendió Calderón usando al Ejército mexicano. Una estrategia muy criticada a la que se le atribuye el espeluznante incremento en la cifra de homicidios, con 250.000 asesinatos durante esos años. Estrategia que al final no logró detener el tráfico de drogas a través de la frontera ni la violencia en el territorio mexicano.
García Luna, hoy detenido en Estados Unidos, fue considerado un funcionario de tanta confianza por parte de las agencias estadounidenses que al final de su gestión se fue a vivir tranquilamente a ese país.
Desde que en 1985 el gobierno de México aceptó colaborar con el de Estados Unidos en combatir el narcotráfico, este no ha dejado de crecer. Sin importar la gigantesca cuantía en recursos humanos y financieros invertidos. Atribuir el problema sólo a la corrupción mexicana es otro acto de ingenuidad e inútil superioridad moral. Mientras en Estados Unidos haya mercado para las drogas, estas seguirán fluyendo, de una u otra manera. Con o sin muro.
Por lo pronto, este nuevo capítulo de la guerra contra las drogas es un duro revés para los planes de López Obrador de transformar su país por medio de “la fortaleza moral” y el combate a la “decadencia neoliberal”.
